Los períodos electorales en Honduras son tiempos fatales para la vida de integrantes de la comunidad de la diversidad sexual, los crímenes contra este sector se agudizan, mientras el Estado hondureño no mueve un dedo  para poner fin a esta violencia que en menos de una semana ha dejado cuatro personas asesinadas en lo que va de noviembre de 2017, apenas a pocos días de las elecciones generales en el país.

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Hombres descomocidos se han dado a la tarea de seguir, vigilar y fotografiar cada movimiento de la defensora de derechos humanos, Tomy Morales, pero para la fiscal del Ministerio Público Dina Moncada eso puede ser un mero supuesto, "yo soy la fiscal y no corresponde a ningún tipo penal eso, por lo que no puedo tomar la denuncia", dijo la funcionaria este 25 de octubre cuando la afectada llegó a denunciar los hechos que ponen en riesgo su vida.

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Defender los derechos sexuales y reproductivos no sería tan fatídico si no fuera en Honduras, así lo han determinado las mujeres aglutinadas en “Ecuménicas por el Derechos a Decidir”, que colocaron en el debate público el tema del aborto y su despenalización en tres causales,  lo que encendió la ira de los grupos eclesiales fundamentalistas que no solo levantaron una campaña en medios contra ellas sino que están cruzando la línea, según lo denunció Ana Ruth García, coordinadora de dicha organización.

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La Mesa de Derechos Humanos oficializó este 19 de octubre de 2017 denuncia por Abuso de Autoridad contra María Dolores Barahona, quien fungía como fiscal de turno de la Fiscalía de Delitos Comunes, del Ministerio Público, MP,  el fatídico 08 de septiembre, cuando policías al mando de altos oficiales torturaron a estudiantes y cuatro defensores de derechos humanos, en los predios de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, UNAH.

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El Comisionado Nacional de Derechos Humanos, CONADEH y la Fiscalía del Ministerio Público “perdieron” las denuncias por amenazas a muerte que la  defensora de derechos humanos  Irma Lemus, Secretaria del Observatorio de Derechos Humanos del Aguán, presentó entre el 2015 y 2016. La afectada ha sido víctima también de detención ilegal por parte de la policía de Tocoa, Colón.

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 Aunque se anunció el 20 de julio que las autoridades universitarias enviarían escrito al Ministerio Público desautorizándole de continuar con la acción penal contra unos 75 estudiantes a nivel nacional como parte del acuerdo suscrito entre las partes, este viernes 22 los estudiantes no fueron acogidos para aplicárselos. El abogado de la UNAH dijo no estar autorizado para solicitar la extinción de la acción penal y el Ministerio Público argumentó que no había recibido ninguna solicitud ni acuerdo. Se trata de la continuación de juego para no cumplir?

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