Recientemente la Alianza por la Paz y la Justicia (APJ) propuso al pueblo hondureño la conformación de un Grupo Internacional de Fiscales para que investiguen los casos de corrupción en el país y que se impulse un proceso de reformas en la Fiscalía de Lucha Contra la Corrupción, la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas, Ley de Contratación del Estado, Ley del Tribunal Superior de Cuentas y Poder Judicial.

La APJ  expuso que no se puede esperar más y que no hay tiempo que perder, por lo que se necesita una acción anticorrupción en Honduras que actúe con celeridad en los casos de corrupción.

Durante el último mes, gran parte del sector popular y de cierto sector político y empresarial han demandado la implementación e instalación en Honduras de procesos y órganos internacionales, como la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), para el combate de la corrupción y la impunidad, sostuvo la APJ.

“Necesitamos intervención inmediata, aprovechar el momento para enfrentar la impunidad y combatir la corrupción, pero también para promover un paquete de reformas que reduzca la impunidad”, refirió Carlos Hernández de la Asociación Para Una Sociedad Más Justa (ASJ).

Por su parte Omar Rivera de la misma organización  señaló que “esta propuesta podría constituirse en una respuesta inmediata a los graves problemas de corrupción que vive nuestro país; sin lugar a dudas, es una opción que podría implementarse de forma rápida, con costos menos elevados que la CICIG y más efectiva en la sanción de los corruptos y bandas del crimen organizado que drenan el erario nacional”.

“Ellos dicen que su idea de traer fiscales internacionales (por cierto ya USA los ha traído en sus condicionantes y la OEA también dentro del acuerdo de Cartagena y no ha servido de nada) porque dicen no quieren debilitar la institucionalidad pública y por  ende hablan de traer a fiscales internacionales al servicio de la actual institucionalidad degradada”, apuntó Rivera.Pero para la defensora de derechos humanos y ex directora ejecutiva del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (CIPRODEH), Reina Rivera, la propuesta de APJ de no proponer  la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Honduras (CICIH), debilita al movimiento de las antorchas y tiene un efecto de preservar el estatus quo. 

“Hablan de reformar marcos legales a mediano plazo. Hablan de crear una Comisión Ciudadana Anti corrupción y de vigilar los casos propuestos por la Comisión Inter-partidaria, mi análisis es el siguiente: Una CICIH es un órgano de Naciones Unidas y el marco legal le puede dar autonomía, obviamente con vasos comunicantes con los órganos nacionales pero se debe de recuperar credibilidad y meter presión en que la investigación sea autónoma, ese es el Talón de Aquiles de nuestra justicia. 

La defensora de derechos humanos expresó que en el modelo guatemalteco los casos investigados por CICIG se pasan al Ministerio Público para que los presente al órgano judicial. Sé que a los operadores de justicia este tema les da ronchas y alegan al igual que la propuesta de APJ, el tema de no debilitar la institucionalidad.

Pero ¿de qué hablan si la gente está en las calles porque no hay institucionalidad, todo está corrupto y politizado?, se preguntó la también profesional del derecho al tiempo que señaló que urgen investigaciones independientes y si les preocupa la soberanía, bueno pues qué más que el marco legal vigente de las Zedes (Zonas Especiales de Desarrollo) que crea a jueces, fiscales y otras autoridades con soberanía paralelas entregadas a empresarios extranjeros en los territorios nacionales "ciudades modelos" y ninguna asociación pro justicia ha protestado o interpuesto un recurso por el debilitamiento de la soberanía nacional. Investigación autónoma y presión ciudadana es lo único que puede activar y revivir al corrupto sistema de justicia nacional.

En segundo lugar, Rivera  manifestó que los últimos marcos legales aprobados por el Presidente  Juan Orlando Hernández, son un obstáculo que debe ser removido ya!. El acceso a información reservada de manera discrecional, la Ley que crea las alianzas público privadas y que reserva también la información, la reforma de noviembre a la ley del Ministerio Público (MP) y su manto de opacidad y centralismo de las decisiones e información en la figura del Fiscal General, los jueces de jurisdicción nacional aplicando justicia desde batallones, el poder de la policía militar y de la Dirección Nacional de Inteligencia, la figura del juicio político con tantos candados, todos ellos son un verdadero obstáculo para la justicia ahora como lo reclaman los y las indignados. 

“Estas reformas son urgentes y deben ser el primer camino de actuación desde las propuestas de los indignados”, sostuvo Rivera.

La abogada se refiere a las movilizaciones de las antorchas realizadas en muchas ciudades de los 18 departamentos del país, lideradas por las juventudes cuyas demandas van dirigidas a la salida de Juan Orlando Hernández del poder y que se someta a juicio y cárcel a todos aquellos funcionarios, políticos, empresarios y personas naturales que estuvieron involucrados en el desfalco de 350 millones de dólares (más de 7 mil millones de lempiras) contra el Instituto Hondureño de Seguridad Social y otras instituciones estatales.

Las movilizaciones de las antorchas demandan la instalación de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Honduras (CICIH) para que investigue la escalada de corrupción en Honduras y que lleve a la cárcel a los y las responsables.

Joaquín Mejía: Hay que escuchar esas voces que han estado en las calles

En esa línea de pensamiento se ha expresado hoy el también defensor de derechos humanos y profesional del derecho Joaquín Mejía, del Equipo de Reflexión e Investigación, ERIC y del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia,  MADJ, al expresar que “hay que escuchar a esas voces que han estado en las calles, esas voces que demandan la instalación de una comisión Internacional contra la Impunidad parecida a la que está en Guatemala”.

Mejía habló del tema en el programa "Hablemos Derecho", de Radio Progreso, donde se hacía un análisis sobre la referida propuesta, este día 17 de junio de 2015, al mediodía.

Yo creo que lo primero que hay que hacer es tener la capacidad para escuchar a esos ciudadanos que se han estado manifestando en las calles, lógicamente estamos en ese momento de canalizar esa intención y en el marco de eso hay propuestas, una propuesta es la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIH) y la otra propuesta es la que acaba de plantear la APJ.

Mejía dijo que habría que sopesar los momentos y cuáles son los mandatos de la CICIH o la conformación de una Comisión Ciudadana Contra la Impunidad, porque de nada nos va a servir, una comisión que va a dar observaciones, que va a dar recomendaciones, pero que no va a tener capacidad para dar impactos significativos en la lucha contra la corrupción y la impunidad.

Una comisión que venga con un mandato claro de Naciones Unidas le da algún tipo de legitimidad por encima de muchas cosas, pero una Comisión Ciudadana, todavía no tengo claro de dónde viene la legitimidad, es decir si está compuesta por ciudadanos y ciudadanas hondureñas y apoyada por fiscales extranjeros, ¿quién decide quiénes son esos ciudadanos y ciudadanas que tengan la altura moral y no generen anticuerpos que se presten en contra de la sociedad?, se preguntó el defensor de derechos humanos.

Mejía cuestionó esa propuesta por el actual clima de polarización que prima en el país, derivado del golpe de estado, y que dificulta un proceso de selección de ciudadanos y ciudadanas que no estén vinculados con algún partido político o a extremos dentro de la misma polarización.

“Yo entiendo que para convocar una comisión internacional hay un proceso que hay que seguir, es un proceso que no es fácil, que no de la noche a la mañana y que hay que tomar medidas urgentes, y evidentemente una comisión ciudadana podría centrar esas medidas, pero lo que se podría plantear es retomar estas dos propuestas y hacerlas converger en el sentido de que pueda haber una comisión ciudadana que impulse procesos que sean urgentes en este momento, que luego con el proceso de la instalación de la CICIH, esa propia comisión ciudadana realice su papel de veeduría social frente a esta comisión internacional, para que se logre el objetivo de la lucha frontal contra la impunidad y la corrupción”, comentó Joaquín Mejía.

En tercer lugar, Reina Rivera subrayó que el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) se debilita aún más con la propuesta de APJ. Urge un CNA con poder y con una integración más democrática y capaz de rendir cuentas. Esta es la reforma que urge, no crear más comisiones paralelas e igual sin poder. 

La abogada aseguró que  “montarse sobre el carrito del Informe de la comisión multipartidaria es seguir la agenda distractora del presidente Juan Orlando Hernández,  donde se quiebra a todos los adversarios frente a las futuras elecciones: Mel, Ricardo y Romeo. Sin defender la corrupción de nadie, seguir ese juego es avivar más la polarización post golpe y apoyar el intento continuista de JOH (Juan Orlando Hernández).

“ Se debe hacer una selección de casos emblemáticos de corrupción y de lavado de activos donde hayan criterios como: impacto nacional, nivel de afectación, tipo y tamaño de la estructura criminal vinculada y creada para delinquir, eso iría contra la corrupción de raíz y no a tirarnos el cuento de quién es más corrupto que el otro, esa es la campaña actual del gobierno, pero que no desmonta las estructuras criminales entronizadas en el Estado y en el sector privado que eternamente han saqueado a los gobiernos y que hoy se agravó al llevar el modelo del crimen organizado y del lavado de activos al actuar del gobierno nacionalista y que saqueó al Seguro Social y al precario sistema de salud nacional, recomendó Rivera.