Más de tres meses se llevó el Ministerio Público para hacerse de oídos sordos con los requerimientos fiscales contra jefes de policía que torturaron a cuatro defensores de derechos humanos y ocho estudiantes, el 08 de septiembre de 2017. Las excusas ya se le terminaron a este ente acusador que se fue de vacaciones y  escamoteó las acciones penales.

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