Lunes, 20 Mayo 2024

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La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos,OACNUDH,Honduras, insta a las autoridades correspondientes a realizar las investigaciones pertinentes tendientes a identificar los responsables de los hechos violentos, sancionarles de acuerdo la ley y atender a las víctimas, en un comunicado emitido este 18 de julio de 2017.

Una versión no confirmada señala que Bertha Zúniga Cáceres fue víctima de un atentado junto a miembros del COPINH, sin embargo preocupa esta especie por el grado de impunidad en que se encuentra el crimen contra su madre la lideresa indígena Bertha Cáceres, en marzo de 2016.

En 10 días de junio han asesinado impunemente a 18 mujeres lo que se traduce en dos femicidios por día y han violado o abusado a tantas otras, seguro muchas más de las que nos imaginamos pues generalmente los abusos sexuales transcurren en el más absoluto silencio. Ni la Fiscalía de la Mujer, ni la Secretaría de Seguridad, ni la Agencia de Investigación Criminal, ni el Instituto Nacional de la Mujer, han dicho o hecho nada al respecto, señala un manifiesto del movimiento de mujeres y feministas de Honduras alrededor de los femicidios, publicado este 28 de junio de 2017.

La posición del Copinh (Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras) y de su coordinadora nacional Berta Cáceres, brutalmente asesinada hace casi 16 meses, ha sido siempre muy clara: hay que retirar cualquier tipo de financiamiento para el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, impulsado y cofinanciado por la empresa Desarrollos Energéticos SA (Desa), y donde están involucrados, entre otros, grupos económicos nacionales (Grupo Ficohsa), miembros de las Fuerzas Armadas y bancos internacionales como el holandés FMO, el finlandés Finnfund y el Banco Centroamericano de Integración Económica (Bcie).

Mientras la rectora de la UNAH, Julieta Castellanos continúa su campaña descalificadora de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos y del Comisionado Nacional de Derechos Humanos, CONADEH, ambos organismos recuerdan el mandato de cada uno de ellos para actuar en momentos de violaciones a derechos humanos, además demandan que en la universidad debe prevalecer el conocimiento sobre la promoción de los derechos humanos, la manifestación pacífica y un mecanismo de resolución de conflictos, según un comunicado emitido este 13 de junio de 2017.

La Universidad Nacional Autónoma de Honduras negó en un comunicado de prensa emitido este día que hayan solicitado infiltrar al movimiento estudiantil en julio de 2015 tal como lo declarara una agente de la ATIC ante la Sala Cuarta del Tribunal de Sentencia, el miércoles 07 de junio, en la última audiencia del juicio Oral y Público contra los estudiantes Cesario Padilla, Moisés Cáceres y Sergio Ulloa.

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos,(OACNUDH), en Honduras señaló en un comunicado emitido este 07 de junio de 2017 que  se encuentra alarmada por la condena emitida el 7 de junio por la Sala IV de la Corte Suprema de Justicia contra Moisés David Cáceres Velásquez, Sergio Luís Ulloa Rivera y Cesario Alejandro Félix Padilla, estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).

El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH), solicitó, a las autoridades hondureñas, para que se le brinde protección al camarógrafo  René Alberto Ortega, que labora para la Corporación Televicentro, luego de sufrir un atentado en el que resultó gravemente herido de varios impactos de bala.

 El día 10 de mayo será recordado como la fecha en que salió a luz pública la maniobra política que grupos de poder desde las esferas del Partido Nacional y desde Washington  han puesto en marcha para boicotear el trabajo de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH). El alcance de estos planes va dirigido a provocar un cambio de coordinación en la MACCIH y a desarmarle por completo en sus actuaciones.

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El medio surge para ayudar a los periodistas, trabajadores de los medios de comunicación y los grupos vulnerables de Honduras (jóvenes, mujeres, indígenas y personas LGBTI) a ejercer su libertad de expresión y documentar los abusos de derechos humanos.

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