La noticia de la arbitrariedad ya saltó las fronteras y muchas organizaciones internacionales se están pronunciando, entre ellas Amnistía Internacional que demanda un debido proceso, investigación imparcial y advierte que la prisión preventiva solo puede ordenarse si hay riesgo de fugas.

En febrero de este año otros 11 defensores y una defensora fueron llevados a juicio, previo a la liberación a través de sobreseimiento definitivo, estuvieron en prisión por 12 días. El juicio no tenía las garantías necesarias para que se defendieran teniendo acceso a la justicia, al contrario el Ministerio Público fabricó una estructura criminal donde colocó a los defensores y los puso en grave riesgo. Al final el profesionalismo y el respeto a la imparcialidad del ente acusador quedaron en entredicho.

La defensa del Río Guapinol es que los mantiene en la mira de un sistema de justicia que besa la mano de la arbitrariedad a  32 defensores, acuerpados por su comunidad y diversas organizaciones nacionales e internacionales.

Esta vez enfrentarán toda la maquinaria estatal Daniel Márquez, Arnold Javier Alemán, Ever Alexander Cedillo, Kelvin Alejandro Romero, Orbin Nahún Hernández, Porfirio Sorto Cedillo y José Abelino Cedillo, quienes en la Audiencia de Imputado fueron enviados a la Penitenciaría Nacional de Támara, igual está Jeremías Martínez, otro defensor detenido en la cárcel de La Ceiba, en el Litoral Atlántico de Honduras, desde diciembre de 2018, por el mismo caso.

Mediante conferencias de prensa y un campamento instalado en las afueras del Ministerio Público de Tegucigalpa, el Comité Pro Defensa de los Bienes Comunes y Públicos, de Tocoa, Colón, ha denunciado desde el 26 de agosto recién pasado, una serie de anomalías en el caso, y la persecución de que están siendo víctimas los pobladores de Guapinol unas horas antes de la audiencia. Los registros ilegales y la vigilancia a la casa de uno de los imputados a pesar que ya se presentó voluntariamente , solo son algunas de las acciones de militarización en el sector.

La Coalición contra la Impunidad y el Comité en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos emitieron un comunicado donde detalla que aparte de los nombres de los defensores arriba indicados se encuentra en el expediente el de Antonio Martínez Ramos, fallecido hace tres años .

Las dos organizaciones demandan que en la audiencia de este 29 de agosto se garantice el Debido Proceso ; se liberen de manera inmediata y se sobresean los cargos que les imputan pues existe el precedente que el 12 de febrero de 2019 se emitió un sobreseimiento definitivo contra 12 defensores que fueron los primeros en presentarse voluntariamente.

Pareciera que hay una especie de mala fe del juez de nombre Carlos Irías De León, que lleva el caso pues los imputados trataron de hablar con él antes de presentarse voluntariamente y no les recibió. Aunque la defensa lo recusó, la corte no admitió el recurso.

Una comisión constituida por organizaciones de derechos humanos se ha hecho presente a diferentes instituciones del Estado este 28 de agosto para denunciarles que persisten las arbitrariedades en el caso y aunque se conformó una Comisión Interinstitucional para solventar el problema de Guapinol el cual según la Secretaría de Derechos Humanos es socio ambiental, siete puntos que darían como resultado avances en la resolución del conflicto, no se han cumplido.

Allí el abogado de la defensa y Director de C-Libre expresó ante funcionarios estatales que los Fiscales fueron denunciados por mala conducta pero siguen conociendo el caso.

La Minera estaría afectando 34 ríos que abastecen a 3 municipios de Colón; 2 en Olancho y Uno en Yoro.

Pero aunque el Estado tiene pleno conocimiento de estos hechos los cuales han sido denunciados desde el 30 de abril de 2016, con denuncias por daños ambientales y trámites ilegales contra los funcionarios que participaron en la autorización la concesión minera, no hay enjuiciamiento de nadie.

Otra cosa paradójica es que hay un precedente procesal de sobreseimiento definitivo que sería una elemento fundamental para que ni siquiera se siguiera enjuiciando a los defensores, pero el Ministerio Público se empecina en llevar a cabo los juicios sin las debidas garantías judiciales.