La alarma de salud pública a nivel mundial ha provocado que se den distintas restricciones y en el país no ha sido la excepción, por esta razón varios sectores han denunciado la vulneración de derechos.

En la ciudad de Tegucigalpa se han registrado casos. Una ciudadana declaró ante los medios de comunicación que las autoridades callan “porque los hijos de ellos tienen que comer, mientras nuestros hijos ¿qué?”, haciendo alusión a las personas que se ganan el sustento día a día, a quienes se le restringe el derecho al trabajo y a la alimentación, porque el gobierno no ha aprobado medidas de apoyo para las personas que se dedican a la economía informal.

Otro sector vulnerable son las personas de la tercera edad que se encuentran en el hogar de ancianos Salvador Aguirre, por la determinación del Estado de habilitar el complejo deportivo de la Vía Olímpica, una sala de aislamiento con personas sospechosas de ser portadoras de COVID-19, los vecinos de las zonas aledañas al albergue se han manifestado en contra porque argumentan que esto representa un foco de contagio en el lugar.

Por otra parte, el comerciante José Flores, denunció que la Policía Nacional golpea a las personas que se encuentran en situación de calle, en las zonas de los mercados, en horas de la noche.

En el municipio de San Lorenzo, departamento de Valle, al sur de Honduras, el ciudadano Adán Rivas, expresó por medio de una entrevista a pasosdeanimalgrande.com, su preocupación en torno la situación porque la policía obliga a cerrar los negocios de las personas que sobreviven de las ganancias diarias.

También mencionó la prohibición del uso de transporte público, pese a que no todas las personas tienen acceso a un vehículo propio para movilizarse, lo cual imposibilita el derecho de transitar libremente en casos de emergencia.

Las arbitrariedades de las autoridades han llevado al decomiso de cinco unidades de transporte en la localidad, según expresó Rivas. No obstante ese municipio no está en cuarentena sino la ciudad de Choluteca por lo que no aplicaría la restricción.

De igual manera el Joven Marvin García, de la ciudad de Choluteca, comentó que en un centro comercial de la zona, se le está prohibiendo la entrada a las personas que no llevan tapabocas, como medida preventiva, pero no todos tienen acceso a la compra de las mismas.

Desde febrero de este año el Gobierno tiene a disposición para atender la situación de emergencia más de 11 mil millones de lempiras, de lo que se sabe públicamente debido a que no hay transparencia en el manejo de eso fondos y hay demandas ciudadanas para que se auditen esos recursos por la desconfianza de que vayan a parar a bolsillos particulares, en un país donde la corrupción está a la orden del día.