En su comunicado COPA denunció la detención Ilegal de al menos ocho jóvenes que en Guapinol, en Tocoa Colón, fueron sacados de sus casas, sin orden de captura, por militares y policías.

El operativo tuvo lugar el sábado 08 de junio recién pasado, y gracias a la intervención de la comunidad que se manifestó a favor de los detenidos, las autoridades liberaron a los muchachos, horas después.

Guapinol es una comunidad, situada en la jurisdicción de Tocoa, que lucha por la defensa de su territorio, ante la amenaza que representa una concesión minera, otorgada por el gobierno, de manera ilegal, a la empresa Inversiones Los Pinares, propiedad de Lenir Pérez y su esposa, Ana Facussé.

La esposa de Lenir, es hija del eterno cazador de campesinos, Miguel Facussé, un terrateniente agroindustrial, acusado del despojo de las tierras a innumerables familias beneficiarias de la reforma agraria, en la región del Aguán.

La última lucha que libró Facussé fue contra el Movimiento Campesino del Aguan, (MUCA), que a su paso dejó a adecenas de campesinos y campesinas muertas violentamente.    

Y ahora su hija Ana, se ve involucrada en una empresa minera, que amenaza con desaparecer las fuentes de agua que alimentan a toda la población de Tocoa, conformada de 80 mil habitantes.

Pero la denuncia de COPA no so es contra el gobierno de la República, sino además para la corporación municipal de Tocoa, encabezada por el alcalde, Adán Funes Martínez, quien también se han negado a escuchar las demandas y exigencias de las comunidades, que piden la realización de un cabildo abierto para declarar libre de minería a ese municipio.

El conflicto en Guapinol se origina por el irrespeto del Congreso Nacional, que en el 2013 aprobó reducir 217,34 hectáreas del Parque Nacional Carlos Escaleras, antes montaña de Botaderos, para dárselos en concesión a la compañía Inversiones Los Pinares.  

Y por la defensa de ese territorio la comunidad de Guapinol ha sido víctima de una oleada de represión, que va desde el lanzamiento de gases tóxicos, que en la última década se han vuelto común en Honduras, hasta el encarcelamiento de sus líderes sociales y acusaciones falsas mediante campañas de desprestigio y de odio contra organizaciones que los apoyan.

En febrero pasado 12 defensoras y defensores, organizados en el Comité Municipal para la Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa, que se oponen a las operaciones la empresa minera, Inversiones Los Pinares, fueron criminalizados en un tribunal con jurisdicción nacional y encarcelados durante seis días, pero liberados después por falta de sustento en la acusación.

En ese momento, también varios miembros de esta organización fueron víctimas de campañas de desprestigio y acusaciones falsas en los perfiles digitales “Alma del Tocoeño” y “Noticias Tocoa”, donde los trataron de vincular con la muerte violenta de dos empleados de la compañía minera.

Asimismo el Ministerio Público elaboró un croquis donde señalaba el Comité de Bienes Comunes era una estructura criminal y colocó a varios de sus líderes, lo cual resultó falso. Hasta la fecha no se han deducido responsabilidades a los fiscales que construyeron la trama para dejar encarceladas a las 12 personas de Guapinol.