Dina Meza

Dina Meza

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras, OACNUDH y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, hicieron un llamado a las autoridades hondureñas para que garanticen el acceso efectivo e imparcial a la justicia en el juicio por el asesinato de Berta Cáceres, en un comunicado publicado este 01 de julio de 2021.

La Misión de Observación Calificada, que dio seguimiento al juicio oral y público contra David Castillo, uno de los responsables del crimen hacia Berta Cáceres, "constató que durante cerca de 50 días de audiencias,  se otorgó amplia posibilidad de respuesta a la defensa frente a la robusta presentación de pruebas de las acusaciones pública y privada, y espera que la independencia judicial prevalezca en la decisión final del Tribunal, que será emitida esta semana", según lo expresó esta red de organizaciones en un comunicado difundido este 30 de junio de 2021.

Largos 48 días de audiencias con más de 70 pruebas,  demostraron la culpabilidad de David Castillo, el involucramiento de la estructura directiva de la empresa hidroeléctrica  Desarrollos Energéticos, S.A , DESA, donde se evidencia la participación de la familia Atala Zablah junto a una red de sicarios integrada por militares, dejó al descubierto por medio de llamadas y mensajes, que el crimen contra Berta Cáceres, fue la conclusión de una serie de estrategias para detener la lucha de la Coordinadora General del COPINH y pretender establecer un proyecto de muerte a sangre y fuego contra la comunidad lenca de Río Blanco, así lo señaló el COPINH en un comunicado donde demanda una condena ejemplar.

El  caso de Berta Cáceres es un precedente que demuestra que hay un silencio de grandes corporaciones mediáticas debido a vínculos de interés común o comerciales,  que  violenta el derecho de información de la población que tiene que saber cómo opera la justicia y la corrupción, según lo manifestaron periodistas a pasosdeanimalgrande.com, este 10 de junio de 2021.

Han surgido indicios de complicidad criminal de otros actores en el hostigamiento de Berta Cáceres, COPINH y la comunidad de Rio Blanco, y en la planificación y logística del asesinato, en los chats y demás datos extraídos de los teléfonos de David Castillo y los demás involucrados que ya fueron condenados en meses anteriores, lo que  no era una novedad para el Ministerio Público que ha tenido la información desde el principio, pero se ha hecho de la vista gorda, según lo denunció la Misión de Observación Calificada, en un comunicado público este 01 de junio de 2021.

Ha quedado expuesto el servilismo que tiene el Estado con las élites del país, mismo que es conducido por funcionarios enemigos del pueblo y por eso persiste el desafío de defender los derechos de los más vulnerables, tener un sistema que imparta justicia por igual y asumir la protección de los bienes comunes y de la naturaleza”, expresó el Ismael Moreno -Padre Melo-, al referirse al juicio contra David Castillo, involucrado en el crimen de Berta Cáceres.

En la primera semana del juicio oral y público contra David Castillo, imputado como coactor del crimen contra Berta Cáceres, perfila no solo al criminal sino que vincula a otros actores y alumbra el camino para sentar las bases para alcanzar a los autores intelectuales del asesinato contra Berta Cáceres hace más de cinco años, señaló la acusación privada que lleva la representación de la familia y del COPINH.

La parte acusadora contra David Castillo anunció este 07 de abril de 2021,  el aporte de una nueva prueba la que considera importante por la relación empresarial que se desprende de la transferencia de más de un millón de dólares a la cuenta de la compañía representada por Castillo y que fuera girada por Daniel Atala, gerente financiero de la hidroeléctrica Desarrollos Energéticos, S.A, DESA, de acuerdo a Víctor Fernández, abogado del equipo legal, que representa a la familia de Berta Cáceres.

A menos de una semana para que inicie el juicio oral y público contra David Castillo, uno de los enjuiciados por el crimen contra  Berta Cáceres, lideresa indígena y Coordinadora General del COPIHN, el Juzgado de Ejecución de Francisco Morazán emitió orden de captura contra la diputada y ex comisionada de policía María Luisa Borjas, quien fue condenada a dos años y ocho meses de prisión, en un proceso por difamación y calumnias por haber leído un comunicado sobre la falta de investigación del asesinato de la defensora de la etnia lenca. El Comité de Solidaridad con Borjas realizó una conferencia de prensa donde exigió al Poder Juidicial abstenerse de ejecutar la orden de captura por estar viciada de ilegalidad.

El Consejo de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPINH, informó este 11 de mayo de 2020, que solicitó hace una semana ante el Ministerio Público requerimiento fiscal contra Daniel Atala Midence , a quien señala de haber participado en el crimen contra Berta Cáceres y esta organización también denunció  que el  retardo de justicia es por responsabilidad del  Fiscal General Oscar Chinchilla que se ha hecho de la vista gorda con pruebas contundentes que la familia de la defensora le entregó desde hace cuatro años.

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