El derecho a la protesta se viene ejercitando sistemáticamente desde que se produjera un fraude electoral inocultable que sentó a la fuerza a Hernández en la silla de Casa de Gobierno por un segundo período.

A la par de la sistematicidad de las acciones del pueblo de Choluteca también de desplazó una fuerza represiva que contempla aparatos de inteligencia, unificación de la policía y el ejército que coordinan acciones contra los manifestantes y la utilización de los activistas del Partido Nacional que tienen en su agenda diaria el tratar de desprestigiar las acciones de periodistas y defensores de derechos humanos.

La saña policial este miércoles 03 de octubre

La defensora de derechos humanos Nivia Vargas señaló al periodista Jairo López que la manifestación ya estaba terminando y un niño fue golpeado con piedras lanzadas por policías en motorizadas, de acuerdo a testimonios de varias personas que presenciaron el hecho.

Mientras una señora que no participo en la manifestación salió afectada por los gases lacrimógenos que fueron lanzados a su casa, lo que le afectó hasta dejarla inconsciente debido a que padece de la presión.

Todavía no se tiene conocimiento de que la fiscalía del Ministerio Público haya iniciado de oficio acciones penales contra los policías que llevaron a cabo la represión y los altos mandos que son los responsables de dar las órdenes.

Es una tónica que después de cada represión hay publicaciones a través de perfiles supuestamente falsos que pretenden hacer creer que cualquier cosa que suceda en el Sur de Honduras es culpa del periodista Jairo López quien está bajo la mira del Partido Nacional, del gobierno y de los cuerpos de seguridad del Estado.

López ha sido sacado forzadamente del periodismo, los espacios han sido cerrados para su programa El Informador, “hay órdenes estrictas que nadie me alquile un espacio”, dijo el comunicador social.

Este miércoles no fue la excepción para tratar de desvincular la responsabilidad de los cuerpos armados del Estado en la represión que dejó varios heridos e intoxicados. Junto a Jairo López aparece la defensora Nivia Vargas, quien ha sido objeto amenazas y desconocidos han irrumpido en su casa por varias veces en menos de un año. 

Acá en una página de Facebook aparecen ambos, y aunque desde hace más de un año se ha denunciado ante el Mecanismo de Protección las constantes acciones a través de los perfiles de esta red social contra López, no se ha impulsado una investigación a pesar que el Ministerio Público a través de la Fiscalía de Derechos Humanos integra el Comité Técnico del Mecanismo de Protección.

Es una tónica que después de cada represión hay publicaciones a través de perfiles supuestamente falsos que pretenden hacer creer que cualquier cosa que suceda en el Sur de Honduras es culpa del periodista Jairo López quien está bajo la mira del Partido Nacional, del gobierno y de los cuerpos de seguridad del Estado.

López ha sido sacado forzadamente del periodismo, los espacios han sido cerrados para su programa El Informador, “hay órdenes estrictas que nadie me alquile un espacio”, dijo el comunicador social.

Este miércoles no fue la excepción para tratar de desvincular la responsabilidad de los cuerpos armados del Estado en la represión que dejó varios heridos e intoxicados. Junto a Jairo López aparece la defensora Nivia Vargas, quien ha sido objeto amenazas y desconocidos han irrumpido en su casa por varias veces en menos de un año.

Acá en una página de Facebook aparecen ambos, y aunque desde hace más de un año se ha denunciado ante el Mecanismo de Protección las constantes acciones a través de los perfiles de esta red social contra López, no se ha impulsado una investigación a pesar que el Ministerio Público a través de la Fiscalía de Derechos Humanos integra el Comité Técnico del Mecanismo de Protección.

 Mecanismo de Protección es una emboscada y no una herramienta 

Por Wilmer Paz C.

El Sistema de Protección para Defensores y Defensoras de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia lejos de ser una herramienta de protección se ha convertido en una emboscada que atenta contra la seguridad de los mismos comunicadores de la zona Sur del país, según denunció Melissa Hernández, comunicadora social del departamento de Choluteca a pasosdeanimalgrande.com.

La situación de violencia contra defensores de derechos humanos, periodistas y comunicadores sociales ha subido al nivel rojo después de las elecciones de noviembre de 2017. Con el fraude electoral el surgimiento de la protesta social es un punto de encuentro entre la demanda y la represión desde el Estado de Honduras.

No responden ni las llamadas en el Mecanismo

Hernández relató que cuando se llama al teléfono facilitado por el Mecanismo de Protección , la persona que atiende recomienda comunicarse de inmediato con el director de la policía de la zona el clase Orlando Ponce Canales, cuando esa función corresponde a la institución mencionada si no qué sentido tendría estar bajo esa protección.

La periodista Melissa Hernández realiza una labor de difusión, investigación y denuncia en medios de comunicación sobre actos de corrupción en diversas áreas e instituciones que brindan servicios a la población de la zona sur.

Su trabajo al parecer ha provocado la incomodidad en algunas personas que no están de acuerdo en que se indaguen esos temas, y como consecuencia ha recibido ataques y amenazas por parte sectores influyentes de aquella zona

“Estar tocando esos temas nos ha costado la estigmatización, actos de violencia sistemáticos en contra de nosotros y nosotras, una campaña brutal de desprestigio, incluso llegar a tratarnos a las periodistas mujeres de trabajadoras sexuales ” .

Estas acciones de persecución en su contra la han llevado a hacer uso de los protocolos acordados con el Sistema de Protección, “pero resulta que los teléfonos brindados para tal fin nadie los responde y si de casualidad llegan a hacerlo, lo único que hacen es mandarlo con el jefe de la policía local Orlando Ponce Canales”.

Lo irónico de dicha situación de acuerdo con lo relatado por la comunicadora, es que este oficial de policía tiene más de 30 denuncias documentadas en su contra, justamente por violaciones a los derechos de los periodistas.

“Él (Ponce Canales) ha ordenado ataques directos y selectivos contra periodistas y en este caso yo ¿cómo voy a llamar a mi agresor si es quien permite que haya violencia contra la población, defensores de derechos humanos y periodistas que cubren ciertos eventos como acciones de protesta?” .

Al no aceptar contactar al oficial la otra opción que dan es usar escoltas que son los mismos policías que les agreden, y considera ilógico “meter al enemigo” en sus actividades personales. Aparte de eso resiente que al hacer uso de escoltas hay que cargar con la alimentación de los agentes cuando es el Estado el obligado a correr con dicho costo “puesto que se ha comprometido a cumplir con protegernos a los comunicadores víctimas de violencia”.

Asimismo lamentó la comunicadora que la violencia sistemática utilizada para persuadirla de cambiar sus posturas, haya alcanzado a su padre Gonzalo Hernández, quien fue impactado por una bomba lacrimógena en el rostro al momento que éste era parte de grupo de personas que exigían frente a un medio de comunicación frenar la campaña de desprestigio que se ha montado en contra de periodistas defensores de derechos humanos.