En conferencia de prensa en la capital de la República, Olivia Marcela, Bertha y Laura, en compañía de miembros del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, (COPINH), y de organizaciones internacionales de derechos humanos plantearon la  débil actuación de los operadores de justicia en torno a este caso,  así como la doble moral del Estado en pretender llevar a cabo la investigación mientras las empresas continúan operando en sus territorios, sembrando terror en sus pobladores y pobladoras.

Mediante un comunicado en conjunto, la familia Cáceres y COPINH exigieron la aplicación de las medidas cautelares, se firme un convenio de asistencia técnica entre el Estado y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, (CIDH), que sirva como plataforma para la instalación de un equipo de expertos independientes para que apoyen las acciones que realiza actualmente el Ministerio Público (MP).

Asimismo exigieron la cancelación de la concesión emitida a la compañía Desarrollos Energéticos S.A, (DESA), para el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca,  así como de todas las que hayan sido otorgadas para operar en territorio lenca, sin respetar el derecho a la consulta previa e informada, estipulada en el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, (OIT).

Familiar de defensor mexicano espera que se le brinde protección

Ante la situación que enfrenta coordinador de la Organización Otros Mundos de Chiapas, México, Gustavo Castro, quien se enfrenta a un proceso de estadía forzosa en nuestro país por 30 días, su hermano Oscar Castro narró cómo ha sido el actuar del sociólogo mientras es protegido por las autoridades mexicanas en territorio hondureño.

“Esperamos que la jueza que está en La Esperanza rectifique esta decisión que evita el regreso de Gustavo a su país con la familia. Estamos seguros que lo va a hacer porque él tiene derecho a estar con su familia”, sostuvo.

Cuestionó que el gobierno hondureño no tiene un mecanismo de defensores y por lo tanto Gustavo Castro en este momento se encuentra en calidad de testigo y se le brinda protección como tal, pero no se toma en cuenta su papel como defensor de derechos humanos y a su vez como víctima sobreviviente  de la brutal muerte contra la lideresa indígena.

“Nosotros queremos que el Estado de Honduras adopte para mi hermano las medidas de protección para la integridad física y psicológica. Nosotros como familia somos víctimas y abrazamos el dolor con las hijas de nuestra compañera”.

Reiteró la voluntad del sociólogo y luchador social para participar en el proceso de investigación que aporte resultados para que se dé con los responsables del asesinato de la defensora del territorio y sus recursos, asesinada el pasado jueves 03 de marzo, en horas de la madrugada.

Castro está en calidad de retenido al emitirle una alerta migratoria, lo que prolonga su estadía en territorio hondureño por 30 días más , lo que le impide regresar a su país y continuar colaborando con la investigación en curso.

Una hipótesis tendenciosa y condenable

Durante el proceso de lucha que libró hasta su asesinato Bertha Cáceres, una de las personas que le acompañó fue el abogado Víctor Fernández, quien en su participación en la conferencia de prensa condenó el papel de la prensa tradicional de minimizar su papel solo como ambientalista. “Es mucho más que eso y el reflejo de ello es todas las muestras de solidaridad  a nivel internacional”.

El también miembro del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, (MADJ), agregó que “el perfil de Bertha realmente era el de una luchadora social que lucha contra un modelo económico que tiene como base la extracción de los recursos naturales y en eso se centra la causa fundamental de su muerte”.

En la misma línea apuntó que ella –Bertha Cáceres- no es víctima de un hecho imprevisible, ella lo denunció en conjunto con su familia, su organización e incluso las organizaciones internacionales.

Ante esta situación que terminó en el violento crimen, mostró su preocupación sobre los términos en que se realiza la investigación, donde la principal hipótesis – casi la única- es que Bertha tenía conflictos internos en la organización.

Catalogó tal aseveración como condenable , con carácter tendencioso “y por eso lo denunciamos, entendemos que la investigación debe tener todas las hipótesis posibles, pero hay antecedentes inmediatos de amenazas hasta su asesinato  que debe ser tomadas en cuenta”.

¿Para quién trabaja el proceso investigativo el Ministerio Público?, se preguntó Fernández al cuestionar el hecho que a quien menos participación ha tenido durante lo que va de la investigación, son las víctimas, su familia cercana.

Estado obvia intereses que adversa un defensor cuando es asesinado

Marcia Aguiluz, directora del programa regional del Centro Por la Justicia y el Derecho Internacional , (CEJIL), enfatizó sobre la responsabilidad del Estado hondureño en el asesinato contra Cáceres, ya que hizo caso omiso a la adopción de medidas cautelares otorgadas por la CIDH en el año 2009.

“A todo el mundo le duele esta muerte, pero no es menos cierto que esta muerte pudo haberse evitado y el Estado en términos de derecho internacional tiene un grado de responsabilidad al no haber puesto a salvo la integridad física de Cáceres”, pormenorizó.

Desde CEJIL se muestran “altamente preocupados” al no agotarse las líneas de investigación vinculadas por el trabajo de defensa del territorio y de los recursos naturales que Bertha hacía. Las autoridades hondureñas ignoran que tanto la Comisión como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, (Corte IDH), establece que al ser asesinado un defensor de derechos humanos, la principal línea de investigación son los intereses que adversaba en el ejercicio de su labor.

Movilización permanente en demanda de justica y solidaridad

Desde la Plataforma del Movimiento Social y Popular se prevé realizar una jornada de movilizaciones permanentes en torno a la exigencia de justica para Bertha y la demanda histórica y social de los pueblos indígenas contra la instalación de proyectos que implantan la muerte en este país.

De igual forma, se tiene previsto la instalación de un Encuentro Internacional por la solidaridad en demanda de justicia para los primeros días del próximo mes de abril.

“Tenemos desde nuestra organizaciones y desde la familia Cáceres, cualquier cantidad de manifestaciones de solidaridad y concluimos en conjunto que es necesaria que se materialicen las mismas”, apuntó Víctor Fernández.

Este encuentro tendría entre sus líneas de acción la demanda de justica en torno al asesinato de la dirigente, la no persecución a la organización –el COPINH-  y no criminalización a la lucha emprendida por Berthita en defensa de los recursos naturales que vorazmente quieren quedarse y seguir pagando con sangre indígena en el país.

El legado de Bertha Cáceres, la madre, hija, compañera y luchadora social florece en los caudales de  la defensa de los derechos humanos, sin embargo, desde el Estado en conjunto con los medios de comunicación corporativos pretenden establecer una cortina de humo que silencie la verdadera razón de su asesinato, cuestión que las y los que conocieron y acompañaron su lucha no están dispuestos a permitir.