En la visita el equipo de Amnistía Internacional que arribó al país el pasado domingo 05 de marzo, sostuvo una serie de reuniones con principales actores en el gobierno de la República, con el Fiscal General, Comisionado Nacional de Derechos Humanos y con los y las integrantes del COPINH, como parte afectada luego por el asesinato contra Cáceres.

Erika Guevara Rosas, Encargada de las Américas de AI, mencionó que la llegada de la Misión al país se marcó por la trágica muerte de la Coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) Bertha Cáceres, quien fue asesinada el pasado jueves 03 de marzo en su casa de habitación en la ciudad de La Esperanza, Intibucá, 400 kilómetros al occidente del país.

Como punto de partida, Guevara Rosas destacó una crisis profundizada por altos niveles de impunidad y corrupción en el sistema de justicia y un aumento en la violencia ejercida hacia los defensores y defensoras de Derechos Humanos, específicamente a quienes realizan su trabajo en defensa del territorio.

Palabras retoricas y compromisos vacíos

Dentro de la agenda de reuniones a sostener, AI, se reuniría con el presidente de la República, Juan Orlando Hernández, para conocer su versión sobre cómo se está manejando desde el Estado el crimen contra la defensora de derechos humanos,pero la Directora para las Américas le dijo a los medios de comunicación que hasta hoy no han confirmado la cita.

Con este hecho y sumada la información obtenida en su estadía en el país, la Misión de Amnistía Internacional calificó el papel del Estado como lamentable “ya que hasta el momento es un conjunto de palabras retóricas y compromisos vacíos que no ofrecen planes ni acciones concretas para atender la grave crisis que enfrentan los defensores y defensoras”.

La representante de la organización de derechos humanos con sede central en Londres, aseveró que desde el Estado no existe voluntad alguna para el complimiento de la Ley de protección a periodistas, comunicadores, defensores de derechos humanos, aprobada desde mayo del año anterior, pero que aún no tiene un reglamento que la haga entrar en función.

Es por ello, reafirmó Guevara Rosas, que Honduras es catalogado como uno de los países más peligrosos para el ejercicio de la defensoría de derechos humanos, con una situación de mayor riesgo para quienes defienden el territorio.

Según las estadísticas recopiladas por distintas organizaciones de sociedad civil hondureñas, en años cinco años aproximadamente unos tres mil defensores y defensoras de la tierra y los recursos naturales, han sido objeto de criminalización por parte del Estado hondureño, con ello se demuestra que la normativa del derecho penal actúa para acosar y hostigar su labor.

No fue un crimen pasional

Respecto a las diversas hipótesis en torno al asesinato de la dirigente indígena, Guevara Rosas expresó que es preocupante ya que desde Amnistía Internacional han documentado miles de casos  de hostigamiento, de acoso y violencia en contra de defensores y defensoras de derechos humanos  y lamentablemente la tendencia cuando existe un crimen de esta naturaleza tan violento,  lo primero que se filtra a la prensa son elementos conducentes a desviar el proceso de investigación.

Acotó que en este caso, la primera línea de investigación prioritaria del Estado es la defensa de los derechos humanos y en el caso de Bertha Cáceres, que era una reconocida defensora del territorio a nivel internacional con una serie de acosos, amenazas directas e indirectas, sumado a que fue objeto de criminalización en el año 2013 por parte del Estado, no puede ser presentado con vínculos vacíos y sin sostenibilidad.

“Es indispensable que el Estado tome con seriedad el caso de nuestra compañera defensora. A pesar de que fue reconocida a nivel internacional como defensora,  fue asesinada, colocando así en una grave situación de indefensión al resto de compañeros y compañeras que acompañan esta labor”, dijo.

Proceso de investigación muestra deficiencias en la parte forense

Con la información obtenida por diversos sectores involucrados en la defensa de los derechos humanos, la representante para las Américas de Amnistía Internacional cuestionó severamente el trabajo de la parte forense en el proceso investigativo del asesinato de Bertha.

Dijo  que “en el entorno en donde se cometió este crimen tenemos serias preocupaciones por cómo se está llevando a cabo esta investigación”.

 Seguidamente informó que El Comisionado de Derechos Humanos, (CONADEH),  le informó a esta misión de defensores internacionales que han estado acompañando todas las diligencias sobre el crimen desde el primer momento en el que se apersonaron el jueves 03 de marzo  a las 08 de la mañana, cuatro horas después del asesinato en contra de la defensora del territorio indígena lenca.

Desde el momento del asesinato contra la lideresa indígena, su familia solicitó la presencia de peritos forenses durante la realización de la autopsia y la preparación del cadáver, pero esto les fue negado. La organización afirmó desconocer el actuar del personal enviado al país por parte del FBI, que llegó el domingo anterior con órdenes directas de la embajada norteamericana.

“Nosotros exigimos al Estado que escuche las consideraciones que hacen las organizaciones de sociedad civil, en un contexto de impunidad frente a graves violaciones a derechos humanos como existen en Honduras, con conocidos problemas en las investigaciones penales y criminales y sobre todo la  insuficiente capacidad forense que existe, tenemos preocupaciones serias que se pueda llevar a cabo un proceso de investigación imparcial, expedita e independiente”, señaló.

Caso Gustavo Castro: Es una víctima pero es tratado como autor del hecho

Otro punto al que hizo referencia esta delegación fue la situación de Gustavo Castro Jiménez , coordinador de la organización Otros Mundos, con sede en Chiapas, México, a quien el juzgado a cargo le emitió una alerta migratoria por 30 días, impidiéndole regresar a su país.

Castro Jiménez estuvo presente en el asesinato contra Bertha Cáceres, ya que se hospedó en la misma casa, fue herido en un brazo y cabeza, salvándose porque los asesinos lo dieron por muerto. Este hecho según Guevara Rosas, puede ser catalogado como intento de homicidio y se debe proceder conforme a ley .

“Se le ha pedido – a Gustavo Castro-  en múltiples ocasiones que rinda declaración pero hasta ahora tampoco nos han informado las autoridades si han iniciado trámites para que también se presenten personas a quienes Bertha señaló como responsables de acoso, y amenaza en su contra”, pormenorizó la representante de Amnistía Internacional.

En las últimas horas una denuncia en hecha por la organización de la que Castro es su coordinador, le exige a las autoridades hondureñas acciones de mayor contundencia y fuerza para lograr que el Gobierno de Honduras garantice su salida inmediata del país.

Mientras el Río Gualcarque recorre su cauce, la memoria de la dirigente indígena-lenca Bertha Cáceres, se debate entre las demandas de justica de sus familiares y el papel lamentable  que presentan tanto las autoridades judiciales y del gobierno hondureño.