La Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras, IM-Defensoras, denunció la detención  este 22 de febrero de 2018, de Aquelina Mejía Guerra, defensora de derechos humanos integrante del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, MADJ, quien está siendo acusada por tenencia de bombas de fabricación casera.

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La organización Amnistía Internacional, AI, presentó un informe sobre las graves violaciones a los derechos humanos cometidas en 159 países del mundo, en el que Honduras destaca por el uso excesivo de la fuerza, asesinato de 32 personas, otras heridas por armas fuego , casos de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, según el documento difundido este 21 de febrero de 2018.

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Cinco meses y 23 días suman este 28 de febrero,  en que se realizará la Audiencia de Imputado a las 2:00 p.m, en los Juzgados de lo Penal de Comayaguela, contra los oficiales de policía que torturaron a defensores y defensoras de derechos humanos el pasado 08 de septiembre.La falta de voluntad política para castigar graves violaciones a derechos fundamentales ha fomentado la repetición de los hechos con otros defensores.

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“En cuanto al Mecanismo Nacional de Protección de Defensoras/es, comunicadores/as, periodistas y operadores/as de justicia, denunciamos al menos 4 casos documentados en los cuales aduciendo argumentos respecto del alcance de sus funciones se ha negado a actuar oportunamente para mitigar el riesgo denunciado y que, en 2 de los 4 casos, resolvió desconociendo la importante labor de defensoría realizada por 5 defensores y defensoras de derechos humanos”, denunció este 17 de enero de 2018 la Coalición contra la Impunidad.

Esta organización se pronunció sobre lo que denominó una guerra sucia contra defensores de derechos humanos y líderes sociales a través de campañas de desprestigio, por oponerse al fraude electoral.

El Mecanismo de Protección nace a la luz de la Ley de Protección a Defensores, Defensoras de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia, aprobada por el Congreso Nacional y publicada en mayor de 2015.

Cuerpos de seguridad ejercen hostigamiento contra defensores y defensoras

“Desde la Coalición contra la Impunidad, hemos documentado 63 casos de defensores, defensoras y líderes sociales en situación de riesgo en todo el país, 10 de ellos en El Progreso, Yoro, 29 en Atlántida donde el 1 de enero de 2018 fue asesinado Wilmer Paredes, una de los líderes solicitó protección frente al seguimiento del cual estaba siendo víctima, 2 en Tegucigalpa, 1 en Santa Bárbara, 4 en La Paz, 1 en Choluteca y 17 en Cortés. Datos que no son excluyentes del resto de casos que aún no han sido documentados”, agrega el comunicado público.

Respecto de los riesgos y los ataques de los cuales ahora son víctima los y las defensoras y líderes sociales, denunciamos el papel de los cuerpos de seguridad, como ser la Policía Militar en sectores como Atlántida y zonas de Cortés como ser Cofradía y Choloma y de la Policía Nacional en el sector de Villanueva, Pimienta y Potrerillos, quienes ejercen labores de hostigamiento, persecución e incluso han llevado a cabo allanamientos ilegales en casas de habitación de las personas en riesgo, argumentó esta Red de Organizaciones.

Este es el comunicado hecho público:

Condenamos enérgicamente ataques y campañas de desprestigio en contra de defensores, defensoras y líderes sociales en la coyuntura post electoral

La Coalición contra la Impunidad, condena enérgicamente los ataques y campañas de desprestigio en contra de liderazgos del movimiento social y de los compañeros y compañeras que se han posicionado en contra del fraude electoral.

Como parte de una guerra sucia han estado circulando libelos, afiches y mensajes por las redes sociales mediante los cuales se viene orquestando una campaña de desprestigio, cuyo objetivo es confundir y levantar perfiles de compatriotas comprometidos y comprometidas con cambios políticos y sociales en nuestro país.

Estas campañas dieron inicio en Tegucigalpa señalando a dirigentes de la Alianza de Oposición contra la Dictadura de determinados hechos violentos, continuó el 23 de diciembre en Atlántida con personalidades que ejercen participación en la vida pública de las comunidades, posteriormente en El Progreso el 30 de diciembre de 2017, contra el Ismael Moreno, reconocido como el Padre Melo, Bartolo Fuentes, Araminta Pereira y Karina Flores, Roberto Rivera, entre otros(as), y en una segunda ocasión el 6 de enero de 2018 vinculándoles al tráfico de armas en contubernio con agentes policiales depurados.

El más reciente ataque se suscitó el 14 de enero en contra de liderazgos del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ), específicamente en contra de Martín Fernández, coordinador general y Víctor Fernández, a quienes se les señala de forma infundada del asesinato de Wilmer Paredes, quien se destacó en las acciones anti fraude en la zona de Atlántida, y cuya vida fue arrebatada por sicarios el pasado 1 de enero de 2018. Pretendiendo con estos hechos tendenciosos encubrir a los verdaderos responsables de la represión y de los asesinatos políticos en esta coyuntura electoral.

Desde la Coalición contra la Impunidad, hemos documentado 63 casos de defensores, defensoras y líderes sociales en situación de riesgo en todo el país, 10 de ellos en El Progreso, Yoro, 29 en Atlántida donde el 1 de enero de 2018 fue asesinado Wilmer Paredes, una de los líderes solicitó protección frente al seguimiento del cual estaba siendo víctima, 2 en Tegucigalpa, 1 en Santa Bárbara, 4 en La Paz, 1 en Choluteca y 17 en Cortés. Datos que no son excluyentes del resto de casos que aún no han sido documentados.

Al respecto, evidenciamos y denunciamos el comportamiento de instituciones como el Ministerio Público el cual frente a los riesgos denunciados no ha actuado pronta y oportunamente, la Dirección Policial Investigación (DPI) que en al menos 5 de los casos ha puesto obstáculos para la recepción de las denuncias limitando con ello el acceso a la justicia para las víctimas.

En cuanto al Mecanismo Nacional de Protección de Defensoras/es, comunicadores/as, periodistas y operadores/as de justicia, denunciamos al menos 4 casos documentados en los cuales aduciendo argumentos respecto del alcance de sus funciones se ha negado a actuar oportunamente para mitigar el riesgo denunciado y que, en 2 de los 4 casos, resolvió desconociendo la importante labor de defensoría realizada por 5 defensores y defensoras de derechos humanos.

Respecto de los riesgos y los ataques de los cuales ahora son víctima los y las defensoras y líderes sociales, denunciamos el papel de los cuerpos de seguridad, como ser la Policía Militar en sectores como Atlántida y zonas de Cortés como ser Cofradía y Choloma y de la Policía Nacional en el sector de Villanueva, Pimienta y Potrerillos, quienes ejercen labores de hostigamiento, persecución e incluso han llevado a cabo allanamientos ilegales en casas de habitación de las personas en riesgo, siendo alarmante en al menos 2 de los casos documentados, el uso de armas de electrochoque (tasser) como parte de los métodos de tortura empleados, lo cual evidencia un claro abuso de autoridad y la violación de los deberes de los funcionarios y funcionarias ya que sus actuaciones son al margen de la ley.

Por todo ello, desde la Coalición contra la Impunidad, denunciamos la falta de voluntad política de este régimen dictatorial de investigar y sancionar a los responsables de estos hechos, y de al menos 30 compatriotas que han sido asesinados en esta coyuntura política post-electoral.

 Por lo que, a la institucionalidad hondureña PEDIMOS:

• Se investiguen pronta y eficazmente los hechos denunciados que ponen en riesgo la vida de hombres y mujeres valiosas para este país, y garantice el castigo de los responsables en ese sentido, exigimos que el Ministerio Público asuma su papel y actúe oportunamente.

 • Se reconozca por parte de las distintas instituciones y en particular el Mecanismo de Protección de la Ley de Defensores/as, comunicadores/as, periodistas y operadores/as de justicia la condición de defensores y defensoras de las personas en riesgo, insten la investigación eficaz de los hechos y actúen en consecuencia para proteger sus vidas

 • A los organismos de derechos humanos nacionales e internacionales, particularmente al CONADEH que actúen de manera pronta a fin de mitigar los riesgos que enfrentan los y las defensoras y líderes sociales objeto de ataques en la actual coyuntura.

Al Estado de Honduras, recordamos que parte de sus compromisos internacionales respecto de quienes defienden derechos humanos, es la NO obstaculización de sus actividades de defensoría, pero anudado a eso, investigar seria y eficazmente las violaciones cometidas en su contra.

17 de enero de 2018

 COALICIÓN CONTRA LA IMPUNIDAD

Vea el comunicado en PDF Aquí

 

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De sorpresa en sorpresa se desarrolla el caso de cuatro defensores y defensoras de derechos humanos torturados y detenidos por la policía el pasado 08 de septiembre de este año. La semana pasado Carlos del Cid, del Observatorio Ecuménico  Internacional de Derechos Humanos, llegó a reclamar una tablet decomisada a la Fiscalía de Delitos Comunes  del Ministerio Público, MP, pero le manifestaron  el 11 de octubre  que no se la podían entregar porque aún estaban en investigación.

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Desde el golpe de Estado la justicia en Honduras se pasea de un lugar a otro, entre postas policiales, batallones y ahora en el Colegio de Abogados, donde nacen y crecen las personas que impartirán o reclamarán justicia. Este 25 de septiembre de 2017 en este último lugar comenzó la Audiencia Inicial contra tres defensores de Derechos Humanos y unos 28 estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, UNAH.

En un pronunciamiento público, diversas organizaciones de derechos humanos demandaron la inmediata suspensión del Ministro de Seguridad; la cúpula policial que participó en la represión contra defensores de derechos humanos y estudiantes, el pasado 08 de septiembre, así como de la rectora Julieta Castellanos, en una conferencia de prensa este 11 de septiembre de 2017.

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Organizaciones indígenas, defensores de derechos humanos  y el Partido Libertad y Refundación, (LIBRE), son víctimas de campañas sucias en su contra y responsabilizan al presidente Juan Orlando Hernández  y al Partido Nacional en el gobierno, por promover la apología del odio en la opinión pública y violentar su libertad de expresión.

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TEGUCIGALPA, 31 de marzo de 2017 – La Oficina en Honduras del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) advierte sobre acciones reiterativas y campañas estigmatizantes y de desprestigio en contra de la labor de personas defensoras de derechos humanos en el país. 
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El gobierno se ha centrado en los militares y en la seguridad privada que es propiedad de oficiales retirados de las Fuerzas Armadas de Honduras, para supuestamente resolver el problema de la seguridad en el país, por lo que es urgente la desmilitarización, según lo dio a conocer la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en Honduras, OACNUDH, este 22 de marzo de 2017.

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