Entre los hechos perpetrados contra los defensores, figuran asesinatos, agresiones físicas y psicológicas, intimidaciones, torturas, encarcelamientos ilegales, acusaciones de usurpación e injurias, campañas de odio y desprestigio, robo, amenazas, secuestro y desapariciones forzosas, entre otros.

Los datos obtenidos por ASOPODEHU a través de un monitoreo de medios y redes sociales, realizado en el periodo comprendido entre abril del 2018 y marzo del 2019, indican que con 33 incidentes violentos, Francisco Morazán, es el departamento que registró más ataques contra defensores de los derechos humanos, le sigue Colón con 23, Choluteca con 19, Atlántida con 14 y Yoro con 13.

Cortés registra 5 y Copan 3; con dos cada uno, se encuentran Comayagua, Valle y Santa Bárbara y con uno Intibucá.

En esta información comprendida la deportación que hizo el gobierno de Guatemala del periodista y defensor de los migrantes, Bartolo Fuentes, quien fue víctima de campañas de odio y desprestigio por parte de las autoridades hondureñas.

Sin embargo hay subregistros de que las cifras pueden incrementarse debido a que a falta de justicia, las personas afectadas mejor decidieron callarse o abandonar el país de forma silenciosa.

Los agresores

Entre los agresores de los defensores de los derechos humanos se menciona al Presidente de la República y el del Congreso Nacional, al Ministerio Público y al Poder Judicial y la Policía Nacional, en sus diferentes ramas. La Agencia Técnica de Investigación Criminal, (ATIC), y la Policía Militar.

También se mencionan a alcaldes municipales, diputados y hasta el cardenal Oscar Rodríguez. Al Cardenal lo mencionan por hostigamiento contra los sacerdotes, Eulogio Álvarez y Florentino Hernández, del Triunfo Choluteca, que han sufrido represalias por acompañar las luchas sociales en esa región.

En el monitoreo se documentó otros actores que participaron en impulsar campañas de odio, entre ellos a periodistas de HCH y a Renato Álvarez, de la Corporación Televicentro.

La mención de HCH es por supuestos señalamientos contra Bartolo Fuentes, quien fue estigmatizado solo por darle cobertura y acompañamiento a las caravanas de migrantes, según lo señaló él mismo en intervenciones por medios de comunicación.

El Renato Álvarez, hizo apología del odio contra estudiantes universitarios y para quienes solicitó públicamente, investigación por parte de la Inteligencia Militar, según consta en el monitoreo. Esta investigación ya está en curso contra unos 33 estudiantes, según ha circulado en los últimos días, contra quienes se ha ordenado la intervención de sus teléfonos.

Entre los violadores de los derechos a defensores también se mencionan las empresas mineras Inversiones Los Pinares y Los Lirios, MINOSA y varios proyectos de energía hidroeléctrica.

Según los datos los afectados son poblaciones que defienden el territorio y demás bienes comunes, derechos económicos y sociales, miembros de organizaciones defensoras de los derechos humanos y sacerdotes que acompañan luchas sociales.

Por ejemplo, en la aldea Azacualpa, de La Unión Copán, los pobladores que defienden el ambiente, de la contaminación que producen las operaciones de la empresa, Minerales de Occidente (MINOSA), han sido reprimidos, desplazados y criminalizados por el Estado.

Y esa situación también ha sido replicada en la comunidad de Guapinol, en Tocoa Colon, donde se instala la empresa minera, Inversiones Los Pinares y donde varios miembros del Comité Municipal para la Defensa de los Bienes Comunes, han sido amenazados, reprimidos y criminalizados.

El informe indica que el 15 de enero del 2019, en el departamento de Atlántida, fue asesinado el dirigente garífuna y defensor de los territorios ancestrales, Nerlin Noel Rochez Flores, quien era miembro de la Organización Fraterna Negra de Honduras (OFRANEH).

Y de igual manera, el 27 de febrero del 2019, el Coordinador General del Movimiento Independiente Indígena Lenca de la Paz (MILPAH), Felipe Benítez, denunció amenazas de muerte contra varios miembros de esa organización por parte de sicarios o grupos paramilitares, que operan en el departamento de La Paz.

Hasta el cierre de esta nota no hay investigaciones que den como resultado el castigo a los responsables estatales de estas amenazas, a pesar de existir una Fiscalía de Protección que nace con la creación de la Ley de Protección a defensores y defensoras de derechos humanos, periodistas, comunicadores sociales y operadores de justicia que debiera iniciar de oficio dichas investigaciones para desactivar las amenazas castigando a quienes las impulsan.