Precaria situación de libertad de expresión para periodistas y comunicadores en Honduras

Miércoles, 03 Mayo 2017 23:16 Written by  Published in Amenazas a la Libertad de Expresión Read 282 times

Graves denuncias que laceran la libertad de expresión y de prensa de periodistas y comunicadores sociales del país, se dieron a conocer este 03 de mayo en un foro organizado por C-Libre para conmemorar los 10 años de la Ley de Acceso a la Información Pública, en la capital hondureña.

Se llevó a cabo un conversatorio con varios periodistas, comunicadores y comunicadoras sociales, realizando un análisis de la precaria situación que están enfrentando los profesionales de la comunicación.

En 1993 la Asamblea General de las Naciones Unidas a iniciativa de los países miembros de la Unesco, proclamó el 03 de mayo como “Día Mundial de la Libertad de Prensa”, con la idea de "fomentarla en el mundo al reconocer que una prensa libre, pluralista e independiente es un componente esencial de toda sociedad democrática". La fecha recuerda la instauración de la Declaración de Windhoek sobre libertad de ejercicio del periodismo.

Cada año la Unesco celebra esta fecha, rindiendo tributo de esta manera a los numerosos periodistas alrededor del mundo que por decisión profesional ponen en peligro sus vidas en el esfuerzo de informar a sus sociedades y de promover el libre flujo de la información.

Denuncias por viajes

Los asistentes detallaron varias irregularidad que se dan en sus zonas, entre ellas que en José Santos Guardiola y Roatán municipios que componen la Isla de Roatán, para que los periodistas soliciten información deben atender a dos factores, uno es el traslado de los profesionales para poder pedir datos y “lidiar con el funcionario que está en X oficina de gobierno porque cuando se pone la denuncia el mismo empleado llama al denunciado a cambio de unos diez días de vacaciones en las mejores playas”.

El gobierno niega que haya una oficina de acceso a la información, pero por otro lado fomenta la corrupción y el miedo, de modo que las personas pierdan la esperanza de poder acusar una obstrucción, expresaron.

Otro asunto es que el vocero oficial del Ministerio Público para la zona norte está en la ciudad de La Ceiba, “imagínese cuánto me va a costar ir a hacer una entrevista”, son mil 500 lempiras del viaje en yate, más la comida, si no lo encuentro ese día debo pagar hospedaje, por ende, es difícil hablar de acceso a la información pública en este país”, manifestó uno de los comunicadores sociales.

Sin embargo, cuando se trata de actos de corrupción peligra la vida de las y los periodistas, “yo fui sacado con ayuda de defensores de una alcaldía, por hacer averiguaciones de este tema, habían denunciado a cuatro regidores por corrupción ante el Ministerio Público, estos renunciaron a sus cargos y llevamos dos años ya, sin respuesta a las denuncias y no podía estar viajando para seguir el proceso, a parte del riesgo que corría en el camino”, denunció otro.

La policía oreja

Por otra parte en el departamento de Comayagua las y los periodistas se autocensuran para salvaguardar sus vidas, ya que existe una banda al servicio de una familia poderosa que se encarga de vigilar, perseguir y amenazar a los comunicadores que hagan de conocimiento público detalles de sus acciones delictivas.

Un comunicador dio la noticia de algunas irregularidades de una entrevista de un informe policial, el periodista la difundió en su programa pero  inmediatamente se apostó un hombre en la esquina de la radio y le dio seguimiento un par de días, hasta que el profesional de la comunicación buscó la manera de evitar que “me mataran, porque yo tengo hijos que dependen de mí”.

Lo insólito fue que “la misma policía dio a conocer el nombre y dirección del trabajo del periodista que fue a recoger la información, tuvo que ver la manera de implementar pequeñas medidas de seguridad mientras pensaba como remediar el problema”.

“Un hombre vestido de negro se aparcó con su moto enfrente de la radio, me asusté, pero al parecer era para que me sacara un susto y no volviera a informar noticias de ese tipo, es la primera vez que recibo amenazas, una de las medidas de seguridad es que hace unas semanas dejé de publicar en Facebook  demandas de personas”, destacó un tercero.

Aplican ley del hielo

Para otra comunicadora social  hay alcaldías  en las que ni siquiera le dirigen la palabra a los periodistas, “en los últimos años he sentido un control de los gobiernos, que no había antes del golpe de Estado e incluso si una saca información, los mismos compañeros corren a darle informe al alcalde, quizás porque necesitan publicidad”.

Este contacto con las autoridades hace que no tengan criticas de ninguna índole, y los que sí las hacen “se vuelven enemigos del funcionario y de alguna manera se ponen en peligro”

Considerando que la mayoría de los dueños de medios no son periodistas sino empresarios que obedecen esa línea, “lo que cubrimos nosotros prácticamente es lo que nos quieren dar las alcaldías municipales, que es la información general como inaugurar un puente, una carretera,  sinceramente no les llevamos las relaciones públicas”.

Al buscar información en todas las alcaldías “nos encontramos con enemigos y la ley del hielo por lo que es difícil sobrevivir en el periodismo y quizás solo el cinco por ciento de periodistas  tienen un salario, el resto debe recibir publicidad”.

Denuncias engavetadas

Entre más se escucha de acceso a la información, “nos damos cuenta de la falta de institucionalidad en el país que produce el miedo de ir a solicitarla porque esta está secuestrada u obedece a corporaciones municipales, diputados hasta al mismo representante del Ejecutivo”.

Lo que genera una falta de confianza en la estructura estatal, a lo que se le pueden sumar los entes de justicia en el país, “el régimen nos puede matar y perseguir por solicitar información y si vamos a la Fiscalía del Ministerio Público, en mi caso tengo muchas amenazas, pero mis denuncias las mantienen engavetadas, ante todo esto, pues me hago para atrás”, agregó otro de los comunicadores.

El portal no sirve

Mientras que en El Progreso, departamento de Yoro, “el tema del acceso ya no se ve como un asunto de los periodistas, sino como un derecho de la ciudadanía, conjuntamente con los inconvenientes, en mi lugar que la gente vaya a Tegucigalpa a denunciar es imposible por los costos económicos que esto acarrea”, fue el aporte de otra persona.

Las instituciones tienen un grado de debilidad aumentado debido a la violencia, la narcoactividad y el sicariato, lo que para muchos significa que “hay que autocensurarse, y el que se atreve a informar se atiene a las consecuencias estamos absolutamente solos”.

“Que nos digan que se debe sacar una evidencia del portal del Instituto de Acceso a la Información para mí es una burla, miren hace dos semanas que el alcalde progreseño a través de la Secretaría de Salud, salió alardeando que le dieron un reconocimiento por haber logrado un 100 por ciento de transparencia administrativa sabiendo que no llena todos los requisitos de información y transparencia”, denunció.

En agosto del 2016, la Agencia de Investigación Criminal,(ATIC), “le cayó a esa alcaldía, le comenzó a sacar los problemas, para este año la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional, (FUSINA), igualmente  llegó por asuntos de corrupción”.

“A mí como  ese portal no me sirve de nada, no me indica dónde van a caer los impuestos que pago o qué hacen con ellos, cómo darles el reconocimiento a estas alcaldías, cuando el ciudadano común sabe que dos organismos se llevaron los documentos para investigar?”, finalizó.

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