La Asamblea General de la ONU, el 15 de Marzo de 2006, en su resolución 60/251, dio luz al Consejo de Derechos Humanos (CDH), donde todos los Estados miembros de las Naciones Unidas,(ONU), serán examinados cada cinco años. Dicha resolución dispone que “el examen será un mecanismo cooperativo, basado en un diálogo interactivo, con la participación plena del país de que se trate y teniendo en consideración sus necesidades de fomento de la capacidad; éste mecanismo complementará y no duplicará la labor de los órganos creados en virtud de tratados”.

El Examen Periódico Universal (EPU) es un único mecanismo del Consejo de Derechos Humanos (el Consejo) con el objeto de mejorar la situación de derechos humanos en el terreno de cada uno de los 193 Países miembros de la ONU.

Bajo este mecanismo, la situación de derechos humanos de todos los países miembros de ONU es revisada cada 5 años. Unos 42 Estados son revisados en el año durante 3 sesiones del Grupo de Trabajo dedicadas a 14 Estados cada una. Estas 3 sesiones se celebran normalmente en enero/febrero, mayo/junio y octubre/noviembre.

El EPU es un proceso circular que comprende 3 etapas claves:

El examen de la situación de derechos humanos del Estado examinado.

La implementación entre dos revisiones (5 años) por el Estado examinado de las recomendaciones recibidas y las promesas y compromisos voluntarios hechos;

Informar en la próxima revisión de la implementación de esas recomendaciones y promesas y de la situación de derechos humanos en el país desde la revisión anterior.

Honduras ante el EPU

En su primera comparecencia post golpe 2009, el gobierno de turno de Honduras, presentó su informe en noviembre del 2010, el que recibió 129 recomendaciones de diferentes naciones, pero en mayo del 2015 aumentaron a 159.

Cumplimiento recomendaciones 2015

A partir del primer EPU, en el gobierno de Porfirio Lobo, surgido del golpe de Estado de 2009, las organizaciones de la Sociedad Civil observaron que el informe que presentaba el Estado hondureño carecía de hechos verdaderos, ya que era elaborado y sustentado por la confabulación de varias organizaciones de la sociedad civil afines, la Cúpula de la Iglesia Católica y iglesia Evangélica, así como otras entidades.

Unas 50 organizaciones que trabajan temas de defensa y protección de derechos humanos crearon la Plataforma EPU, para elaborar un “informe sombra”, es decir, un documento donde plasman la verdadera situación de derechos humanos en el país.

De igual manera, el gobierno precedido por Juan Orlando Hernández, quien llegó al poder en un cuestionado proceso electoral que señalaron de fraudulento en las elecciones de 2013, se ha esforzado en aderezar el informe que se entrega para la evaluación del EPU. En mayo del 2015 recibió 159 recomendaciones, una treintena más que en el 2010.

Teniendo en cuenta que uno de los derechos que garantizan un Estado democrático es la Libertad de Expresión, a Honduras le recomendaron adoptar todas las medidas necesarias mediante la realización de una reforma de la legislación que regula el sector de telecomunicaciones y garantizar el acceso a la información pública, la libertad de prensa, la libertad de expresión y el derecho a reunión pacífica.

Sin embargo, hasta el 2019 están registrados 83 periodistas y comunicadores sociales asesinados. Solo en ese año perdieron la vida ocho profesionales de la comunicación, lo que ha reforzado que Honduras sea una nación hostil para el ejercicio del periodismo.

Aparte de la violación al derecho a la vida, muchos periodistas son víctimas de amenazas a muerte o son agredidos físicamente por parte de miembros de la seguridad del Estado, en el momento de las coberturas a manifestaciones en las calles.

Uno de los casos fue el del periodista Geovany Sierr, del canal de televisión UNETV, quien resultó herido de bala el 26 de noviembre del 2018 mientras cubría una manifestación en los alrededores de la casa de gobierno, hecho perpetrado por policías penitenciarios.

“Andaban con muchas ganas de reprimir (se refiere la policía, entonces empecé a grabar y documenté lo que estaban haciendo, pero en un momento el policía procedió a ejercer la violencia para arrebatarme la cámara, yo no me dejaba porque era una evidencia vital como prueba del uso excesivo de la fuerza por los cuerpos de seguridad del Estado, me quebró parte de la cámara, pero yo todavía podía grabar, llegó un momento que caí al suelo, y él me puso las botas en la cara, yo ya no podía más, mi brazo derecho estaba desprendido y el dolor era insoportable, sentía que me desmayaba”, relató la periodista Dunia Montoya, víctima de ataque de policías cuando ejercía su trabajo periodístico, el 01 de septiembre de 2015.

La Constitución hondureña protege el derecho de libre expresión y prensa, pero en 2016, 21 medios audiovisuales vieron revocadas sus licencias para operar, el gobierno argumentó infracciones administrativas, según constató el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH), este ente afirmó que “durante el 2016 quedó evidenciado, una vez más que el ejercicio del periodismo es una ocupación de alto riesgo y una tarea difícil de realizar producto de la ola de violencia que afecta al país”.

En el periodo 2010-2016 murieron en forma violenta 58 periodistas y comunicadores sociales, homicidios que en un 97% se encuentran impunes. Se ha identificado que los periodistas que trabajan en temas relacionados con derechos humanos, política, drogas y disputas de tierra, parecen los más vulnerables, aunque las autoridades sostienen que tales asesinatos no son sino delincuencia callejera.

Sí, el gobierno de Honduras debería apostarle a la protección de la ciudadanía especialmente a los grupos que denominan vulnerables como mujeres, pueblos indígenas y afro-hondureños, pero muchas organizaciones internacionales califican al país como incapaz para cumplir con esta recomendación.

Así lo menciona la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, (CEAR), que en un informe catalogó a la nación diciendo que es “el segundo país más pobre de Centro América, sufre una mala distribución de la renta , la riqueza que se traduce en más de 65 por ciento de la población viviendo en la pobreza, que la corrupción es endémica y su débil economía”, con estos antecedentes es difícil de creer que se puedan consolidar las instituciones democráticas.

Lo antes mencionado sostiene que existe un ambiente de desprotección, violencia e impunidad, esas son las palabras que mejor definen la situación de las personas defensoras del territorio y el medio ambiente o de otros derechos humanos, pero también de periodistas, abogados, jueces, mujeres, personas LGTBI o desplazados internos.

Aunque la pena de muerte está abolida y el país es firmante de los siete principales tratados de derechos humanos, tácitamente existe, reflejándose en la alta tasa de homicidios que envuelve a la sociedad hondureña, según declaraciones de la Coordinadora del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, (UNAH), Migdonia Ayestas, que indicó que en el 2019 ha habido un promedio de 42,8 homicidios por cada 100 mil habitantes, lo que supone un 2,2 por ciento más que en el 2018.

Los datos de ese observatorio concuerdan con los ofrecidos por el Sistema Estadístico Policial en Linea,(SEPOL), y esa instancia de la UNAH, pronosticó que en el 2019 los homicidios aumentarían.

En este sentido se contabilizan del 2010 al 2018 un promedio de 917 masacres, dando un total de víctimas de 3 mil 344, específicamente en los departamentos de Cortés, Atlántida, Francisco Morazán y Olancho. El 2019 cerraría con 43 homicidios por cada 100 mil habitantes.

Dichos datos contrastan el hecho que el gobierno ha inyectado grandes cantidades de dinero al presupuesto de Seguridad y Fuerzas Armadas, con el discurso de acabar con la inseguridad de la ciudadanía. También ha financiado la creación de cuerpos élites especiales.

Por ejemplo, el 27 de junio de 2013, entró en vigencia el decreto 103-2013 mediante el cual se creó una unidad especial policial denominada Toma Integral Gubernamental de Respuesta Especial de Seguridad, TIGRES, que opera dentro de una estrategia interinstitucional en seguridad.

Tanto en el EPU 2010 como en el 2015, se le solicitó al Estado adoptar medidas para poner fin a las amenazas y el hostigamiento de defensores de derechos humanos, periodistas y jueces, de acuerdo con la declaración de la Asamblea General sobre defensores de derechos humanos, tales como el establecimiento de un mecanismo de aplicación efectiva de las medidas cautelares solicitadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH.

Al Estado de Honduras se le hicieron un total de 28 recomendaciones sobre los y las defensoras de Derechos Humanos, de éstas, aceptó nueve, observó 17 y rechazó una, en su mayoría se contempla utilizar el marco legal para su protección.

A dos meses de la creación de TIGRES, el 23 de agosto de 2013 el Congreso de la República creó a la Policía Militar del Orden Público, según el gobierno, ésta es una medida que responde a la necesidad de contar con un cuerpo de seguridad que asuma con eficiencia los desafíos de seguridad ciudadana ocasionados por la acción del crimen organizado y otras amenazas a la ciudadanía, en tanto se adoptan medidas para hacer frente al alegado desprestigio e insuficiencia de la Policía Nacional.

En los considerandos de la referida ley, se establece que: “la crisis de seguridad que actualmente vive el país pone de manifiesto la necesidad de creación de una unidad militar especializada en el combate frontal al crimen organizado y crimen común cuando estos fenómenos han evolucionado a formas más peligrosas por su modo de operar alterando significativamente la paz social y el orden público.”

Ambos cuerpos de uniformados han sido utilizados para respaldar la ilegal e ilegítima reelección de Juan Orlando Hernández, y lanzados a las calles para controlar las manifestaciones que protestaban por el fraude electoral del 2017, en donde los militares reprimieron, torturaron y dispararon sus armas de reglamento contras las personas que protestaban.

En varios informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos,(CIDH), se aseguró que la participación de las fuerzas armadas en asuntos de seguridad interior no se limita al despliegue territorial, mediante la implementación de planes operativos que tienen como objetivo central incrementar la visibilidad de los efectivos mediante técnicas de patrullaje preventivo o disuasivo, sino que conforme a las normas de creación de la Policía Militar, esa participación se verifica en actividades de investigación criminal e inteligencia.

Las Organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales si bien reconocen en la ley de protección aprobada avances formales importantes, tienen observaciones y preocupaciones al respecto, entre éstas, que la ley incluye a operadores/as de justicia y comunicadores que no necesariamente son defensores de derechos humanos.

El mecanismo de implementación del Sistema Nacional de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos, por su conformación carecerá de autonomía para la toma de decisiones y el Consejo Nacional de Protección para las y los Defensores de DDHH, órgano del Sistema, tiene un número reducido de representantes de las organizaciones defensoras de DDHH, que además deben ser acreditados por el Comisionado Nacional de Derechos Humanos, y otra irregularidad es que la Secretaría de Defensa participa en el Consejo.

Una recomendación que se ha hecho de manera reiterativa desde las relatorías de la Libertad de Expresión de Naciones Unidas y del Sistema Interamericano de Derechos Humanos en ocasiones anteriores, trata sobre la descriminalización de las figuras penales de los delitos de injuria, calumnia y difamación, lo que adquiere importancia ya que las mismas han sido utilizadas para criminalizar a defensoras y defensores de derechos humanos y no se adhieren a los principios de libertad de expresión recomendados por el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas y de la Convención Americana de Derechos Humanos, según se manifestó en el informe Honduras ante el Examen Periódico Universal, mayo 2015.

Según Amnistía Internacional, Honduras sigue siendo uno de los países más peligrosos de Latinoamérica para los defensores y defensoras de los derechos humanos, especialmente para activistas del medio ambiente y la tierra.

Para Global Witness, Honduras sigue teniendo la cifra más elevada del mundo de homicidios per cápita, donde personas de la comunidad LGTBI y defensores del ambiente son objeto de campañas de desprestigio y criminalización, así como de amenazas, agresiones y homicidios en un clima general de impunidad.

34 de las recomendaciones del EPU 2015, se refieren específicamente a los derechos humanos de las mujeres. De esas el Estado hondureño aceptó 18, es decir, que se compromete a cumplirlas, observó 13 y tomó nota de tres.

De las aceptadas y observadas se refieren fundamentalmente a la discriminación y las violencias contra las mujeres, pero ninguna expone a los derechos sexuales y reproductivos. El Estado solo tomó nota de las recomendaciones que contienen estos derechos.

Otra de las recomendaciones fue la de fortalecer las acciones que se enfoquen en eliminar patrones culturales de discriminación contra las mujeres, promoviendo un adecuado acceso a la protección judicial en el orden de prevenir casos de violencia que afectan su vida, salud e integridad y que estos permanezcan sin castigo

Migdonia Ayestas comentó que cada día es asesinada una mujer, en tanto, que en los homicidios múltiples de enero a agosto del 2019, a veintidós mujeres les quitaron la vida, es decir, 15,3 por ciento de los homicidios registrados en esos meses.

Por otro lado las organizaciones feministas sostienen que en Honduras es asesinada una mujer cada 13 horas.

A pesar de que en el año 2013 se reformó el Código Penal hondureño, incorporando el tipo penal de femicidio, el artículo 118-A establece que las muertes violentas contra las mujeres han aumentado de una manera alarmante.

Para Small Arms Survey (201 6 ),Honduras ocupó el cuarto lugar entre los países con las tasas de muertes violentas en América Latina, con una tasa de 12.6 homicidios de mujeres por cada 100 mil habitantes.

Los datos del ONV/UNAH - IUDPAS, en el período 2011-2016, los homicidios de mujeres mantuvieron de manera sostenida la característica de violencia endémica al superar la tasa de 10 o más homicidios por cada cien mil habitantes.

Aunque formalmente la Constitución las protege, las mujeres y las niñas son objeto de diversas formas de violencia.

La Convención para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, CEDAW, por sus siglas en inglés, concluyó en 2007 que la violencia contra las mujeres, incluida la violencia sexual, el abuso incestuoso de niñas y la violación y violencia en el hogar, así como los secuestros, las desapariciones, los asesinatos y los feminicidios en el país, siguen suscitando gran preocupación, según lo señaló CEAR.

La polémica por la implementación del Programa “Guardianes de la Patria” que consiste en contribuir en la formación de niños, niñas y jóvenes en riesgo social, con una labor preventiva y formativa fundamentada en indicadores que fortalecen el cuerpo, la mente y el espíritu en beneficio de la sociedad, es una clara vulneración a los derechos de los niños y niñas, por ser clasista y con un sentido alienante para la infancia pobre del país.

Sobre el particular, en reiteradas ocasiones, representantes de la sociedad civil han manifestado preocupación respecto a este programa, porque promueve una cultura militar al involucrar a las Fuerzas Armadas en la formación cívica y religiosa de la infancia y adolescencia hondureñas.

Al respecto la CIDH plantea que la ejecución del programa Guardianes de la Patria, como iniciativa de educación dirigida a niños, niñas y adolescentes, no es una función natural del ejército, ya que la expansión del campo de acción de las Fuerzas Armadas al ámbito de la educación y adoctrinamiento de niños, niñas y adolescentes constituye otra manifestación de este fenómeno de la militarización de los espacios públicos.

El contexto de violencia e inseguridad coloca a la infancia y adolescencia en una posición de especial vulnerabilidad, especialmente si se considera que los menores de 18 años representan el 45 por ciento de la población total

Los activistas LGBTI son objeto de un gran número de crímenes de odio, apología del odio y discriminación, así como asesinatos y persecución.

La Federación Internacional de Derechos Humanos, FIDH, denunció que entre julio de 2015 y enero de 2016, los integrantes de la Asociación Arcoiris, grupo de defensa de los derechos de las personas LGBTI, sufrieron 36 incidentes relativos a su seguridad, entre ellos homicidios, amenazas, vigilancia y hostigamiento.

En 2008, se reportaron cuatro casos de personas LGBTI muertas violentamente; 24 en 2009, 23 en 2010, 36 el 2011, 43 en 2012, 32 en 2013 y alrededor de 60 entre el 2014 y 2016. Se estima que los casos judicializados suman alrededor de 50, aunque el nivel de impunidad alcanza el 92 por ciento.

Hasta la fecha son ya 325 personas de la diversidad sexual desde el 2009, más del 90 por ciento de los crímenes de odio quedan impunes. En lo que va de 2019 han sido asesinadas 21 personas LGBTI en el país.

En un informe, el Relator Especial sobre “Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o Arbitrarias en Honduras” , acerca de su visita oficial a Honduras del 23 al 27 de mayo de 2016, debido a los acontecimientos suscitados después del golpe de Estado, en Honduras el presidente Porfirio Lobo, surgido del contexto post golpe, en ese periodo decidió conformar la Comisión de la Verdad y la Reconciliación en 2010, para examinar los acontecimientos que habían ocurrido antes y después del golpe.

La comisión documentó 20 casos de uso excesivo de la fuerza y asesinatos cometidos por las fuerzas de seguridad y formuló 84 recomendaciones, sin embargo, se ha avanzado poco en el enjuiciamiento de esos abusos.

La corrupción de la policía repercute también en el clima de inseguridad. Se han recibido denuncias de agentes de policía que estaban involucrados en la petición de sobornos, en extorsiones y en asesinatos y que actuaban en connivencia con pandillas y grupos delictivos organizados.

Al menos en cinco casos, algunos agentes de policía han estado implicados en asesinatos de miembros de pandillas, en acciones similares a las de los “escuadrones de la muerte”.

Durante la visita, el Relator Especial tomó conocimiento de numerosas denuncias de homicidios cometidos por la policía, la policía militar y oficiales militares.

Recomendaciones 2010

Las recomendaciones en el año 2010 básicamente se refirieron a los temas de trata de personas, Mujer, Niños, Justicia, Instrumentos Internacionales, Impunidad, Derechos Humanos, Pueblos Indígenas, Racial, Grupos Minoritarios, Trabajos, Laboral, Condiciones de Detención, Torturas, LGTBI, Instituciones de Derechos Humanos, Libertad de Expresión, Ejecuciones Extrajudiciales, Libertad de Asociación, Defensores de Derechos Humanos, Formación en Derechos Humanos, Pobreza, Derecho a la Educación, Derecho a la Salud, Plan de Acción Nacional, Derecho a la Alimentación, Migrantes, Sociedad Civil.

Ante estos temas el analista Joaquín Mejía en un trabajo muy elaborado titulado “La situación de los derechos humanos en Honduras en el escenario post golpe de Estado”, encontró que sólo entre el 30 de enero al 28 de mayo del 2010 se registraron más de 700 casos de agresiones por razones políticas, entre ellas, asesinatos, atentados, amenazas a muerte, persecuciones, agresiones sexuales, detenciones y allanamientos ilegales, tortura, secuestros, entre otras.

Además que el denominador común de todas estas violaciones a los derechos humanos es la total impunidad con que actúan sus autores intelectuales y materiales como resultado del colapso de las instituciones estatales encargas de investigar y sancionar dichas acciones.

En tanto que el Estado hondureño es uno de los países que ha recibido más condenas por parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, ya que la justicia no ha procedido contra los responsables intelectuales ni materiales de las violaciones a los derechos humanos, lo cual implica que a las víctimas se les ha negado el acceso a la justicia.

En materia de Libertad de Expresión, las cifras de asesinatos de periodistas y comunicadores sociales son alarmantes, ya que fueron 61 periodistas a los que les arrebataron la vida entre el 2009 y 2015, especialmente en el periodo post golpe donde fue derrocado el presidente Manuel Zelaya, lo que vuelve precario el ejercicio de la profesión y no existen garantías por parte de los entes estatales encargados de la seguridad para salvaguardar la vida de los comunicadores.

A la vez que el uso del estamento legislativo se ha puesto a la orden del día para acallar las voces disidentes de los periodistas, provocando la censura desmedida con la puesta en marcha la famosa “Ley de Secretos Oficiales”, denominada “Ley para la Clasificación de los Documentos Públicos relacionados con la Seguridad y la Defensa Nacional”.

Dicha normativa conlleva sanciones en el caso de divulgar información que instituciones estatales consideren clasificada, también la misma viene a echar al traste la “Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública”, ya que limita las funciones de ésta. Otro punto es que con estos estamentos se limita el acceso a la información a la sociedad hondureña.

Hace unas semanas la Sala de lo Constitucional señaló en un Recurso de Inconstitucionalidad interpuesto por esa Ley que lo aceptaba parcialmente. El Pleno de la Corte Suprema de Justicia deberá decidir si la Ley es totalmente lesiva.

Asimismo la situación de los derechos humanos se deterioró por la violación generalizada y sistematizada, por el motivo de que las instituciones encargadas de impartir justicia y velar por las garantías fundamentales de la población plasmadas en la carta magna, se confabularon para dar paso a la consolidación de un golpe de Estado.

Ese hecho deleznable acabó con el supuesto Estado democrático y de Derecho que mantenía el orden constitucional.

Por ejemplo, entre las claves se pueden enlistar el Ministerio Público, la Corte Suprema de Justicia y el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, (CONADEH), que se involucraron en colocar un velo de impunidad avalando las graves violaciones a los derechos humanos cometidas por militares, policías y paramilitares.

Nuevamente al Estado de Honduras en el 2020 le toca ser examinado en el EPU. Aunque el país vive en una exacerbada impunidad, en el 2015, el Estado de Honduras aseguró cumplió el 80 por ciento de las recomendaciones de 2010. Es casi seguro que el discurso oficial en este año, será el mismo. Les toca a las organizaciones de la sociedad civil desvirtuar documentadamente estas aseveraciones.