La resolución fue a favor de Juan Manuel Aguilar Godoy, Félix Adrián Colíndres Hernández y Marlon Agustín Vásquez Palma, acusados de los delitos de Abuso de Autoridad y Tortura, detención ilegal, lesiones, abuso de autoridad y violación a los deberes de los funcionarios, en contra de defensores y defensoras de los derechos humanos y estudiantes universitarios, el 08 de septiembre de 2017.

Una vez más la justicia se va en contra de los defensores de los derechos humanos, al otorgarles a los acusados del alto mando de la Policía Nacional, libertad definitiva, dejando claro que existe intromisión de parte del Poder Ejecutivo en las resoluciones que emiten los órganos jurisdiccionales del país.

Aunque las organizaciones de los Derechos Humanos y la población en general reclamaban una sentencia condenatoria en contra de los tres altos jefes policiales, la justicia se vio doblegada nuevamente por la corrupción y el poder, y se ve a los defensores de los derechos humanos como enemigos del sistema.

Los defensores: María Tomasa Morales, de la Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos, ASOPODEHU; Hedme Castro, de ACI-Participa; Ariel Díaz , de la Asociación de Jóvenes por los Derechos Humanos y Carlos del Cid, integrante del Observatorio Ecuménico Internacional de Derechos Humanos, OEIDH, fueron torturados y detenidos ilegalmente, acusados de encubrimiento y atentado contra la seguridad del Estado, este último delito sumado solamente a Morales.

Ya se esperaba

Aunque la resolución de la juez ya se esperaba que favorecería a la cúpula policial, las organizaciones de los derechos humanos, los defensores y defensoras, así como los estudiantes universitarios que fueron afectados, no se imaginaron un fallo tan exageradamente parcializado con los acusados.

Carlos del Cid del OEIDH indicó que "ya esperábamos algo parecido, sin embargo creíamos que el sistema judicial y la jueza, iban a tener el más mínimo decoro y verguenza, para por lo menos dejarlos en procesos judiciales acusados de los delitos de menor causa y años de prisión, pero no, la jueza en obediencia absoluta al Poder Ejecutivo, quien es quien protege a su policía y a sus militares, que son quienes los sostienen en el poder, seguramente mandó una orden desde su escritorio, al Poder Judial y a la jueza, diciéndole, "déjemelos en libertad absoluta".

Del Cid dijo que no puede haber un policía que violente los derechos de los defensores de los derechos humanos y de la población, que vaya a ser tocado con el pétalo de una rosa o que vaya a pasar un día en prisión”.

Agregó que "parece que tiene un arreglo el Poder Judicial con los demás poderes del Estado, para que no les toquen a sus aparatos. Los ha dejado en completa libertad y nos deja a las víctimas en una vulnerabilidad absoluta ahora, para que ellos puedan hacer con nosotros cualquier tipo de acciones intimidatorias que ellos nos quieran hacer".

Jueza esquivó resolver un formal procesamiento y su fallo es ilegal

Omar Menjivar, de la Coalición contra la Impunidad y representante legal de Tomy Morales y Hedme Castro, dijo que la jueza hace una valoración apegada a los argumentos que usó la defensa de los oficiales en el desarrollo de audiencia, "los apoderados legales nunca negaron que sus clientes hicieron uso de la fuerza sino que trataron de  justificar ante la jueza el uso de la fuerza, pero nunca ella le puso énfasis al acto excesivo que comete aguilar después de que han fumigado el gas pimienta en el bus y han logrado que los ocupantes salgan, reducidos a la impotencia, sin capacidad de oponer más resistencia sino tratar de sofocar los efectos del gas que fue rociado al interior del bus , cualquier otra acción era arbitraria e injustificada por lo tanto abusiva y constitutiva de delito, y eso es lo que hizo Aguilar , una vez reducidos a la impotencia, él decidió aplicarles una dosis de gas pimienta personalizada" , apreció.

Para él  hay claros delitos de tortura especialmente cometidos por uno de los comisionados de apellido Aguilar, "es el que en realidad da lugar a toda la configuración de los delitos de que fueron acusados los oficiales, unos por omisión y él directamente por comisión , porque ejcutó los actos que dieron lugar al delito de torturas, al delito de lesiones , violación a los deberes de los funcionarios y detención ilegal, él fue el que desencadenó toda esa ocurrencia de delitos".

"La Jueza no lo valora, lo esquiva, a pesar que se le presentaron dos recursos de reposición haciendo énfasis en eso, la jueza no lo resuelve , simplemente dice que la policía agotó todo el procedimiento de diálogo y persuasión, dijo que estuvieron cuatro horas, y pudiera ser que sí , no entremos a la discutir si los ocupantes tenían razón o no, lo importante es que esa acción concreta de Aguilar de aplicarles una dosis personalizada de gas pimienta a los defensores y defensoras cuando ya estaban reducidos a la impotencia,  eso no lo valora la jueza, por lo tanto la resolución tiene esa debilidad porque no apreció ese hecho concreto", argumentó Menjivar.

De acuerdo a su análisis jurídico ese hecho fue demostrado, "si la jueza lo aprecia se va a ver en la necesidad de dictar el Auto de Formal Procesamiento . El delito de torturas lo comete quien realiza la acción  directamente y quien pudiendo evitarlo no lo impide y allí estaban dos superiores jerárquicos de Aguilar que no hicieron nada y por eso están acusados por ese delito".

El abogado Menjivar se detuvo a explicar que el Comisionado Colindres Hernández era el jefe del operativo, y cualquier cosa que se hiciera estaba bajo su responsabilidad , "y bajo su responsabilidad se cometieron delitos en su presencia  y no solo los permitió sino que partició de ellos. El único delito independiente es el de detención ilegal, y solo pueden hacerla si está  in fraganti, pero ese hecho no lo valoró la jueza".

 Licencia para matar

 Entretanto Dina Meza, de la Asociación por la democracia y los Derechos Humanos , ASOPODEHU, calificó la resolución como un cheque en blanco para que los cuerpos represivos del Estado obstruyan la defensa de los derechos humanos y cada vez que un defensor o defensora de derechos humanos esté realizando su trabajo le van a torturar o detener ilegalmente.

Lo anterior según la entrevistada violenta la declaración de defensores de derechos humanos, la Ley de Protección y los compromisos internacionales que Honduras tiene, entre ellos las recomendaciones del Examen Periódico Universal, EPU-2015.

“La decisión de la jueza fue tan arbitraria que descalificó todos los testimonios de las víctimas donde relataron el horror que vivieron, manifestando que todo lo que dijeron era mentira pues no constaba en el video. Además de justificar las torturas con gas pimienta expresando que eran necesarias, pero que no constituían delito”, denunció Meza.

Tomy Morales, nuestra compañera en ASOPODEHU ha quedado muy afectada y no ha podido reincorporarse a defender los derechos humanos dado los efectos que ha tenido de las torturas y las persecusipon de que ha sido víctima. Asimismo están muy enfocada por los torturadores y ahora en el fallo la jueza también lo hizo, argumentó la Directora Ejecutiva de ASOPODEHU.

La OACNUDH ha acompañado este caso desde el inicio y ha participado en todas las audiencias. Mientras la Oficina se encuentra a la espera de recibir el fallo emitido por el Juzgado de Letras, y por ende leer su motivación, también considera que los hechos acontecidos el 8 de septiembre de 2017 fueron en su momento de público conocimiento, y que existen además numerosas grabaciones audiovisuales de los hechos, realizadas tanto por la policía nacional, como por la UNAH,  y por las y los defensores y estudiantes.

Para el director del Comité por la Libre Expresión (C-Libre), Edy Tábora, "es una resolución política, la cual la veníamos analizando, aunque pensábamos que iba a emitir una resolución intermedia, que iba a quitar algunos delitos graves , pero es una respuesta que generalmente da el sistema cuando se acusa a los funcionarios. Dar una resolución intermedia para benefiarlos. No creímos que iba a dar una resolución de cierre del caso o sobreseimiento, pero esto no es extraño cuando vemos pactos de impunidad en distintos espacios".

El representante de C-Libre expresó que "aquí es importante la respuesta que vamos a tener como ciudadanos o ciudadanas, como defensores de los derechos humanos a nivel nacional e internacional y esto no puede pasar inadvertido por la sociedad hondureña, los ataques a los defensores de los derechos humanos es una de las acciones más graves y que dejan mayor vulnerabilidad a las víctimas, sobre todo, a la institucionalidad hondureña de protección a defensores y defensoras de los derechos humanos corresponde, así que, necesitamos como ciudadanía, responde a esta situación, porque este es el colapso total de una institucionalidad que está generando pactos de impunidad en todos los espacios institucionales posibles", aseguró.

Tábora dijo que el fallo a favor de los policías ha sido observado por instutuciones y organismos internacionales como el G-16 o países cooperantes, "quienes han estado presentes en todo el proceso y vienen a confirmar lo que hemos estado denunciando, que la institucionalidad hondureña está protegiendo en violaciones a los derechos humanos y en corrupción, a todos estos funcionarios, que están generando una situación, que atenta contra el Estado de Derecho y la democracia y estos es grave, sumamente grave", destacó.

 No se relacionaron los medios de prueba

La abogada Kenia Oliva de la parte acusadora, señaló que los meios de prueba no fueron relacionados por parte de la juez que conoció el caso.

"Una vez que se ha arrojado gas pimienta dentro del bus, los defensores y los estudiantes salen con las manos hacia arriba y totalmente aturdidos por el gas y aún así se les aplica una dosis personalizada de gas pimienta en la cara y eso ocasionó lesiones y daños psicológicos y allí está la prueba, hay dictámenes de Medicina Forense que dice que sí hay trastornos psicológicos a raíz de ese evento, sin embargo la juez dimite , sin siquiera dirigirse o relacionar estos medios de prueba".

Oliva afirmó que la parte acusadora "presentía que eso iba a suceder, porque la juez, a los medios de prueba presentados por la defensa les puso mucha atención y hasta pedía que se repitieran los videos, no así, a los medios de prueba que presentaba la parte acusadora y eso lo veníamos valorando, pero la sorpresa fue sobreseimiento por todos los delitos", destacó.

Según Oliva, la juez que falló en el caso dijo que "los defensores estaban obstruyendo la labor de la policía, pero la labor de la policía ya había terminado, es decir, los defensores sabían muy bien que la labor de la policía era acompañar a los jueces ejecutores, no de pemanecer dentro de la Universidad y además los defensores siempre manifestaron en los videos que los estudiantes estaban dispuestos a entregarse y que fueran dirigidos al Ministerio Público o a una Fiscalía de turno y que sólo allí se iban a bajar porque tenían temor".