El 8 de marzo pasado, la Dirección de Fiscalía, del Ministerio Público, en su resolución, número, DGF 107-2019, emitida para responder a una petición de información pública solicitada por este medio de comunicación digital, señala que la Fiscalía de Protección para Defensores y Defensoras de los Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia, cuenta con seis agentes de tribunales, pero que hasta hoy no han judicializado ni un tan solo caso.

Tras haber agotado diversas instancias para obtener una entrevista con personeros del Ministerio Público, mediante el uso de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, pasosdeanimalgrande.com, le solicitó a la Fiscalía General las estadísticas relacionadas con el papel que juega la Fiscalía de Protección.

Resolviendo la petición, la Dirección General de Fiscalía emitió la resolución, DGF 107-2019, en la que informa que en sus primeros 12 meses de funcionamiento, la Fiscalía de Protección para Defensores y Defensoras de los Derechos Humanos, Periodistas y Operadores de Justicia ha recibido 80 denuncias y “se le informa que a la fecha actual aún no se han presentado requerimientos fiscales”, indica la el documento.

La Fiscalía de protección fue creada por las presiones de organismos internacionales y organizaciones nacionales que miraban con preocupación la enorme cantidad de casos por agresiones, amenazas y torturas, que sin resolver, se acumulaban sistemáticamente en la Fiscalía Especial de los Derechos Humanos.

A partir del golpe de Estado, perpetrado por empresarios, políticos y militares, contra el gobierno liberal de Manuel Zelaya Rosales, en junio del 2009, en Honduras repuntan las a los derechos humanos y el país se ubica como el más violento del mundo, con índices de impunidad arriba del 96 por ciento.  

Maquillando cifras, el gobierno ha logrado bajar los índices de violencia insertos en sus informes. Sin embargo, la impunidad sigue igual y atenta contra los defensores y periodistas que seguirán haciendo su trabajo en un contexto inseguro e impropio, como lo determina el Alto Comisionado de las Naciones Unidas (ACNUDH), en su informe, 2018.

En la actualidad, los periodistas y defensores de los derechos humanos, enfrentan situaciones de persecución, hostigamiento, amenazas, campañas de desprestigio, robo y destrucción de equipos y asaltos en oficinas y residencias, entre otros delitos, que, sin resultados favorables son denunciados en la Fiscalía y en las demás entidades operadoras de justicia.

Y es que según la denuncia inserta en el informe del ACNUDH, la desidia en el Ministerio Público no solo se evidencia en la poca actividad para investigar y judicializar los casos denunciados por periodistas y defensores, sino además en la responsabilidad que debe asumir, por mandato de ley, en el Consejo Nacional de Protección para Defensores y Defensoras de los Derechos Humanos, Periodistas y Operadores de Justicia.

Este organismo internacional asegura, que la Fiscalía General del Estado, no participa en las reuniones de dicho Consejo.

Al Ministerio Público no solo lo señalan de engavetar los casos relacionados con la agresión, atentados y amenaza contra periodistas y defensores de los derechos humanos, sino también de mantener índices de impunidad que sobrepasan el 96% en los asesinatos de personas, delitos sexuales y casos de corrupción, entre otros.

Pero contrariamente, diversas organizaciones de derechos humanos nacionales, han denunciado persecución del Ministerio Público contra defensores de los derechos humanos en las comunidades, como Guapinol, en Colón; Azacualpa, en la Unión Copan y en los territorios ancestrales de la Comunidad Garífuna, asentada en los municipios del caribe hondureño.