DENUNCIAS

Periodistas, comunicadores sociales, mujeres, jóvenes, pueblos originarios, comunidad LGTBI tienen el espacio para denunciar ataques por ejercer la libertad de expresión e información.

Mientras el presupuesto militar es el principal objetivo de incremento del actual gobierno, el asignado a detener la violencia contra las mujeres quedó ahogado en la militarización de la sociedad hondureña, dejando una fatal consecuencia de 396 crímenes en lo que va del año 2016 . Instituciones orientadas a acciones a favor de las mujeres quedaron con sus arcas casi sin dinero y se violentó las Disposiciones Generales del Presupuesto(DGP) al desobedecer la Ley .

Una vez más las comunidades Garífunas en la Bahía de Trujillo se ven acosados por extranjeros que aducen ser propietarios de terrenos comunitarios. En este caso, en la comunidad de Guadalupe, Colón, un grupo de abogados, acompañados de miembros de la Policía Nacional, acosaron a Garífunas que hacían presencia en un terreno en el cual se encontraba construido un proyecto de turismo comunitario, según una publicación de la Organización Fraternal Negra de Honduras, OFRANEH difundida este 13 de octubre de 2016.

Cuatrocientas familias fueron despojadas de sus tierras por parte de las Fuerzas Armadas de Honduras, el hecho tuvo lugar en el Caserío de La Poza, ubicado en la carretera rumbo al Primer batallón de Infantería, atrás del Cementerio “San Miguel Arcángel”, salida al Norte de Honduras. Es una lucha de David contra Goliat pues los uniformados tienen todo el aparato estatal para apoderarse ilegalmente de las tierras.

Un desplante del presidente de la República,Juan Orlando Hernández y del Fiscal General de la República, Oscar Chinchilla, dejó un sabor amargo a Amnistía Internacional que varios meses atrás llegó al país a realizar una investigación como apoyo al informe denominado “Defendemos la Tierra con Sangre”, el cual contempla a Honduras y Guatemala para describir la situación de defensores y defensoras que defienden la tierra, el medioambiente y el territorio.

Apenas 12 días tiene de haber ingresado al país, después de permanecer en el exilio y las amenazas no han parado al poner  un pie en Honduras, el pasado 11 de agosto. Las llamadas son constantes, el acoso es de tal magnitud que los perpetradores no quieren que duerma ni un minuto, esa es la vida en estos momentos de Dayanara Castillo, líder estudiantil de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, UNAH.

“Esta señora ha tenido comentarios negativos diciendo que ella no se iba a sentar con los miembros de APUVIMEH, con José y Sandra Zambrano porque somos personas iletradas, vulgares que no tenemos el nivel educativo como el de ella para tener una ponencia en sus talleres”, fueron las frases lapidarias que según Sandra Zambrano, defensora de derechos humanos de la diversidad sexual, lanzó Maritza O’Hara, funcionaria de la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos.

El gobierno de Juan  Orlando Hernández ordenó seguimiento e investigación contra los defensores de derechos humanos Wilfredo Méndez, de CIPRODEH; Dina Meza,  de la Iniciativa Periodismo y Democracia; Hugo Maldonado ,  del CODEH, Jorge Jiménez, del CODEH,  Karla Alegría,  de Vía Campesina; Kenia Oliva , de la Iniciativa Periodismo y Democracia, Cesario Padilla, egresado de periodismo y criminalizado por su liderazgo en la UNAH  y otra persona, a través de una lista que fue entregada a la Dirección Policial de Investigación y al Sistema Estratégico de Recolección, Cotejamiento, Análisis y Archivo de Información, SERCAA, de acuerdo a una fuente que informó a  pasosdeanimalgrande.com que el gobierno los considera “defensores de derechos humanos hostiles al sistema”.

El 8 de Agosto de 2016, el defensor de derechos humanos Jorge Jiménez recibió amenazas de muerte a través de una carta que demandaba que se desligara de su trabajo de derechos humanos en las próximas 24 horas o si no le iban a asesinar. 

En la madrugada del 13 de Julio de 2016, la oficina en San Pedro Sula del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ), fue objeto de un robo selectivo por parte de un individuo que se apropió únicamente de discos duros, computadoras y cámaras donde se encuentra la información vinculada a las causas judiciales sobre actos emblemáticos de corrupción y violaciones a derechos humanos que se manejan desde el equipo legal de la organización. 

Los pobladores y ambientalistas de la comunidad de Azacualpa, La Unión, departamento de Copan, están resistiendo a una transnacional, porque quiere quitarles el cementerio en donde yacen los restos de sus familiares, ya que en ese lugar existen yacimientos de oro.