El proceso electoral de noviembre de 2017 dejó como consecuencia asesinatos, detenciones arbitrarias, presos políticos y personas llevadas a juicios violentando el debido proceso por la participación en manifestaciones donde hicieron uso del derecho a la protesta contra el fraude electoral por el cual llegó en su segundo período Juan Orlando Hernández.

Las organizaciones que estarán en la CIDH son  Coalición contra la Impunidad, Amnistía Internacional, Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y el Comité Pro la Liberación de Presos Políticos Estado de Honduras. La audiencia será transmitida en vivo a través del enlace https://livestream.com/RP/Schadensp   que se realizará de 9 a.m. a 10 a.m.

Según el informe preliminar de la Coalición contra la Impunidad difundido en conferencia de prensa este 26 de enero de 2018, unos 64 defensores, defensoras y líderes sociales que han sido víctima de persecución, seguimiento y hostigamiento por parte de cuerpos de seguridad del Estado.

Mientras un informe de Amnistía Internacional denominado “Prohibido Protestar, Uso de la Fuerza y Detenciones Arbitrarias como Estrategias para Reprimir la Disidencia en Honduras” destaca que las fuerzas de seguridad detuvieron a más de mil personas por supuestamente haber violado el toque de queda y decenas más fueron arrestadas por supuestos actos de violencia cometidos durante las protestas.

Por su parte la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), informó a través de  un informe titulado “Las violaciones a los derechos humanos en el contexto de las elecciones de 2017 en Honduras”, que por lo menos 118 personas han enfrentado cargos penales por su presunta participación en delitos cometidos durante las protestas. 21 de ellas fueron enviadas en prisión preventiva.

La CIDH realizó una visita in loco a Honduras del 30 de julio al 03 de agosto de este año, una misión de este organismo se reunió con diversos sectores y conoció de viva voz de las víctimas o sus parientes la represión recibida en el contexto postelectoral.

La instancia internacional de derechos humanos dejó unas 25 recomendaciones y en las mismas en relación  a este tema dijo que “por lo menos 1.351 personas fueron detenidas por violar el régimen de suspensión de garantías establecido por Decreto por un total de 16 días. Se presentaron cargos criminales contra al menos 114 personas por su presunta participación en delitos cometidos durante las protestas. A la fecha, 84 personas están bajo proceso, y cinco se encuentran privadas de su libertad. Respecto de sus procesos, la Comisión recibió información en el sentido de que no contaron con una defensa adecuada ni tuvieron contacto con sus familiares. Estas alegaciones constituirían un incumplimiento por parte de Honduras de su deber de adoptar las medidas necesarias para garantizar el derecho al debido proceso y al acceso a la justicia de las personas detenidas de conformidad con los estándares internacionales en la materia”.

Lo que no se puede ocultar

De diciembre de 2017 a enero de 2018 había un listado de 22 presos políticos según lo dio a conocer el Comité Pro la Liberación de Presos Políticos Estado de Honduras. Nueve estaban privados de libertad en el Centro Penal de El progreso, Yoro; 10 en la cárcel de máxima seguridad conocida como El Pozo, en Ilama, Santa Bárbara y dos en la Tolva, al oriente del país.

18 de estos a través de organizaciones de derechos humanos y sus apoderados legales lograron salir de prisión y defenderse en libertad, pero a pesar de ello tienen constante hostigamiento por parte de los cuerpos represivos del Estado, entre lo que figura la vigilancia y los allanamientos ilegales.

Pero a la fecha siguen prisioneros Edwin Espinal y Rául Álvarez en la cárcel de máxima seguridad La Tolva en el departamento de El Paraíso; Edy Gonzalo en la cárcel de máxima seguridad El Pozo en el departamento de Santa Bárbara; y Gustavo Cáceres y José Godínez en El Progreso, Yoro.

El gobierno de Juan Orlando Hernández se resiste a reconocer la existencia de presos políticos en el país y aunque se ha establecido un supuesto diálogo liderado por la ONU, este tema no figura en la agenda ni las víctimas o sus familiares han sido reconocidos como actores importantes.