El 15 de abril de 2016 una misión que participó en el Encuentro Internacional de Los pueblos “Bertha Cáceres VIVE”, fue atacada por empleados de la empresa hidroeléctrica Desarrollos Energéticos, S.A, DESA, cuando sus delegados asistían a una ceremonia especial a orillas del Rio Gualcarque, en la comunidad de San Ramón, departamento de Santa Bárbara. Hombres con machete en mano procedieron a generar la violencia contra la acción pacifica de solidaridad que hacían los defensores internacionales , y aunque se denunció el hecho, la policía tardó mucho tiempo en intervenir, lo que puso en peligro la vida de decenas de participantes.
Mecanismo de Protección solo fue excusas
“La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras, expresa su enérgica denuncia pública sobre la evidente y sistemática inoperancia del Mecanismo de Protección para proteger la vida de las mujeres que defienden sus cuerpos y tierras. La Coordinadora de esta Red hizo múltiples llamadas y solicitudes antes, durante y después de la presencia de la misión para solicitar que cumplan con su trabajo, pero no hicieron más que expresar excusas y no movilizaron ningún tipo de resguardo para nuestras compañeras”, denunció a través de un comunicado distribuido por redes sociales esta organización.
La Asamblea de Mujeres Luchadoras de Honduras ha definido acuerpar las luchas territoriales, “en particular las que se encuentran en conflicto, con presencia, actividades espirituales, gastronómicas y toda ternura de compartir el destino de luchar por esta tierra”, agrega el documento.
Esa misión llegó a Río Blanco, una comunidad lenca, que ha hecho defensa de su territorio contra la empresa hidroeléctrica DESA, la misma que ha sido señalada de estar involucrada en el crimen de la Coordinadora General del COPINH¸la defensora indígena Berta Cáceres, asesinada en marzo de 2016, por interponerse en el camino del proyecto Agua Zarca, el cual aún se pretende establecer a fuerza de presión contra la comunidad.
Eran aproximadamente las 7 y 30 a.m del 17 de agosto de este año, cuando la misión constituida por unas 20 mujeres junto a integrantes del COPINH, fueron amenazados por hombres de la familia Madrid que actúa en completa impunidad, y además obstaculizaron el paso del vehículo en que viajaban. Ante el grave riesgo en que se encontraban hicieron reiterados llamados al Mecanismo de Protección, pero no hubo respuesta, según una alerta del COPINH en su sitio web.
En semanas anteriores el COPINH ha denunciado reiterados ataques entre ellos contra la defensora Rosalina Domínguez, por ex empleados de DESA; destrucción de las cosechas en Río Blanco por la policía y el ejército. Hasta ahora estas personas ni siquiera han sido indagadas por el Ministerio Público, a pesar que suman más de 20 ataques contra la comunidad de Río Blanco.
Este tipo de acciones son similares a las ocurridas a Berta Cáceres antes de que fuera asesinada, pero a pesar de tener medidas cautelares emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, ella no fue protegida. En julio de ese año el Ministro de Seguridad, Julián Pacheco admitió que “cometimos errores”, en la protección de Berta Cáceres.
A pesar que hay unos nueve implicados en el caso, entre ellos empleados de la hidroeléctrica DESA, ex militares y señalamientos de la familia de la víctima de que los directivos de la compañía son los autores intelectuales del crimen, no ha habido justicia pronta, y el actuar del Ministerio Público ha dejado en evidencia que el Estado de Honduras está protegiendo a quienes planificaron y ordenaron la ejecución de la defensora Cáceres.
Al país ha llegado en esta semana Diego García-Sayán -, Relator especial sobre la independencia de jueces y abogados, que ya se reunió con la Coordinadora del COPINH, Berta Zúniga Cáceres. Su visita es crucial para investigar que Honduras está en serios aprietos en cuanto a cómo se maneja el sistema de justicia.
