Supuestamente las amenas provienen  de “supuestos dueños que son testaferros de una persona con proceso penal en los Estados Unidos”, dijo una fuente.

Los incidentes denunciados vienen dándose desde hace varios años, en los cuales participan, según señalan fuentes que solicitaron reservar su nombre, autoridades del municipio en conjunto con los señalados arriba.

En este contexto, la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos , en una entrevista a pasosdeanimalgrande.com, denunció que la defensora María Santos ha recibido varias agresiones al igual que las demás miembras de la Coordinadora Nacional de los Derechos Indígenas Maya Chortí de Honduras, CONAMINH

Cabe mencionar que la afectada  por su accionar en la defensa del territorio maya,  ha estado judializada hace varios años y hasta el 2019 se le dio la sentencia resolutoria de su caso.

Según lo expresado por la Red de Nacional Defensoras de Derechos Humanos, los ataques han sido sistemáticos desde el 2016, entre ellos; las amenazas, procesos de judialización, campañas de desprestigio, en contra de las líderes de la comunidad, como también se han dado supuestos intentos de compra de conciencia para lograr el despojo de la tierra.

Por su parte la CONAMINH también denunció ante este medio de comunicación que quienes quieren despojarles de sus tierras se han prestado para llevar citatorios .También se mencionó que intentan desviar el cauce de las fuentes de agua, privando a la comunidad de un derecho vital.

Asimismo hacen lo necesario para  impedir  a los indígenas realizar sus labores de agricultura y ganadería, despojándoles de su ganado y herramientas de trabajo, llevando a los animales  a sus predios, para cuando los pobladores intenten recuperarlos acusarlos por invadir su propiedad, en complicidad de la Policía Nacional, según lo manifestado por la organización indígena maya. 

La situación de los pueblos originarios en resistencia por su tierra se enfrentan a ataques sistemáticos, teniendo en consideración que “más de la mitad del territorio nacional se encuentra concesionado y quienes tienen acceso son políticos y empresarios que están involucrados con el crimen organizado ” , señaló la Red de Defensoras de Derechos Humanos de Honduras.

Una situación similar están pasando la comunidad garífuna de Vallecito, en el departamento de Colón,  donde narcotraficantes intentan expulsarlos de su territorio para instalar pistas clandestinas para el tráfico de la droga. En ese contexto la defensora Miriam Miranda ha denunciado reiteradas amenazas, y hace unos años fue secuestrada por hombres armados.

Miranda ha denunciado que el Estado de Honduras ha sido incapaz de darle protección idónea, criticando fuertemente al Mecanismo de Protección por no tomar con responsabilidad su caso y dilatar acciones que pueden proteger su vida.