Amenazas a la Libertad de Expresión

Quiénes amenazan a las personas que en el ejercicio de la libertad de expresión e información encuentran obstáculos desde el propio Estado. En esta sección se publican con consentimiento de afectado o afectada  este tipo de actos. 

El periodista Jairo López solicitó este viernes 17 de febrero acogerse al Mecanismo de Protección donde fue atendido por personal de esa instancia y la propia directora, la abogada Nora Urbina, a quien el comunicador social detalló todo lo referente a la campaña de desprestigio, la génesis de la misma y la pérdida de las pruebas en la querella que enfrenta en el Tribunal de Sentencia de Choluteca, lo que le coloca en riesgo.

Con una sonrisa en sus labios el policía Carlos Alberto Arzú Herrera, acusado por la Fiscalía de Derechos Humanos de Abuso de Autoridad y Lesiones contra la periodista Dunia Montoya hace más de un año, llegó este 15 de febrero de 2017 al tribunal con su apoderado legal y decidió declarar ante la Jueza del Juzgado de Letras de la Sección de lo penal de El Progreso, Yoro. En forma contundente dijo “es cierto ese día nos desplazamos con nuestros jefes para la manifestación de Quebrada Seca”.

Una campaña de desprestigio supuestamente impulsada desde la presidencia del Congreso Nacional estaría en marcha contra el periodista Jairo López, director del programa televisivo "El Informador", según lo ha denunciado el propio afectado, lo cual ha sido divulgado por diversos medios de comunicación y el Comité por la Libre Expresión, en esta semana. Mientras la Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos, ASOPODEHU,  lo ha denunciado a varios organizaciones internacionales de derechos humanos y de libertad de expresión.

A casi año y medio después de los hechos de violencia contra la periodista Dunia Montoya cuando cubría una manifestación pacífica el 01 de  septiembre de 2015, este 15 de febrero de 2017 a eso de las nueve de la mañana está programada la audiencia de imputado para uno de los policías que participó en las torturas contra la comunicadora social.

El juicio Oral y Público contra el periodista Jairo López, se inició este 08 de febrero después de que se había suspendido por la pérdida de dos pruebas que la defensa había entregado al Tribunal de Sentencia de Choluteca en el año 2016. Aunque dichas pruebas no aparecieron por ningún lado, el juicio empezó y seguirá la próxima semana. La defensa interpuso una denuncia por esta ilegalidad ante la Inspectoría de Tribunales de Choluteca.

Si bien la violencia, la frecuencia y la impunidad con la que se cometen crímenes contra los informadores en México es de sobra conocida más allá de sus fronteras, no lo es tanto la de países con menos recursos, como Honduras. Más de 60 periodistas han sido asesinados en el país centroamericano, en los últimos cinco años (tres, en 2016), casi siempre cosidos a balazos en el ejercicio de su profesión, bien por las “maras” que controlan el crimen en las calles, o por sicarios del poder o de las fuerzas de seguridad, señela el "Informe Anual 2016", de Reporteros sin Fronteras, RSF,  lanzado este 08 de febrero de 2017, en una conferencia de prensa en España, donde estuvo invitado el periodista hondureño Milthon Robles, quien tuvo que salir al exilio en diciembre del año pasado por amenazas constantes, secuestros e intentos de asesinato en su contra.

El juicio oral y público de una querella por difamación y calumnias interpuesta contra el periodista Jairo López en Choluteca , debió iniciar este día 01 de febrero de 2017, sin embargo el Tribunal de Sentencia de Choluteca la perdió las  pruebas que fueron entregadas desde agosto del año pasado, por lo que al reclamo de la defensa del comunicador social, la audiencia fue pospuesta.

El Centro Pen Honduras emitió un comunicado donde condena el asesinato del periodista Igor Padilla y advierte una escalada de violencia contra el sector de la comunicación en este año electoral.

En un comunicado público emitido este 18 de enero de 2017,  la organización Reporteros Sin Fronteras, RSF, hizo un llamado a las autoridades hondureñas para que identifiquen lo antes posible “a los actores intelectuales y materiales del asesinato contra el periodista Igor Padilla de HCH, hecho calificado como un crimen odioso, y  además que los responsables s rindan cuentas ante la justicia.

Funcionarios públicos y empresarios usan un arma tan letal como los proyectiles de una pistola para detener la labor informativa de los periodistas y comunicadores sociales en Honduras. Se trata de las querellas por difamación y calumnias que tiene a periodistas condenados a prisión, suspensión del ejercicio periodístico y de sus derechos ciudadanos.