Aunque el auto del Juzgado de lo Civil tiene fecha dieciséis de diciembre de 2016, la citatoria le fue entregada a Martínez este martes 28 de febrero de 2017. La misma se da en un contexto de reformas penales que vendrán a criminalizar el libre pensamiento y el ejercicio periodístico con la aplicación del artículo 335B que junto a otros lesivos a los derechos humanos pretende poner un bozal a la libertad de expresión.
La utilización de las querellas penales o demandas civiles contra periodistas y defensoras de los derechos humanos se han puesto en marcha en los últimos años como una forma de amedrentamiento para quienes levantan la voz contra ilegalidades en Honduras.
El caso de Gladys Lanza es uno de ellos, ella fue querellada y condenada a un año y seis meses de prisión por haber acompañado a Lesbia Pacheco quien denunció acosa sexual y laboral contra el director de FUNDEVI, Juan Carlos Reyes. Lanza murió el año pasado esperando justicia, nunca fue respondida una casación a su favor donde se solicitaba que por irregularidades en todo el proceso se debía empezar de nuevo el juicio.
Suyapa Martínez integra no solo del CEM-H sino que es miembra de diferentes redes nacionales e internacionales de defensa de los derechos de las mujeres. Es una lideresa muy visible que habla directamente cuando se producen violaciones a los derechos de las mujeres.
Una de las constantes en estos casos es que primero hay mucho hostigamiento, vigilancia y amenazas y posteriormente vienen las querellas y otros procesos penales contra las personas que hablan de temas que afectan a grupos poderosos, en este caso de Suyapa Martínez no es la excepción.
El 03 de mayo de 2015 la Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, señaló que “recurrir a las herramientas penales para sancionar discursos especialmente protegidos no solo es una limitación directa de la libertad de expresión, sino que también puede considerarse como un método indirecto de restricción de la expresión por sus efectos amedrentadores, acalladores e inhibidores del libre flujo de ideas, opiniones e informaciones de toda índole. En este caso la Comisión estimó que, dada su gravedad y la censura que conlleva, la ejecución de la condena no solo impide el derecho a la libertad de expresión sino que tiene la capacidad de tornar ilusorio el ejercicio del derecho a expresarse y a difundir información sobre asuntos de interés público”.
El 05 de marzo de 2016 la familia de Bertha Cáceres dijo que “Responsabilizamos a la empresa y al proyecto Agua Zarca (…), porque ella (Berta Cáceres) siempre denunció amenazas sistemáticas por parte de esta empresa” Vea detalles Aquí
Vea la citatoria entregada a Suyapa Martínez:
Este proceso civil contra Suyapa Martínez y el CEM-H se da a pocas horas de que se cumpla un año del crimen contra Bertha Cáceres. Las primeras capturas se dieron en mayo de 2016 y fue la propia Agencia Técnica de Investigación Criminal, ATIC, que reveló que varios de los implicados son empleados o ex empleados de la Empresa DESA y miembros activos de las Fuerzas Armadas.
Esta acción hace suponer que la empresa valoró la presión internacional, la indignación nacional y en todo el mundo que hizo que diversos grupos de derechos humanos y organismos de protección de los derechos fundamentales se pronunciaran demandando justicia. Aún pasado un año del crimen esta presión continúa.
En la foto se puede leer quiénes son los primeros capturados por el crimen contra Bertha Cáceres.
Foto:elheraldo.hn
Aunque eso es un hecho, las investigaciones no han continuado y este hilo conductor no se ha seguido para capturar a los autores intelectuales del asesinato para que se les aplique el peso de la Ley.