El 28 de diciembre de 2019 López sufrió un atentado en la comunidad de Masca, en el departamento de Atlántida. Hasta el momento no se ha dado con los responsables del hecho, pese a que OFRANEH en reiteradas ocasiones ha denunciado la persecución, hostigamiento, atentados y el asesinato a miembros y miembras de la organización.

El ataque en contra de Ignacia es el cuarto incidente resultado de la represión en la que atentan o asesinan a personas cercanas a la defensora Amada Martínez, miembra de la coordinación de OFRANEH y hermana de López.

Según la Red de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras, el 12 de diciembre del año pasado también atentaron contra Paula Álvarez. Desconocidos dispararon contra su casa y la hirieron de bala. Días atrás del ataque ya habían asesinado a tres personas, entre ellas la defensora garífuna Mirna Suazo.

Acciones sistemáticas

Los ataques en contra de las y los defensores de las comunidades garífunas se dan en un contexto de la lucha por el territorio, ya que el Instituto Nacional Agrario emitió títulos de propiedad a terceras personas que no pertenecen a la comunidad, siendo estos terrenos ancestrales, pero también la situación se da por la complicidad estatal con terratenientes y grupos criminales, así lo ha denunciado OFRANEH.

Esta situación ha provocado que se genere una ola de violencia por parte de grupos de poder económico y bandas criminales que intentan despojar a la población de sus tierras.

Cabe mencionar que los grupos que ambicionan estos territorios ancestrales han implementado estrategias de terror y exterminio denunciadas contantemente por los pobladores de la comunidad de Masca y por OFRANEH, hechos ignorados por las autoridades nacionales.

La población garífuna es constantemente asediada a través de agresiones, intentos de homicidio y asesinatos. También enfrenta el racismo que limita el accionar para la defensa del territorio, y la estigmatización por parte de medios de comunicación corporativos.

La responsabilidad de la crisis que enfrentan las comunidades garífunas en Honduras es atribuida al Estado hondureño por permitir la usurpación territorial y por corresponder a los intereses de inversionistas que intentan desplazar a las y los defensores y población en general de las comunidades garífunas, según lo han denunciado diversas organizaciones nacionales e internacionales.

Condenas internacionales por violación a derechos de garífunas

El Estado de Honduras fue condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, CorteIDH, el 08 de octubre de 2015 , en el “caso comunidad garífuna de Punta Piedra y sus miembros vs. Honduras”, donde declaró entre otros puntos por unanimidad que :

“El Estado es responsable por la violación del derecho a la propiedad colectiva, reconocido en el artículo 21 de la Convención Americana, y de los artículos 1.1 y 2 de la misma y del derecho a la identidad cultural, en perjuicio de la Comunidad Garífuna de Punta Piedra y sus miembros, en los términos de los párrafos 162 a 202, y 215 a 224 de la presente Sentencia”.

Asimismo que “El Estado es responsable por la violación del derecho a la protección judicial, reconocido en los artículos 25.1 y 25.2.c de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio de la Comunidad Garífuna de Punta Piedra y sus miembros, en los términos de los párrafos 235 a 251 de la presente Sentencia”.

Lea la sentencia completa en este link