Las acciones ante el sistema de justicia del país no funcionan para las comunidades afectadas, sus denuncias han sido cerradas y otras están engavetadas, lo que los deja en la total indefensión.

La investigación fue realizada por el  Centro Hondureño de Promoción para el Desarrollo Comunitario (CEPRODECH),la Fundación Parque Nacional Pico Bonito(FUPNAPID) y la  Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH).

Básicamente la investigación  es sobre los derechos humanos que son violentados por la “Compañía de Energía de San Francisco S.A (CONERSA) en el Rio Cuyamel que es la principal fuente de agua potable de San Francisco, dicha concesión empezó su aprobación en el año 2001, pero el Congreso Nacional le dio su visto bueno hasta el 2014.

La empresa CONERSA  se benefició del debilitamiento del marco normativo y de las irregularidades administrativas ocurridas, en contra de las exigencias de respetar los principios de derechos humanos internacionalmente reconocidos, según un informe denominado “Áreas protegidas y fuentes de agua en peligro”.

En las conclusiones del informe se destaca que se han realizado modificaciones regresivas del marco jurídico desde 2007, seguidas de importantes cambios reglamentarios después del golpe de Estado de 2009. Estas modificaciones han tenido como principal resultado el permitir la concesión de licencias ambientales en áreas protegidas, abriendo la puerta a la construcción de proyectos en estas áreas.

Asimismo se incautó un terreno adyacente al Río Cuyamel y se lo traspasó, de manera irregular al Cuarto Batallón de Infantería. El Ejército procedió a construir instalaciones militares en contra de la normatividad existente, poniendo en riesgo el derecho al agua.

La empresa se benefició del debilitamiento del marco normativo y de las irregularidades administrativas ocurridas, en contra de las exigencias de respetar los principios de derechos humanos internacionalmente reconocidos, independientemente del contexto nacional, tal como ha sido establecido en los Principios Rectores de Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos.

La presencia de este proyecto va en contra de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, debido a que se han adoptado regulaciones que limitan el acceso a la información de manera injustificada, al impedir el acceso a ciertos documentos del expediente de concesión de la licencia ambiental, fuente primaria de información para conocer las características del proyecto, para poder evaluar los potenciales impactos y proteger el derecho al agua.

También permitió la aprobación del proyecto a pesar de las irregularidades administrativas señaladas anteriormente, ya que no se convocaron las reuniones en las que las ONG y la población hubieran podido ejercer el rol de aprobación y control previsto por la reglamentación.

La información acerca de CONERSA es escasa y difícil de obtener, ya que su accionista principal GREEN Inc. está registrado en Panamá y sus representantes no aceptaron proporcionar información sobre sus propietarios efectivos.

La empresa habría presuntamente presentado documentos falsos a las autoridades en vista de obtener la licencia, intentando probar que la comunidad había manifestado su acuerdo con el proyecto, aún cuando ésta se pronunció reiteradas veces en su contra, mediante denuncias, declaraciones y manifestaciones públicas.

Para enfrentar las violaciones descritas anteriormente, los miembros de la comunidad, a través de las Juntas de Agua, hicieron denuncias ante diferentes instancias judiciales y administrativas. Estos procesos estuvieron marcados por la falta de investigación y demoras en los trámites.

De un total de nueve denuncias realizadas a nivel nacional ante distintas instancias, dos se encuentran aún en curso, tres han sido declaradas improcedentes, inadmisibles o han sido cerradas y en cuatro de ellas las investigaciones no han avanzado de manera significativa. Las demoras y dificultades de las numerosas solicitudes de la población contrastan con la emisión relativamente efectiva de la licencia ambiental y los contratos de operación.

El caso del proyecto hidroeléctrico Cuyamel II es un caso emblemático que alerta sobre las potenciales violaciones a los derechos humanos y al medioambiente que pueden ocurrir en el marco de otros proyectos, y encomienda a todos los actores relevantes que tomen medidas urgentes para proteger las áreas protegidas y fuentes de agua de Honduras.

Entre las recomendaciones que aborda el informe están que el Estado de Honduras debe revocar la licencia ambiental otorgada para el proyecto Cuyamel II, en vista de las violaciones y afectaciones reales y potenciales a los derechos humanos de las comunidades de San Francisco y al medioambiente;

Debe mejorarse la eficacia de la prevención, la investigación y el enjuiciamiento de todas las formas de agresión contra las personas defensoras de derechos humanos y reconocer la legitimidad de su labor;

Es necesario que se aborde e investiguen de manera exhaustiva las alegaciones de corrupción en el marco de las industrias extractivas, incluso a través de colaboración con la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH).

Vea el informe completo en este link