“El Estado no quiere cumplir con el reintegro y nosotros no vamos a agarrar dinero, ellos lo que quieren es darnos una indemnización extra, ya la CorteIDH dijo que no era así, sino que ellos tienen que reintegrarnos”,  explicó la ex magistrada Tirza Flores Lanza.

Tres guardias de seguridad presentados como testigos protegidos mintieron ante el Juez sobre los hechos ocurridos el 24 de mayo pasado en el toma del edificio administrativo de la UNAH, el Ministerio Público además de esa irregularidad presentó entre las pruebas un video editado donde no aparecen todos los hechos ocurridos esa fecha y que contine datos importantes para determinar que los agenets armados nunca fueron sometidos por los estudiantes sino al contario, según los resultados de a Audiencia Inicial ocurrida este 22 de junio en el Juzgado de lo Penal de Francisco Morazán.

Una Comisión del Movimiento Estudiantil Universitario,(MEU), entregó este 19 de junio de 2017,  un documento a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras,(OACNUDH), solicitando la reinstalación de la Mesa Mediadora,  acompañamiento ante la CIDH para solicitar medidas cautelares  y la instalación de una comisión investigadores de todas las actuaciones de la rectora Julieta Castellanos y de sus allegados que ha provocado el rompimiento de los acuerdos suscritos en el año 2016, entre otros puntos.

El 11 de junio obtuvo su título universitario como licenciada en historia, Marta Alejandra Canales Silva, militante del Movimiento Estudiantil Universitario, (MEU), a quien las autoridades de la máxima Casa de Estudios le negaron la mención honorifica de excelencia académica en represalia por su  participación en la defensa de la educación pública.

 “Denunciamos que la seguridad privada contratada por las autoridades universitarias y pagada con fondos públicos, es uno de los instrumentos utilizados para generar vigilancia, intimidación, tortura psicológica y en general un clima de hostilidad y violencia en contra de la comunidad estudiantil”, señaló  la Coalición Contra la Impunidad y la Articulación 611, en una conferencia de prensa convocada este viernes 09 de junio de 2017, en respaldo a tres estudiantes condenados por el Tribunal de Sentencia y 20 nuevos procesados.

Una conspiración habría sido fraguada con la complicidad de las fuerzas de seguridad del Estado, estructuras paralelas y sicarios, supuestamente bajo el mando y la supervisión de Sergio Ramón Rodríguez Orellana, como facilitador de entrenamiento y logística del ex militar Mariano Díaz Chávez, según el abogado Víctor Fernández, quien representa a la familia de Berta Cáceres.

Dos presentadores de la corporación Televicentro fueron despedidos el año pasado, uno por criticar de manera jocosa los desaciertos del gobierno de Juan Orlando Hernández y el otro por sostener sus ideas, hoy uno de ellos rompió el silencio en el que mantuvo su retiro involuntario.