14 pobladores de la comunidad de Los Prados, Namasigue, Choluteca, en el Sur de Honduras, serían el conejillo de indias para desarticular la resistencia de  miles de personas que se oponen a la continuación de la empresa Energías Solares, S.A, que se asentó en esa comunidad alzándose con un contrato por 20 años y ganancias anuales de 15 millones de dólares, unos 353.4 millones de lempiras al cambio actual, sumando alrededor de 7 mil 68 millones de lempiras en 20 años prorrogables. Ellos enfrentan un juicio por su oposición al proyecto sin un cinco en sus bolsas, pero tendrán en su contra abogados que son pesos pesados para impulsar condenas.

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“Compañeros esto está horrible están tirando bombas, ustedes no pueden imaginárselo, hasta adentro de las propiedades”, se escuchó en un audio que mandó por redes sociales casi sin habla por estarse ahogando debido a las bombas lacrimógenas, una de las habitantes de la Villa de San Francisco, aglutinada en la organización Vecinos del Boulevard, en el oriente de Honduras este 29 de agosto de 2017.

Los pobladores y defensores del ambiente aglutinados en del Comité Ambientalista CAPIRHO se oponen al paso del cableado eléctrico por el casco urbano de la ciudad del Proyecto Ampliación de Generación de Energía Eléctrica a través de Biomasa, de la empresa Azucarera Tres Valles, la cual ha suscrito contrato de entrega de energía con la ENEE, de acuerdo a lo que ha denunciado el defensor de los derechos humanos Leonel Casco Gutiérrez en su página de facebook.

Desde las cuatro de la mañana de este 29 de agosto un contingente de más de 60 efectivos policiales del Comando COBRAS al mando del Comisario Soriano de la policía, se presentaron al municipio de la Villa de San Francisco a reprimir a los pobladores y defensores del ambiente . En la represión fue agredido el ingeniero José Jorge Aguilar Ponce y otra personas con toletazos por parte de los agentes policiales. agregó la publicación de Casco Gutiérrez.

Los pobladores interpusieron la denuncia ante diferentes organismos de derechos humanos y ante la MACCIH por violación al  derecho a la salud y la consulta ciudadana, por parte del gobierno del presidente Juan Orlando Hernández.

Otra de las víctimas con impotencia y su voz entrecortada decía “ay, esto es suficiente ya, las barbaridades de los que hicieron todo esto, es una impotencia que se siente”, entre sollozos y lágrimas.

“A mi mamá la tienen encerrada allá en una casa con unos niños” , describió otra de las mujeres afectadas”.

A su paso los uniformados golpearon niños, jóvenes y mujeres, también supuestamente hay varias personas detenidas.

Las y los vecinos de este lugar se mantenían en una protesta ante la instalación de unos postes de un proyecto de la tercera línea de electricidad de alta tensión por considerar que esto provocaría graves daños a la salud de las personas que viven en la zona.

Desde horas de la mañana enviaron señales de auxilio porque estaban siendo amenazados con un desalojo y que solo esperaban a los fiscales del Ministerio Publico para hacer efectiva la orden y que traerían consigo requerimientos fiscales.

La policía llegó especialmente a reprimir a  la familia donde se reunían los directivos y capturaron al presidente del Comité Ambientalista, Ingeniero José Jorge Aguilar Ponce, luego de una reunión con autoridades de del Ministerio Público.

La fiscal Dolores Valderramos junto a otro fiscal joven de la regional de Talanga, en Francisco Morazán fue la que dio la orden de que gasearan a los ambientalistas.

Datos preliminares daban cuenta de cuatro personas capturadas  incluido un menor de edad. La gente era persiguida, los policías allanaeron viviendas entre ellas la del señor Mario Pagoaga, directivo del Comité Ambientalista.

Los Fiscales fueron vistos salir de forma urgente del lugar , trasladándose a Talanga, Se sospechaba que para preparar el requerimiento fiscal. En este operativo participó el Jefe de Seguridad de la Compañía Azucarera Tres Valles, según lo denunció Casco Gutiérrez.

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El enfoque asistencialista y partidista de los proyectos que los gobiernos de Honduras han desarrollado, fue fuertemente cuestionado por los habitantes del corredor seco, en el marco de un diagnostico que realizaron con el objetivo de identificar soluciones integrales a las consecuencias que la sequía ha dejado desde hace décadas en la región.

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Es un caso de desigualdad ante la Ley , miles pobladores están ardiendo dentro de sus casas debido al insoportable calor ocasionado por el Grupo Terra y la empresa española  SunEdison que llegaron para arrebatarles lo poco que les quedaba, su tranquilidad en medio de la pobreza a unas 18 comunidades del departamento de Choluteca en la zona Sur del país. La valentía de los pobladores de la colonia Víctor Argeñal  que decidieron protestar contra esta arbitrariedad les costó un proceso judicial por el delito contra los servicios públicos y contra la población del Estado de Honduras, incoado por el Ministerio Público, MP.

Cuatrocientas familias fueron despojadas de sus tierras por parte de las Fuerzas Armadas de Honduras, el hecho tuvo lugar en el Caserío de La Poza, ubicado en la carretera rumbo al Primer batallón de Infantería, atrás del Cementerio “San Miguel Arcángel”, salida al Norte de Honduras. Es una lucha de David contra Goliat pues los uniformados tienen todo el aparato estatal para apoderarse ilegalmente de las tierras.

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Marcado por la emisión de una diversidad de políticas públicas, decretos de emergencia y políticas de asistencialismo que no han coadyuvado a erradicar los problemas de la zona, de forma estructural, subsiste la exclusión y pobreza de la población de las comunidades del denominado corredor seco de Honduras. Este amplio corredor incluye, entre varios departamentos, Choluteca, Valle, Francisco Morazán, El Paraíso, Intibucá y La Paz. Muchas poblaciones de estos departamentos sufren año tras año las pérdidas de sus cultivos, producto de las condiciones climáticas de la zona y de la ausencia de políticas públicas coherentes con la realidad de la región.

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La empresa Minerales de Occidente S.A, (MINOSA), sigue en su afán de dinamitar el cementerio de la comunidad  de Azacualpa, departamento de Copán en el Occidente de Honduras, para poder extraer  oro, y llegó al extremo de usurpar funciones de resgistradores municipales para apropiarse de información de quiénes son los parientes de los muertos y así ubicarlos para ofrecerles dinero, según denunció la Asociación para una Ciudadanía Participativa (ACI-PARTICIPA).

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