Las acciones previas a las elecciones generales que datan de meses atrás suman desde acciones legislativas, en la Corte Suprema de Justicia, Ministerio Público, aunado a la concentración de poder en las manos de Hernández, con el objetivo de tener segura la reelección presidencial.
Víctor Fernández, Coordinador del Movimiento Amplio por la dignidad y la Justicia comentó que la denuncia consiste básicamente en seis: asociación ilícita que empezó hace unos años, como lo dice el art 332 del código penal, tenía el propósito de desarrollar una serie de comportamientos que permitieran imponer la postulación a la reelección del mandatario
Lo anterior según Fernández trajo como consecuencia hechos violentos como las muertes violentas, la falsificación de documentos electorales, detenciones masivas, esto tiene un curso criminal que ha desbaratado el país, la institucionalidad del país, en la gente que fue a votar por la acción reeleccionista así como los que también eligieron por otros candidatos.
El Coordinador del MADJ señalo que una institución como la MACCIH no puede estar al margen de acciones como ésta que está vulnerando los derechos humanos de un país entero, “esta crisis generada por la corrupción pública de este país, hemos pedido que rompan con cualquier cálculo, es decir que en todo caso sea la justicia la que prive en esto, que ningún pacto político implique negociar la impunidad, porque ya hay personas muertas en el país, que han sido vulneradas en sus derechos, hay una afectación a la salud física y mental de los ciudadanos”.
Dentro de los puntos también se pide a la MACCIH que se investigue a aquellas corporaciones televisivas que han sido beneficiados seguramente de manera insultante para la miseria que tiene este país y por eso han tenido una línea editorial fundada en la mentira creando condiciones adversas a los resultados electorales, “eso le hemos dicho a la MACCIH, son unos corruptos que salen en los medios de comunicación casi reconociendo que son unos corruptos, no puede haber impunidad frente a todo lo que han hecho este grupo delictivo que hoy esta convertido en gobierno”, cuestionó el entrevistado.
El también abogado expresó que el Decreto PCM-084-2017 con el que se aprobó el Estado de sitio el 01 de diciembre de 2017, no es más que una violación a las Garantías Constitucionales, es un hecho que va en la cadena de los abusos, pero el abuso mayúsculo es el fraude electoral y es una evidencia más del desenfreno de este pequeño grupito que ha decidido romper todo el ordenamiento jurídico, acusó.
Calificó que es una pena tener que volver a vivir estos episodios “en los que tengamos que normalizar esta violencia que ha instaurado la Policía Militar del Orden Público, desatando una jauría con posibilidades de quitarle la vida a los ciudadanos, “ y por eso estamos insistiendo que haya una conexión de una investigación integral, en la cual traiga justicia a los ciudadanos y ciudadanas”.
Estamos en una dictadura y por eso confiamos en la reacción popular, organizar esta indignación popular sigue siendo un reto para esos liderazgos de este país que de alguna manera estamos comprometidos para revertir todas estas acciones que vulneran los derechos de este pueblo.