En su análisis Honduras tiene una normativa de ocultar, reservar y mantener en confidencialidad información específicamente cuando se trata de recursos naturales y los accionistas que forman parte de las empresas que participan en las concesiones.
“Honduras tiene marcos normativos que son opacos y que priorizan la reserva y la confidencialidad de la información en el caso concreto de recurso naturales”, argumentó.
Destacó que en las noticias recientes ha habido un incremento en la criminalización por la defensa el territorio.
Ejemplificó el caso de Guapinol donde personas que han defendido su territorio, su derecho al agua que claramente demuestra el uso abusivo del poder punitivo del Estado
Añadió que otra forma podría ser una criminalización de baja intensidad que no se manifiesta solamente en el asesinato o agresión de defensores y defensoras sino también medidas de corte más institucional como cierre de espacios o levantamiento de permisos para seguir funcionando legalmente.
A su enteneer hay estrategia bastante sofisticada de prohibir voces disidentes a las concesiones que se han dado en materia energética que en el país.
Pasosdeanimalgrande.com preguntó a Cerqueira si considera que el Estado respeta los tratados internacionales con los que se compromete.
Respondió que del desafío es precisamente que esos tratados sean cumplidos por el Estado hondureño, pero en la práctica el país ha sido registrado como uno de las naciones más peligrosos del mundo para el ejercicio la defensa del territorio y ppr matar defendores de derechos humanos.
Antecedentes
El Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras,(FOSDEH), publicó en su informe Territorio y Riesgo II del 2018, sobre la previa consulta que el Estado tiene la obligación de contar con un recurso judicial idóneo y efectivo para la revisión de las negativas de entrega de información.
Este recurso debe ser sencillo, efectivo, expedito y no oneroso, y debe permitir controvertir las decisiones de los funcionarios públicos que niegan el derecho de acceso a una determinada información o que simplemente omiten dar respuesta a la solicitud.
La Ley de Municipalidades de Honduras, en el artículo 25, inciso 9, obliga a «celebrar asambleas de carácter consultivo en cabildo abierto con facultades de la corporación municipal, como máxima autoridad representantes de organizaciones locales, legalmente constituidas, como ser: comunales, sociales, gremiales, sindicales, ecológicas y otras que por su naturaleza lo ameriten, a juicio de la corporación, para resolver todo tipo de situaciones que afecten a la comunidad».
Además, el inciso 10 obliga a las municipalidades a «convocar a plebiscito a todos los ciudadanos vecinos del término municipal, para tomar decisiones sobre asuntos de suma importancia, a juicio de la Corporación». El resultado del plebiscito es de obligatorio cumplimiento.
En Honduras hay 137 concesiones mineras y de energía las cuales cerca del 20% se encuentran en territorios indígenas y negros, aumentando la conflictividad en el país considerado uno de los más peligrosos para la defensa del medioambiente.
