Dina Meza

Dina Meza

Viernes, 04 Diciembre 2015 15:33

La represión en un flash

Dentro de los recintos de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) impera la cátedra del miedo y del silencio , no es para menos, dos dirigentes del Sindicato de ese centro de estudios , el SITRAUNAH, sufrieron las consecuencias, uno fue desaparecido y el otro asesinado, eso se suma a que cuando  jóvenes estudiantes  hacen uso de su derecho a la protesta pacífica, el personal de la Empresa de seguridad Privada del Aguán (ESPA), que está dentro de la universidad  y Roger Aguilar, Jefe de Seguridad  de dicha empresa, les  intimidan  tomándoles fotografías, con el objetivo de levantar perfiles e identificar al liderazgo estudiantil.

La remilitarización de la sociedad hondureña ha sido un gigante con muchas ropas en los 30 años de vida democrática en los que vive nuestro país. Pero en las diferentes manifestaciones populares la gente muestra su rechazo y la población joven combate con un arma poderosa: la defensa de la educación pública que se ha vito diezmada por el actual gobierno de Juan Orlando Hernández que incrementó el presupuesto militar a un 171 por ciento.

Diputados y diputadas de la oposición abrogaron el nuevo Código Penal por unanimidad de votos, en una sesión extraordinaria convocada este 24 de junio de 2020, por considerar esta legislación lesiva para toda la sociedad hondureña.

Vociferando contra la sociedad civil y los diputados de oposición, el Congreso Nacional aprobó este 09 de mayo de 2020,  mes y medio más para que el Código Penal siga su proceso de socialización, coincidentemente la Corte Suprema de Justicia emitió su opinión de que no se considerara una iniciativa ciudadana que solicitaba al parlamento que no entrara en vigente esta ley por violentar estándares internacionales de derechos humanos.

A las nueve de la mañana de este 09 de mayo de 2020 está programada una sesión virtual del Congreso Nacional de Honduras que decidirá sobre si prorroga o no la vacatio legis o período de socialización del cuestionado nuevo Código Penal que violenta estándares internacionales de derechos humanos .

En las últimas horas el periodista Jairo López fue informado de un plan macabro que estaría urdiéndose para atacarlo cuando esté en la cobertura periodística de las manifestaciones en la zona Sur del país, y detrás del cual estarían personajes de alto nivel del Partido Nacional y del Gobierno. “Me van a golpear y dispararme en las piernas”, denunció en horas de la tarde a la Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos, ASOPODEHU, este 14 de enero de 2019.

El periodista Jairo López tiene 58 días, casi dos meses de espera para que le asignen un nuevo juez en el juicio por daños que le tiene incoado la compañía Empresa Energía Honduras, EEH, como represalia por criticarle los altos costos de la luz en la zona Sur del país.

En las últimas horas ha circulado que el gobierno de Juan Orlando Hernández envió un contingente de más de 300 policías con la intención de reprimir la manifestación ciudadana de Choluteca este miércoles 28 de noviembre de 2018, tal como nos lo cuenta el periodista Jairo López, a través del Noticiero El Informador.

Desde hace un año la población de Choluteca se moviliza todos los miércoles y sábados como un ejercicio ciudadano del derecho a la protesta, el cual no ha podido ser desarticulado por el gobierno de Juan Orlando Hernández, aunque se desplazan en esos días todas las fuerzas policiales y militares para reprimir a la población que protesta contra la ilegalidad del presidente en el poder; la corrupción y los abusos de las empresas de energía, entre otros.

Miles de personas se manifestaron este viernes 12 de enero de 2018 por enésima vez contra el fraude electoral, en las vísperas de la toma de posesión del actual presidente Juan Orlando Hernández, que pese a que se declarara ganador de los comicios electorales muy cuestionados por la observación internacional, está dispuesto a quedarse en el cargo a fuerza de bayonetas.

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El medio surge para ayudar a los periodistas, trabajadores de los medios de comunicación y los grupos vulnerables de Honduras (jóvenes, mujeres, indígenas y personas LGBTI) a ejercer su libertad de expresión y documentar los abusos de derechos humanos.

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