Decenas de personas intoxicadas por gases lacrimógenos este 15 de septiembre de 2017 cuando la policía reprimió una movilización que año a año desde el golpe de Estado de 2009 , realizan miles de ciudadanos y ciudadanas para protestar por la decadencia del  Estado de Derechos y las graves violaciones a los derechos humanos.

La mayoría de los mensajes de la marcha ciudadana estaban relacionados con la condena a la reelección del presidente Juan Orlando Hernández, que es el candidato por el Partido Nacional, a pesar que violenta la Constitución de la República.

Quién da la orden de reprimir?

Los policías tienen una verticalidad en el mando y por lo tanto en la mayoría de los casos no toman decisiones sin que el alto mando les dé las órdenes de reprimir.

Este tipo de hechos han sido una costumbre en diferentes partes del país, los cuerpos represivos del Estado utilizan gas pimienta para dispersar a los participantes, en algunas ocasiones ha habido detenidos como en San Pedro Sula en el año 2010, decenas de manifestantes fueron golpeados y gaseados y otros detenidos.

De acuerdo al relato del artista Roger Rovelo fueron afectadas  muchas personas entre ellas niños.

Asimismo periodistas que se encontraban en la zona como el caso de Miriam Mercado y Félix Cesario que tenían dificultades para respirar, “los cobardes no dejaban de tirar bombas y recuerdo haberle arrebatado a una mujer joven dos bolsas de agua para auxiliar a los pequeños como de 9 y 11 años”, denunció.

Según explicó en su cuenta de facebook la policía llegó a provocar para tener justificación para reprimir, “la policía que llegó a provocar y a reprimir a niños, jóvenes y ancianos, sin importarles la vida de las personas y disparando a mansalva despiadada sus bombas con gas pimienta contra el pueblo indefenso, que salió en multitudinaria manifestación a protestar en esta fecha que recuerda la "independencia" contra el gobierno tirano, corrupto, criminal y usurpador, de Juan Orlando Hernández Alvarado, el más tirano y corrupto criminal, de todos los presidentes traidores que ha tenido Honduras”.

Relató que disparaban en los cuerpos de las personas las bombas lacrimógenas dejándolas con golpes y quemaduras, lo cual hicieron con saña y premeditación.

Qué dicen los organismos internacionales sobre la represión a las manifestaciones 

Para censurar a sus opositores, los gobiernos, cuya legitimidad o decisiones políticas son públicamente discutidas en manifestaciones populares, recurren a veces, supuestamente para proteger la seguridad nacional y el orden público, a las derogaciones justificadas por un peligro público excepcional. Estos gobiernos, juzgando que el derecho a la libertad de expresión limita su posibilidad de prohibir demostraciones de oposición, utilizan a veces limitaciones y suspensiones de la libertad de expresión para criminalizar la protesta social como forma de expresión, señala la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH en su informe “La protesta social pacífica: ¿un derecho en las Américas?”.

La manifestación pacífica es uno de los derechos que más pone en evidencia el grado de respeto y responsabilidad de un Estado con los derechos humanos y la fortaleza de sus instituciones democráticas para evitar y prevenir el uso abusivo o violento del poder público en contra de los ciudadanos, expresa Civilis Derechos Humanos en el documento "Derecho a la manifestación pacífica",  de enero de 2013.

Puede definirse como un ejercicio de acción cívica para expresar de forma pública inconformidad o insatisfacción con problemáticas no resueltas, de diversa índole. Esta acción cívica también puede estar motivada por la indignación, la disidencia o la resistencia ante políticas públicas o conductas de los poderes públicos que afectan de manera significativa el ejercicio de derechos, argumenta.

La manifestación tiene fundamento jurídico en el derecho a la disidencia, y está relacionada con la protección de las minorías y el respeto a los derechos individuales en el marco de una sociedad libre y democrática. La disidencia es “…la posibilidad de decir “No” a situaciones en la que prevalecen la indignidad, la falta de libertad o la desigualdad”. Las personas pueden expresar pacíficamente sus desacuerdos con la opinión oficial o la de otros, y luchar por ser reconocidos como libres e iguales en sus derechos, destaca Civilis Derechos Humanos.

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En un pronunciamiento público, diversas organizaciones de derechos humanos demandaron la inmediata suspensión del Ministro de Seguridad; la cúpula policial que participó en la represión contra defensores de derechos humanos y estudiantes, el pasado 08 de septiembre, así como de la rectora Julieta Castellanos, en una conferencia de prensa este 11 de septiembre de 2017.

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Sin duda que dos temas de mucha controversia son la reelección del presidente Juan Orlando Hernández , la cual es inconstitucional, y la depuración policial que es vista por organismos nacionales e internacional que adolece de transparencia, estos fueron dos de los temas que el Foro Honduras-Suiza conversó con la Plataforma por la Democracia y la Alianza por la Justicia, este 06 de septiembre de 2017.

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La lucha de hombres y mujeres contra el llamado “pillaje” se generó cuando empezó la construcción de las casetas del “peaje” en la carretera del municipio de San Manuel, departamento de Cortés,  que conduce hacia la ciudad de El Progreso, departamento de Yoro, en la zona norte de Honduras.

Como señal de “no pague” se veía a lo lejos el humo de las llantas quemadas en medio de las casetas de cobro, pero antes ya había antecedentes de protesta de los habitantes en la salida del lugar conocido como La Barca, en San Manuel, siempre en Cortés.

A todo esto, la reacción de David Palma, Gerente de la Concesionaria Vial Honduras S.A de C.V., COVI, la empresa a la que el gobierno le otorgó la concesión de administrar las casetas del peaje dijo en julio de 2016 que no sabía quién estaba edificando las mismas.

 Mujeres encabezan

Suayapa majano 

Suyapa Majano

Algo interesante y que muchas veces queda en el anonimato es que en El Progreso, Yoro,  “nadie paga peaje” porque desde hace más de seis meses hay un campamento permanente de manifestantes que les recuerdan a los transeúntes que tiene vía libre para circular.

La gran mayoría de estas personas son mujeres ellas le han hecho frente desde el inicio de la lucha, y están allí inamovibles.

Suyapa Oneyda Majano una de las coordinadoras del “Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP)” y miembra de la “Mesa de Indignados” de ese lugar, relató que es una de las que se apostaron en el sitio donde colocaron la primera piedra para la construcción del peaje.

“Salimos a la calle a protestar y a hacerle conciencia a la gente en el punto de las futuras casetas, todos los sábados les poníamos estiker a los carros porque para ellos el peaje es ilegal, es un aprovechamiento de una empresa sobre carreteras que ya estaban construidas con nuestros impuestos desde hace más de 20 años” ,adujo.

Prácticamente las mujeres son las que sostienen presencialmente la toma sí cuentan con el respaldo de algunas organizaciones y personas que no pueden apoyar en el campamento pero colaboran de otras formas.

“Las que estamos allí casi somos puras mujeres desde que inició el campamento permanente hace seis meses y los compañeros que hacen turno por las noches, el resultado es que la población que transita por ese lugar no paga peaje”, informó Majano.

Recordó que el primer día que se instalaron la gente que pasaba se bajó de los automóviles en señal de aprobación de la toma y que nadie pagaría el peaje, ese es el efecto de la lucha que emprendimos”, enfatizó muy orgullosa.

Dicha acción cesará hasta que formalmente el Estado se comprometa pública y legalmente a que les liberen las carreteras progreseñas, que suspendan las casetas de cobro porque ya el pueblo no va a pagar, lo que lograría Juan Orlando Hernández es que se le revuelva la gente si la quieren obligar a pagar”, advirtió.

La entrevistada destacó que desde que se empezaron con las acciones han aguantado un sinnúmero de represiones, “nos golpean, gasean, meten a la cárcel y persiguen, nos han hecho tantas cosas a todos y todas aquí en esta lucha, nos marcaron, una vez resistimos dos horas en medio de los gases”.

Majano denunció que en las represiones varios manifestantes tuvieron que ser atendidos en el hospital, “nos echaban los cobras sin importarles que habían niños entre nosotros, le daban a quien tuvieran por delante”,.

Autoridades locales

 “Nosotros no hemos tenido apoyo de la alcaldía, se ha hecho de oídos sordos, le solicitamos un cabildo abierto para que la gente expresara su malestar y que  el alcalde Alexander López se pronunciara públicamente en contra, dando a conocer la voluntad de la población”.

Sin embargo el edil dijo que estaba en contra, “es pura paja-mentira- porque cuando ha venido gente de Tegucigalpa que se reune con él, dice que está a favor, de hecho ha tratado de llamar a la gente para que esté de acuerdo”.

Una víctima con daños irreversibles

Fue en la protesta del 21 de septiembre del año pasado que en medio del humo y las carreras de los manifestantes, policías sometieron a la impotencia a la periodista Dunia Montoya, que yacía en el suelo con la bota del alto y fornido uniformado de apellido “Arzú”, rodeada de un cordón de hombres armados con toletes ensañándose en el cuerpo de la comunicadora, por lo cual hasta ahora el sistema jurídico le retrasa la justicia.

Gerardo Chevez, testigo ocular de la agresión de Montoya, calificó el retraso de justicia como una estrategia de la policía preventiva, porque “están jugando al cansancio, pero la compañera Dunia no desistirá, es necesario sentar precedentes en el país, ya que aquí se golpean a periodistas y no pasa nada”.

Para el comunicador es necesario que se den cuenta que no pueden seguir agrediendo a comunicadores y comunicadoras, y que este proceso no solo se le debe aplicar al policía Arzú,“la orden viene desde el nivel central, desde casa presidencial, es toda una estructura represiva por parte del Estado”, indicó Chévez.

Como mujeres están apoyando el proceso en el que se encuentra Dunia Montoya, “fue golpeada en presencia de todos por la policía mandada por jefes superiores”, mientras ella andaba haciendo su trabajo periodístico, “la golpearon vilmente, hasta la fecha sufre de dolores físicos y emocionales”, por lo que  la acompañaran hasta el final anunció Majano.

La lucha de hombres y mujeres contra el llamado “pillaje” se generó cuando empezó la construcción de las casetas del “peaje” en la carretera del municipio de San Manuel, departamento de Cortés,  que conduce hacia la ciudad de El Progreso, departamento de Yoro, en la zona norte de Honduras.

Como señal de “no pague” se veía a lo lejos el humo de las llantas quemadas en medio de las casetas de cobro, pero antes ya había antecedentes de protesta de los habitantes en la salida del lugar conocido como La Barca, en San Manuel, siempre en Cortés.

A todo esto, la reacción de David Palma, Gerente de la Concesionaria Vial Honduras S.A de C.V., COVI, la empresa a la que el gobierno le otorgó la concesión de administrar las casetas del peaje dijo en julio de 2016 que no sabía quién estaba edificando las mismas.

Mujeres encabezan

Algo interesante y que muchas veces queda en el anonimato es que en El Progreso, Yoro,  “nadie paga peaje” porque desde hace más de seis meses hay un campamento permanente de manifestantes que les recuerdan a los transeúntes que tiene vía libre para circular.

La gran mayoría de estas personas son mujeres ellas le han hecho frente desde el inicio de la lucha, y están allí inamovibles.

Suyapa Oneyda Majano una de las coordinadoras del “Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP)” y miembra de la “Mesa de Indignados” de ese lugar, relató que es una de las que se apostaron en el sitio donde colocaron la primera piedra para la construcción del peaje.

“Salimos a la calle a protestar y a hacerle conciencia a la gente en el punto de las futuras casetas, todos los sábados les poníamos estiker a los carros porque para ellos el peaje es ilegal, es un aprovechamiento de una empresa sobre carreteras que ya estaban construidas con nuestros impuestos desde hace más de 20 años” ,adujo.

Prácticamente las mujeres son las que sostienen presencialmente la toma sí cuentan con el respaldo de algunas organizaciones y personas que no pueden apoyar en el campamento pero colaboran de otras formas.

“Las que estamos allí casi somos puras mujeres desde que inició el campamento permanente hace seis meses y los compañeros que hacen turno por las noches, el resultado es que la población que transita por ese lugar no paga peaje”, informó Majano.

Recordó que el primer día que se instalaron la gente que pasaba se bajó de los automóviles en señal de aprobación de la toma y que nadie pagaría el peaje, ese es el efecto de la lucha que emprendimos”, enfatizó muy orgullosa.

Dicha acción cesará hasta que formalmente el Estado se comprometa pública y legalmente a que les liberen las carreteras progreseñas, que suspendan las casetas de cobro porque ya el pueblo no va a pagar, lo que lograría Juan Orlando Hernández es que se le revuelva la gente si la quieren obligar a pagar”, advirtió.

La entrevistada destacó que desde que se empezaron con las acciones han aguantado un sinnúmero de represiones, “nos golpean, gasean, meten a la cárcel y persiguen, nos han hecho tantas cosas a todos y todas aquí en esta lucha, nos marcaron, una vez resistimos dos horas en medio de los gases”.

Majano denunció que en las represiones varios manifestantes tuvieron que ser atendidos en el hospital, “nos echaban los cobras sin importarles que habían niños entre nosotros, le daban a quien tuvieran por delante”,.

Autoridades locales

 “Nosotros no hemos tenido apoyo de la alcaldía, se ha hecho de oídos sordos, le solicitamos un cabildo abierto para que la gente expresara su malestar y que  el alcalde Alexander López se pronunciara públicamente en contra, dando a conocer la voluntad de la población”.

Sin embargo el edil dijo que estaba en contra, “es pura paja-mentira- porque cuando ha venido gente de Tegucigalpa que se reune con él, dice que está a favor, de hecho ha tratado de llamar a la gente para que esté de acuerdo”.

Una víctima con daños irreversibles

Fue en la protesta del 21 de septiembre del año pasado que en medio del humo y las carreras de los manifestantes, policías sometieron a la impotencia a la periodista Dunia Montoya, que yacía en el suelo con la bota del alto y fornido uniformado de apellido “Arzú”, rodeada de un cordón de hombres armados con toletes ensañándose en el cuerpo de la comunicadora, por lo cual hasta ahora el sistema jurídico le retrasa la justicia.

Gerardo Chevez, testigo ocular de la agresión de Montoya, calificó el retraso de justicia como una estrategia de la policía preventiva, porque “están jugando al cansancio, pero la compañera Dunia no desistirá, es necesario sentar precedentes en el país, ya que aquí se golpean a periodistas y no pasa nada”.

Para el comunicador es necesario que se den cuenta que no pueden seguir agrediendo a comunicadores y comunicadoras, y que este proceso no solo se le debe aplicar al policía Arzú,“la orden viene desde el nivel central, desde casa presidencial, es toda una estructura represiva por parte del Estado”, indicó Chévez.

Como mujeres están apoyando el proceso en el que se encuentra Dunia Montoya, “fue golpeada en presencia de todos por la policía mandada por jefes superiores”, mientras ella andaba haciendo su trabajo periodístico, “la golpearon vilmente, hasta la fecha sufre de dolores físicos y emocionales”, por lo que  la acompañaran hasta el final anunció Majano.

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Mayas Chortí, Pech, Lencas y Garífunas se manifestaron hoy jueves 20 de abril, frente a las instalaciones del edificio de las Naciones Unidas, ONU,  para exigir el derecho a la participación en la construcción de planteamientos en el anteproyecto de la Ley de  Consulta previa, libre e informada, porque consideran que la que el gobierno está supuestamente socializando es adaptada para que sigan los proyectos de muerte en sus territorios.

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El crimen como un recurso de la élite de poder para lograr sus despojos, se demuestra con el caso de Berta Cáceres, la que fue asesinada el tres de marzo del presente año, sin que los autores intelectuales del delito se les haya formulado cargo alguno. La combinación de ejecutivos de la empresa DESA -propiedad del clan Faraj Atala- asociados con militares, entre ellos un mayor del ejército, instructor de la tenebrosa Policial Militar; es un indicador de la complicidad del estado con los asesinos, señalaron Organización Fraternal Negra Hondureña, OFRANEH y la Plataforma del Movimiento Social y Popular de Honduras, PMSPH, en un comunicado emitido.

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La solución a los problemas actuales en la UNAH  pasa por un diálogo que tenga la capacidad de sentar a conversar a todos los actores: las autoridades, estudiantes, profesores y trabajadores de la universidad, “si no se puede empatizar, no puede haber educación universitaria y se convierte en una educación bancaria”, dijo Juan Almendares Bonilla, defensor de derechos humanos, ex rector de la universidad y director del Centro para la Prevención Tratamiento y Rehabilitación contra la Tortura, CPTRT, en entrevista con pasosdeanimalgrande.com

La Sala tres del Tribunal de Sentencia de la Corte Suprema de Justicia, CSJ, dictó sobreimiento definitivo a favor de 24 campesinos y campesinas del Aguan acusados de daños contra el Estado de Honduras en su calidad de meros espectadores, según proceso incoado desde el 21 de agosto de 2012 por el Ministerio Público.

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