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Sobre incendio del Centro Penal de Comayagua: Cinco años de impunidad torpedean la verdad y la justicia

Posted On Jueves, 16 Marzo 2017 21:30 Written by
Sobre incendio del Centro Penal de Comayagua: Cinco años de impunidad torpedean la verdad y la justicia Foto:latribuna.hn

A cinco años del incendio en el penal de Comayagua donde murieron unas 360 personas, la Oficina del AltoComisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras,  (OACNUDH), señaló en un comunicado público este 16 de marzo de 2017 que las víctimas y sus familiares continúan sin conocer las reales circunstancias en que se dieron los hechos, debido a la falta de responsabilidad estatal en cumplir con  las normas internacionales de derechos humanos.

El 15 de febrero de 2012  se produjo un incendio en el centro penal de la ciudad de Comayagua, en la zona central de Honduras y murieron más de tres centenares de privados de libertad lo que provocó un repudio nacional. La Fiscalía Especial de Derechos Humanos del Ministerio Público (MP), pedió mil 800 años de cárcel para los implicados en el incendio.

Sin embargo la justicia está lejos de las víctimas debido a que el  13 de marzo fueron absueltos Wilmer Obdulio López Frías, director de dicho centro penal, los funcionarios penitenciarios Tito Rito Licona, Santos López, quienes el Ministerio Público acusó de tener responsabilidad en los hechos. Únicamente fue sentenciado José Víctor Mejía que tenía las llaves del centro carcelario, quien tendrá una pena de tres a cinco años de prisión, por el delito de Violación a los Deberes de los Funcionarios.

Este es el texto del comunicado de la OACNUDH:

Siguen sin garantía los derechos de las víctimas del incendio de la Granja Penal de Comayagua y la sociedad hondureña a la verdad, la justicia, la reparación y la garantía de no repetición 

TEGUCIGALPA, 16 de marzo de 2017 – La muerte de 360 personas bajo condiciones de custodia en la Granja Penal de Comayagua en febrero de 2012 representó una violación manifiesta a las normas internacionales de derechos humanos. En virtud  de estos hechos, el Estado de Honduras quedó jurídicamente obligado a asegurar la plena realización del derecho a la verdad, justicia, reparación y no repetición, en beneficio de las víctimas, sus familiares y de la sociedad hondureña en general, en los términos reconocidos por los estándares internacionales de derechos humanos.   

Transcurridos cinco años desde aquellos lamentables hechos, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) en Honduras observa con preocupación que las víctimas y sus familiares continúan sin conocer en forma fehaciente las circunstancias bajo las que se produjeron los hechos, sus causas, ni las responsabilidades individuales o  del sistema que concurrieron en lo sucedido, pese a las acciones tomadas por el Estado en la investigación y enjuiciamiento de algunos de los responsables inmediatos de la gestión del centro penal. 

De forma similar, la Oficina observa que a la fecha tampoco han sido adoptadas por el Estado medidas adecuadas y suficientes de reforma del sistema penitenciario que aseguren la no repetición de los hechos, tal y como le es exigible no sólo para la satisfacción del derecho a la no-repetición en favor de las víctimas de la Granja Penal de Comayagua, sino en virtud de su deber de protección a la vida y la integridad de las más de 17,000 personas que permanecen actualmente bajo su custodia en los centros penitenciarios del país. Lejos de ello, muchos de los centros penitenciarios del país continúan experimentando tasas de hacinamiento y condiciones de vida incompatibles con los estándares internacionales de derechos humanos de trato a la persona privada de libertad, como advirtió el Comité de las Naciones Unidas contra la Tortura en su revisión del Estado de Honduras el pasado agosto de 2016 (CAT/C/HND/CO/2, disponible aquí). 

Los estándares internacionales establecen que el derecho a la verdad, la justicia, la reparación y no repetición de las víctimas de violaciones a los derechos humanos es constituido por elementos interdependientes, y que su plena realización sólo puede darse cuando estos aspectos progresen en forma conjunta. Dando cumplimiento a su mandato de promover los derechos humanos de la población, la Oficina recuerda al Estado de Honduras que el convenio de entendimiento firmado en 2015 con los familiares de las víctimas para  el acceso a determinadas medidas de reparación patrimonial, representa una respuesta parcial a sus obligaciones, necesitando avanzar también en la búsqueda de la verdad y la justicia, y en la reformas políticas, legales y presupuestarias necesarias para que se evite que hechos como estos vuelvan a suceder.

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