En un conversatorio denominado “Reducción de la edad de imputabilidad en Honduras”, desarrollado la semana pasada, varios organismos internacionales sostuvieron que encerrar a niños y niñas no es la solución para disminuir los niveles de violencia en la que está sumergido el país, en tanto que es necesario dejar de edificar cárceles para convertirlas en escuelas y con esto se generen las condiciones para que ellos gocen de los derechos más fundamentales.

“El Estado no quiere cumplir con el reintegro y nosotros no vamos a agarrar dinero, ellos lo que quieren es darnos una indemnización extra, ya la CorteIDH dijo que no era así, sino que ellos tienen que reintegrarnos”,  explicó la ex magistrada Tirza Flores Lanza.

Debido a que las mujeres negras poseen pocos recursos económicos son limitadas en sus derechos políticos, aunque son vistas para ser electas, pocas veces tienen oportunidades para participar activamente en puestos de decisión dentro de los institutos políticos y menos para optar a cargos de elección popular, manifestó Marlen Lino, candidata a diputada por el partido Libertad y Refundación (LIBRE).

Con el proyecto hidroeléctrico Cuyamel II en el  municipio de San Francisco, departamento de Atlántida, la empresa Compañía de Energía de San Francisco S.A, CONERSA,  se violentan los derechos humanos de al menos siete mil habitantes que además de luchar por proteger su medio ambiente deben soportar los abusos del Cuarto Batallón de Infantería que pone en grave riesgo el  derecho al agua , según un informe publicado recientemente en Honduras.

Desde hace casi siete décadas el Banco Mundial (BM) promovió la privatización de los ríos hondureños, convirtiéndola en la nueva forma de colonización para explotar los recursos naturales del país. Dicha conquista moderna trae consigo la violación a los derechos humanos de las comunidades donde se desarrollan los grandes proyectos hidroeléctricos, acrecentando la represión y la muerte que amenaza constantemente las vidas de los y las defensoras de los territorios.

Este domingo 28 de mayo del 2017 perdieron la vida cuatro aficionados de dos equipos de futbol, mientras forcejeaban para entrar al estadio nacional “Tiburcio Carias Andino”, tratando de respirar debido al efecto de las bombas lacrimógenas que elementos de la Policía Nacional dispararon para contener la masa de gente que con sus cuerpos mojados por el agua de las tanquetas, formaron una estampida pasando por sobre la humanidad de los hoy sin vida.

“Elementos de la Empresa de Seguridad Privada del Aguán,ESPA, se encapucharon con camisetas blancas, negras y de otros colores, armados con palos, machetes, gas pimienta y lacrimógeno, entraron dando golpes sobre el suelo para intimidarnos”, relató uno de los estudiantes detenidos en la madrugada del 25 de mayo del año en curso, en las instalaciones del edificio administrativo de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras,(UNAH).

Para enfrentar la judicialización y criminalización de las mujeres indígenas y negras luchadoras , se  reúnen en la capital hondureña decenas de mujeres aglutinadas en la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas y Negras de Honduras,CONAMINH, que condena además el racismo patriarcal presente en  los proyectos extractivistas, los cuales son posibles gracias al contubernio del Estado de Honduras a través de sus diferentes instituciones , realizarán su segundo encuentro entre los días 23 al 25 de mayo de 2017.

Un grupo de expertos internacionales y de las Naciones Unidas en derechos humano hizo un llamamiento a los Estados para que despenalicen y despatologicen las identidades trans y de género diversas, en especial de las personas jóvenes trans, para que prohíban las “terapias de conversión” y para que se abstengan de adoptar nuevas leyes penalizadoras y clasificaciones médicas patologizadoras , en el marzo del Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia, que se conmemoró el día de ayer 17 de mayo de 2017.

 El día 10 de mayo será recordado como la fecha en que salió a luz pública la maniobra política que grupos de poder desde las esferas del Partido Nacional y desde Washington  han puesto en marcha para boicotear el trabajo de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH). El alcance de estos planes va dirigido a provocar un cambio de coordinación en la MACCIH y a desarmarle por completo en sus actuaciones.