Las personas capturadas se oponen a la instalación de varios proyectos de energía fotovoltaica, que amenazan con desaparecer las fuentes de agua de las comunidades de Rancherías, Costa Azul y Guamerú, en Namasigüe, departamento en Choluteca.
De acuerdo con la cita librada por la DPI el pasado miércoles 10 de abril, los ambientalistas debían presentarse este jueves 11 de abril, a las nueve de la mañana en calidad de testigos, sin embargo, al llegar a las oficinas policiales, fueron capturados y enviados la cárcel.
Los ambientalistas criminalizados son Nelson Gómez, Erasmo Pastrana, Kelvin Gómez, Félix Pastrana, Marlene Pastrana, Carina Aguilar, Ancelma Escobar, Zulema Mendoza.
La picardía policial
Evitando la fatiga y al estilo del comediante mexicano doctor Chapatín, la policía de investigación de Choluteca citó a los ambientalistas para que llegaran a la jefatura departamental a declarar como testigos, pero el jefe de esa unidad, mantenía en su poder una orden de captura, librada por el Juzgado seccional de letras de esa ciudad, el 04 de febrero pasado.
DPI recurrió a la trampa para capturar a 8 ambientalistas que se oponen a la destrucción de su medio ambiente
Eso indica que la policía no es un ente de confiar y que en este caso utilizaron la mentira y la buena fe de estos defensores de los recursos naturales.
“Con instrucciones de este tribunal sírvase ordenar a quien corresponda su inmediata captura”, dice el oficio 1007-19, que el 04 de febrero le envió el juez, José Enrique Romero Grillo al jefe departamental de la Policía Nacional, es decir, la orden era capturarlos, no tenderles una trampa como lo hicieron.
La captura de los ocho ambientalistas se produce en medio de la convulsión social que ha producido en ese departamento, el asesinato del joven Wilfredo de Jesús Moncada, a manos de policías que desalojaron violentamente una manifestación pacífica de pobladores.
Criminalización
En Namasigüe, Choluteca, las empresas noruegas Norfund y Scatec, desarrollan el Proyecto Fotovoltaico, Los Prados, conformado por cinco empresas que a finales del 2013 fueron constituidas por Liana Maria Bueso Majano y Jim Eloy Muñoz Gómez, quienes sin contar con la mínima infraestructura consiguieron contratos de energía con el gobierno nacionalista de Porfirio Lobo Sosa y Juan Orlando Hernández.
Aparte, los pobladores alegan falta de consulta previa y daños al ambiente, ocasionados por construcción de plantas de energía solar. Según las reformas del 2013 a la Ley de Promoción de la Energía Renovable, cada empresa debe consensuar un plan de responsabilidad social empresarial con las comunidades afectadas por la tala de árboles y otros efectos de la construcción de las granjas solares, pero en este caso no se realizó.
También han denunciado que la construcción de los proyectos está destruyendo las fuentes de agua de Rancherías, Los Prados I y Los Prados II, Santa Emilia, El Obraje y El Chaguitón.
