El Estado de Honduras enfrentará una nueva demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, por el asesinato Nery Geremías Orellana, ocurrido desde el 2011 y hasta la fecha no hay investigación y el expediente hasta se ha extraviado, lo que significa para el Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación de la Compañía de Jesús en Honduras (ERIC-SJ), una forma de respaldar la impunidad, según lo de nunciaron en conferencia de prensa este 11 de julio de 2017.

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Periodistas y comunicadores sociales, develaron la  precaria situación que están enfrentando en distintas partes del país, en un encuentro la capital hondureña, el pasado 03 de mayo “Día Mundial de la Libertad de Prensa”.

El miedo a ir a prisión por varios años porque se le acuse de hacer apología del terrorismo se está apoderando de los periodistas en Honduras.

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Sin tocar los altos mandos policiales y militares, se llevará a cabo la Audiencia Inicial contra uno de los policías que torturó a la periodista Dunia Montoya, quien estará acompañada por la Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos, ASOPODEHU, este 21 de abrl de 2017.

Por irregularidades en los concursos de plazas de docentes, la mala gestión administrativa, Abuso de Autoridad, malos tratos y humillaciones en detrimento de estudiantes y docentes, solicitan la   destitución de Noé Leiva, Director de la carrera de Periodismo de la Escuela de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, (UNAH), y de Marisela Bustillo Zúniga, quien funge como Coordinadora Académica.

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Los crímenes contra periodistas, comunicadores sociales y en general los trabajadores de la comunicación se han vuelto “una normalidad” en el país. Cuando matan a alguien de este sector el tema en los medios de comunicación dura una o dos semanas, después sale de la agenda pública. Paralelamente a ello, sucede lo mismo con los operadores de justicia que al principio actúan por la presión mediática y dicen que están haciendo grandes esfuerzos para llevar a los culpables a la justicia.

Diversas organizaciones, defensores y defensoras de derechos humanos y  periodistas presentaron este 24 de febrero ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia,  un Amparo con Suspensión del  Acto Reclamado contra el artículo 335 B para que se mantenga el derecho a la libertad de expresión y la participación en asuntos públicos para periodistas, personas que usan las redes sociales y de la población hondureña  en general, por lo que se solicita se derogue dicho ordenamiento jurídico.

Periodistas de distintos medios de comunicación y del Colegio de Periodistas de Honduras, CPH, se pronunciaron en contra de la reforma al artículo 335-B del Código Penal y consideraron que va dirigido a periodistas, medios de comunicación y a todas las personas que hacen uso de las redes sociales para ejercer su derecho a la libertad de expresión.

La Reforma Penal  al artículo 335B fue cuestionada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, a través de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión en conjunto con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras, OACNUDH, en un comunicado emitido este 23 de febrero de 2017, donde declararon que no deben haber ambiguedades en la formulación de los tipos penales. Sobre la información vinculada a actos terroristas a través de medios de comunicación los Estados no deben limitar el trabajo de los periodistas.

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