Este encuentro, que se realizó en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, se da en una coyuntura muy preocupante de ataques a personas defensoras del territorio que se oponen a la contaminación de los ríos o al desplazamiento de comunidades entera para despojarles de sus bienes naturales, entre ellos el agua.

El extractivismo destruye y genera violencia

Le atribuyen la responsabilidad del daño del bosque y las cuencas hidrográficas a estos proyectos de extracción, mismos que les ha traído consecuencias a las personas que luchan por la preservación del medio ambiente, entre éstas se encuentran las amenazas, persecución, desplazamientos, judializaciones, asesinatos y como el caso de la comunidad de Guapinol, el encarcelamiento de ocho ambientalistas.

Aunque en años anteriores organismos internacionales han mostrado su preocupación por la situación en el país como lo hizo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, el Estado sigue sin adoptar las recomendaciones.

 En agosto de 2018, la CIDH  observó que “el sometimiento de personas defensoras a largos procesos penales, en los que además se imponen medidas sustitutivas, tiene un efecto multiplicador de amedrentamiento que se extiende a quienes defienden causas similares”.

 Asimismo, la CIDH señaló  que el Estado de Honduras debe evitar que las autoridades o terceros manipulen el poder punitivo del Estado y sus órganos de justicia con el fin de hostigar a defensoras y defensores de derechos humanos. En este sentido, el Estado debe adoptar todas las medidas necesarias para evitar que mediante investigaciones judiciales se someta a juicios injustos o infundados a las defensoras y defensores de derechos humanos.

El integrante del Foro Nacional del Agua del Salvador, Regino Rodríguez, se refirió que  el encuentro de los pueblos unidos por el agua, tiene que ver con la vida de las personas de las comunidades de los territorios.

El defensor salvadoreño manifestó que “estamos en Honduras porque es un país que está siendo saqueado, expropiado de sus bienes naturales y porque la gente de la zona rural está sufriendo muchas injusticias por el tema ambiental”.

Rodríguez también denunció que su país está siendo afectado por los proyectos extractivistas que existen en Honduras, por ser una zona de recargo acuífera, por lo que  espera se tenga un vínculo con las comunidades entre los dos países centroamericanos.

La representante de Guapinol, Juana Zúniga, dijo que si la lucha se lleva de una forma colectiva, será más fácil para la defensa de sus territorios, sus fuentes de agua “y que se le devuelva al pueblo lo que les han robado estas empresas extractivas”.

El abogado independiente, Eddy Tabora, parte del equipo legal de los defensores encarcelados de Guapinol,  explicó que se espera con este encuentro que las comunidades que están sufriendo las embestidas del sistema por defender el agua, se organicen para hacer frente a nivel nacional.

Tabora mencionó  que “cada vez que un movimiento sale en defensa del agua, los ríos o los bosques, las empresas y el Estado se juntan para criminalizar o para generar violencia contra la gente.

Concluyó diciendo que las comunidades han venido al espacio urbano para hacer un llamado de alerta porque la situación se vuelve más crítica porque hay menos agua para el consumo humano,  denunciado las consecuencias que les ha traído mantenerse en contra de los proyectos extractivos a lo largo del país.

Entre las conclusiones del encuentro es que el conflicto por la preservación y protección por los bienes comunes y naturales en la nación hondureña, no termina y parece avanzar, de tal modo que las y los defensores se han unido para realizar una lucha en conjunto.