Tres años de prisión, trabajos forzados en la cárcel, suspensión de derechos y pago por supuestos daños que las autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, UNAH, nunca acreditaron, fue la condena que escondió por tres años la Sala Cuarta del Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, en contra de los estudiantes en ese momento, Cesario Padilla, Sergio Ulloa y Moisés Cáceres, condenados por el delito de detentación ilegal de bienes públicos, acciones impulsadas por la ex rectora Julieta Castellanos.
La abrogación de nuevo Código Penal den entrar en vigencia porque no fue sancionada ni vetada por el Ejcutivo y la Constitución ya establece que pasados 10 días debe procederse a su publicación en el Diario Oficial La Gaceta, señaló Jorge Cálix, diputado por el Partido Libertad y Refundación, LIBRE.
Diputados y diputadas de la oposición abrogaron el nuevo Código Penal por unanimidad de votos, en una sesión extraordinaria convocada este 24 de junio de 2020, por considerar esta legislación lesiva para toda la sociedad hondureña.
La entrada en vigor del nuevo Código Penal contribuye a la adversidad en la que las personas periodistas en Honduras desempeñan su trabajo y lesiona seriamente los derechos humanos de la sociedad hondureña, por esto, los suscribientes hacen un llamado al Congreso Nacional a realizar un proceso de suspensión, revisión y consulta antes de su publicación de manera transparente, incluyente con distintos sectores de la sociedad civil y de acuerdo a los más altos estándares internacionales en derechos humanos enfocados en la libertad de expresión, señalaron en un comunicado público este 08 de junio de 2020, varias organizaciones internacionales a tres semanas de que venza la vacatio legis de dicha legislación.
En el Nuevo Código Penal el artículo 499 elimina la pena de prisión y sólo deja la inhabilitación especial por un período de 3 a 6 años para los delitos contra la administración Pública, el Abuso de Autoridad y Violación a los Deberes de los Funcionarios, marcando más la brecha de corrupción de la corrupción.
El medio surge para ayudar a los periodistas, trabajadores de los medios de comunicación y los grupos vulnerables de Honduras (jóvenes, mujeres, indígenas y personas LGBTI) a ejercer su libertad de expresión y documentar los abusos de derechos humanos.