En el reciente pasado, el Bajo Aguán fue sacrificada por un conflicto de tierras que dejó a su paso más de un centenar y medio de campesinos asesinados supuestamente por agentes del gobierno y guardias de seguridad de la Corporación Dinant, propiedad del fallecido terrateniente, Miguel Facussé.

Los campesinos asesinados eran miembros del MUCA y del Movimiento Auténtico reivindicador Campesino del Aguan,(MARCA).

Según Rivas, la situación de los derechos humanos se agudiza en esa región, pese a que Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas le han recomendado al Estado de Honduras realizar acciones para investigar y condenar a los violadores de los derechos humanos en la zona.

En noviembre del 2010 justificando la represión contra los campesinos que luchaban en la recuperación de sus tierras, el expresidente Porfirio Lobo, militarizó la zona del Aguán y argumentó la existencia de un grupo armado para desestabilizar su gobierno. Implantó el terror aunque nunca dio a conocer decomisos de armas en la operación, pero al finalizar su mandato, las tropas quedaron allí permitiendo y siendo parte de las violaciones a los derechos humanos.

Y según el vocero del MUCA a partir del 2010, tiempo en que fue militarizada esa región, han ocurrido 154 asesinatos contra campesinos, mismos que en un 99% se mantienen en la impunidad por falta de investigación.

La situación “es terrible”, lamenta el dirigente campesino, quien además, asegura que la policía y el ejército desplegados en ese lugar, solo obedecen a los intereses de los empresarios y no al derecho común de la comunidad, a la que tienen la obligación de servir y proteger.

Denunció que ante tal situación las empresas mineras y agroindustriales instaladas en la zona tienen vía libre para la organización de grupos armados, paramilitares que de manera encubierta asesinan a la gente y se mantienen con altos niveles de impunidad.

Y como ejemplo de ese contexto Rivas mencionó a José Ángel Flores, ex presidente del MUCA, asesinado en la aldea La Confianza, en Tocoa Colón, el 17 de octubre del 2016.

Pero a los asesinatos suscitados en el marco de la lucha por la tierra también se suman las muertes violentas de seis personas por la defensa de los recursos naturales que mantienen en Guapinol los vecinos de varias comunidades que se oponen a la instalación de la empresa minera, Los Pinares.

Esta empresa minera es propiedad de Lenir Pérez Solís y de su esposa, Ana Facusse. Ella es hija del empresario Miguel Facusse, señalado de ser el precursor de la represión que emprendió el gobierno de Porfirio Lobo contra los movimientos campesinos del Aguán y que ahora se ha extendido a la comunidad que lucha en defensa de los ríos Guapinol y San Pedro.  

El marco del rechazo contra la minería también vale recordar que 18 pobladores de Guapinol han sido criminalizados y amenazados de muerte, por lo que varios de ellos han tenido que abandonar la comunidad para refugiarse en alguna ciudad del país.

Deuda impagable

Pese a que las tierras del MUCA y MARCA fueron bañadas con la sangre de los campesinos asesinados ahora están en riesgo porque la deuda contraída con el gobierno se vuelve impagable por los intereses y bajo precio de la fruta.

Las tierras de MARCA y MUCA están cultivadas de palma africana producto que en los últimos años ha caído en su precio. Actualmente una tonelada métrica palma africana ronda en 2 mil 800 lempiras en el mercado internacional.

Rivas dijo que juntos el MUCA y el MARCA mantienen una deuda que sobrepasa los 560 millones de lempiras y que el gobierno se resiste a negociar con ellos una readecuación que les permita salvar sus tierras.

Sostuvo que desde el 2015 han estado solicitando la readecuación pero en respuesta lo único que han encontrado del gobierno son presiones para obligarlos a firmar convenios con la banca privada. “El Estado es el responsable de un atropello mayor que pueda darse en contra de MUCA y MARCA”, puntualizó, Rivas.