En la comunidad de Azacualpa,  ni los muertos pueden descansar en paz por la intromisión de las trasnacionales extractivas que como fieras hambrienta  quieren acabar con los bienes de la naturaleza del país.

MINOSA tiene tanto poder en el departamento de Copán que se dio el lujo de enviar a dos de sus empleadas de confinaza para que extrajeran actas de defunción del Registro Civil, esto debería haber movido alk Ministerio Público para librar requerimientos fiscales contra los responsables, pero el papel que juegan los operadores de justicia en la zona es presionar con procesos legales a los pobladores para generarles miedo y que dejen la lucha.

Adalid Gamero, investigador de la organización denunció en un espacio ante los medios de comunicación el jueves 29 de abril de 2016,  que los pobladores y pobladoras de esta comunidad ubicada se encuentran en amenaza permanente por la defensa que hacen para evitar que su cementerio sea socavado por la minera.

ACI-PARTICIPA denunció el contubernio del Instituto Hondureño de Geología y Minas (INHGEOMIN), La Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA), El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos en Honduras (CONADEH), la Secretaria de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización y el Presidente de la Comisión de Minería del Congreso Nacional Rolando Dubón Bueso, que se han convertido en meros tramitadores de la minera y ejercen presión sobre la comunidad de Azacualpa.

“Están siendo amenazados con ser desplazadas las osamentas de los familiares de la aldea que han estado descansando por años, ya que supuestamente debajo del cementerio se encuentra la beta de oro que quiere explotar la minera sin importar el sentir de las familias”, dijo Gamero.

Es por esta nefasta pretensión que casi toda la población de la comunidad de Azacualpa mantiene resguardado el predio  desde el 29 de marzo de este año, donde se ubica el cementerio.

 Denuncian sustracción de Actas de Defunción

Por medio de un comunicado de ACI PARTICIPA, quien acompaña de cerca esta problemática, se denunció que personal de MINOSA fue sorprendido el pasado 26 de abril en las instalaciones de la Alcaldía Municipal de La Unión, Copán,  extrayendo información oficial del registro de actas de defunción de personas enterradas en el cementerio de la comunidad de Azacualpa.

De acuerdo a testimonios de comunes de la localidad afectada, esta acción tendría como finalidad obtener información personal de familiares de los difuntos y “así ofrecerles una propuesta económica para que autoricen el traslado de los restos de sus seres queridos”, apunta el comunicado.

Según el artículo 29, inciso 11 de La Ley de Registro Nacional de las Personas, (RNP), no se permite el acceso a particulares –sin estar autorizado- a los documentos del Registro Civil.

Mientras que el artículo 106 de la misma Ley establece la prohibición de extraer o permitir que se extraigan los expedientes, datos o documentos de los archivos para uso no oficial, salvo autorización expresa del Director del Registro Nacional de las Personas, del Juez o Fiscal competente.

Tramitadores de la minera

El papel de las instituciones del Estado, como el Comisionado Nacional de derechos Humanos, (CONADEH) y el Instituto de Geografía y Minería, (INGEOMIN), en lugar de mediar entre las partes se parcializa hacia la MINOSA al coaccionar a los pobladores a que acepten la propuesta de migrar junto con los restos de sus familiares y ceder para explotar el oro que existe bajo el cementerio, expuso Adalid Gamero.

“Más que todo han estado tratando de coaccionar  u obligar a que los pobladores acepten las condiciones que promueve MINOSA para poder explotar, pero el lugar donde se encuentra el cementerio no está contemplado dentro de los parámetros de la concesión y se pretende ampliar con la venia de las autoridades del Estado”, aclaró.

En el documento publicado por ACI- PARTICIPA en relación a este hecho que refleja la parcialidad del gobierno de la República y la entrega inmisericorde de los bienes de la naturaleza al capital extractivo, denuncian  tanto a la Secretaría de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización como al Presidente de la Comisión de Minería del Congreso Nacional,  Rolando Dubón Bueso, “quienes asumieron una misión de mensajería y defensa de los intereses leoninos de la Empresa minera”.

La defensa de los territorios por parte de los y las pobladores de Azacualpa y con mucho ímpetu el cementerio que es parte de la memoria histórica de su pueblo, ha traído la criminalización de los liderazgos y tiene con procesos penales a más de 20 personas que enfrentan una justicia que se inclina a la minera.

Los “proyectos de muerte” cobran fuerza en los territorios al interior del país, en donde se encuentran con la resistencia de la población,  pero existe el riesgo de que un nuevo baño de sangre se desate, a más de 50 días del asesinato de Berta Cáceres , una de la lideresa que veló por el respeto a los bienes de la naturaleza en el departamento de Intibucá y en muchos puntos del país.

MINOSA mantiene una campaña publicitaria a todo nivel incluso en las carreteras donde ha colocado rótulos donde se presenta como benefactora de las comunidades al invertir millones de lempiras que no se ven por ningún lado. En las vallas publicitarias se puede ver cómo se le dice a la población que si quiere compensaciones vaya donde su alcalde, dejando en evidencia "la alianza" contra los bienes comunes entre los alcaldes y la empresa minera. 

Pronunciamiento ACI PARTICIPA

Pobladores de Azacualpa, La Unión, Copán 

La Asociación para una Ciudadanía Participativa (ACI Participa), en el marco de la problemática actual que viven los pobladores de la comunidad Azacualpa, una Aldea del municipio de la Unión, departamento de Copán, en la zona occidente de Honduras, alerta lo siguiente: 

1.- Desde el pasado 29 de marzo del presente año, más del 95% de los pobladores de Azacualpa, mantienen una custodia pacifica del Cementerio Comunitario. Territorio Ejidal, NO CONCESIONADO, ante la amenaza latente de excavaciones ilegales por parte de la Empresa Minerales de Occidente (MINOSA), compañía subsidiaria de la transnacional Yamana Gold. 

2.- Esta acción de legítima defensa del territorio por parte de sus pobladores ha desnudado la injerencia por parte de MINOSA en los operadores de justicia y seguridad a nivel local, así como de la Corporación Municipal de la Unión, en su conjunto. 

3.- De igual manera ACI Participa ha denunciado públicamente un parcialismo descarado por parte de Instituciones Centralizadas y descentralizadas a nivel nacional, entre estas: El Instituto Hondureño de Geología y Minas (INHGEOMIN), La Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA), El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos en Honduras (CONADEH), la Secretaria de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización y el Presidente de la Comisión de Minería del Congreso Nacional Rolando Dubón Bueso, quienes han dejado su rol de intermediarios y asumieron una misión de mensajería y defensa de los intereses leoninos de la Empresa MINOSA. 

Ante este contexto de parcialismo-capitalista, ACI Participa, denuncia que el día martes 26 de abril, representantes del Patronato y del Comité Ambientalista de Azacualpa, sorprendieron de forma infraganti a dos empleadas de confianza de la Empresa Minera, extrayendo información oficial del registro de Actas de defunción de personas enterradas en el Cementerio Comunitario, cuya custodia se encuentra en la Alcaldía Municipal de La Unión. 

De acuerdo a la versión emitida por los pobladores de Azacualpa, esta acción ilegal, por parte de las empleadas de MINOSA se realiza con la finalidad de obtener información personal de familiares de los difuntos y así poderles abordar de manera directa y hacerles una propuesta económica para que autoricen el traslado de los restos de sus seres queridos. 

Es oportuno señalar que de acuerdo a las Concesiones 129-D-02, 130-D-02,131-D-02 y 132-D-02, el territorio donde se encuentra el Cementerio Comunitario no ha sido concesionado. Incluso en las recientes reuniones, los representantes del Estado y MINOSA, han expuesto a los pobladores de Azacualpa, la necesidad de avalar una ampliación de licitación, es decir ampliar el perímetro concesionado, en virtud que el Cementerio no forma parte del territorio donde realizan la extracción de minerales.

ACI Participa, le recuerda a la Corporación Municipal, especialmente al Señor Alcalde Municipal, Serafín Tábora, que la Ley del Registro Nacional de las Personas en su artículo 29, prohíbe el acceso físico de particulares y personal no autorizado, a los archivos del Registro Civil. 

De igual manera el Artículo 106, prohíbe extraer o permitir que se extraigan los expedientes, datos o documentos de los archivos para uso no oficial, salvo autorización expresa del Director del Registro Nacional de las Personas, del Juez o Fiscal competente.

Por lo anterior se solicita a las autoridades competentes proceder de manera inmediata a deducir las responsabilidades administrativas, civiles y penales en contra de los funcionarios, empleados y autoridades que permitieron el acceso a información no autorizada del Registro Civil a personas ajenas y con intereses económicos. 

Finalmente, exhortamos a organizaciones defensoras de los Derechos humanos a nivel nacional e internacional, brindar acompañamiento y apoyo solidario a esta población ya que sus líderes se encuentran en extrema vulnerabilidad producto de su postura de defensa del territorio.