“En cuanto al Mecanismo Nacional de Protección de Defensoras/es, comunicadores/as, periodistas y operadores/as de justicia, denunciamos al menos 4 casos documentados en los cuales aduciendo argumentos respecto del alcance de sus funciones se ha negado a actuar oportunamente para mitigar el riesgo denunciado y que, en 2 de los 4 casos, resolvió desconociendo la importante labor de defensoría realizada por 5 defensores y defensoras de derechos humanos”, denunció este 17 de enero de 2018 la Coalición contra la Impunidad.

Esta organización se pronunció sobre lo que denominó una guerra sucia contra defensores de derechos humanos y líderes sociales a través de campañas de desprestigio, por oponerse al fraude electoral.

El Mecanismo de Protección nace a la luz de la Ley de Protección a Defensores, Defensoras de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia, aprobada por el Congreso Nacional y publicada en mayor de 2015.

Cuerpos de seguridad ejercen hostigamiento contra defensores y defensoras

“Desde la Coalición contra la Impunidad, hemos documentado 63 casos de defensores, defensoras y líderes sociales en situación de riesgo en todo el país, 10 de ellos en El Progreso, Yoro, 29 en Atlántida donde el 1 de enero de 2018 fue asesinado Wilmer Paredes, una de los líderes solicitó protección frente al seguimiento del cual estaba siendo víctima, 2 en Tegucigalpa, 1 en Santa Bárbara, 4 en La Paz, 1 en Choluteca y 17 en Cortés. Datos que no son excluyentes del resto de casos que aún no han sido documentados”, agrega el comunicado público.

Respecto de los riesgos y los ataques de los cuales ahora son víctima los y las defensoras y líderes sociales, denunciamos el papel de los cuerpos de seguridad, como ser la Policía Militar en sectores como Atlántida y zonas de Cortés como ser Cofradía y Choloma y de la Policía Nacional en el sector de Villanueva, Pimienta y Potrerillos, quienes ejercen labores de hostigamiento, persecución e incluso han llevado a cabo allanamientos ilegales en casas de habitación de las personas en riesgo, argumentó esta Red de Organizaciones.

Este es el comunicado hecho público:

Condenamos enérgicamente ataques y campañas de desprestigio en contra de defensores, defensoras y líderes sociales en la coyuntura post electoral

La Coalición contra la Impunidad, condena enérgicamente los ataques y campañas de desprestigio en contra de liderazgos del movimiento social y de los compañeros y compañeras que se han posicionado en contra del fraude electoral.

Como parte de una guerra sucia han estado circulando libelos, afiches y mensajes por las redes sociales mediante los cuales se viene orquestando una campaña de desprestigio, cuyo objetivo es confundir y levantar perfiles de compatriotas comprometidos y comprometidas con cambios políticos y sociales en nuestro país.

Estas campañas dieron inicio en Tegucigalpa señalando a dirigentes de la Alianza de Oposición contra la Dictadura de determinados hechos violentos, continuó el 23 de diciembre en Atlántida con personalidades que ejercen participación en la vida pública de las comunidades, posteriormente en El Progreso el 30 de diciembre de 2017, contra el Ismael Moreno, reconocido como el Padre Melo, Bartolo Fuentes, Araminta Pereira y Karina Flores, Roberto Rivera, entre otros(as), y en una segunda ocasión el 6 de enero de 2018 vinculándoles al tráfico de armas en contubernio con agentes policiales depurados.

El más reciente ataque se suscitó el 14 de enero en contra de liderazgos del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ), específicamente en contra de Martín Fernández, coordinador general y Víctor Fernández, a quienes se les señala de forma infundada del asesinato de Wilmer Paredes, quien se destacó en las acciones anti fraude en la zona de Atlántida, y cuya vida fue arrebatada por sicarios el pasado 1 de enero de 2018. Pretendiendo con estos hechos tendenciosos encubrir a los verdaderos responsables de la represión y de los asesinatos políticos en esta coyuntura electoral.

Desde la Coalición contra la Impunidad, hemos documentado 63 casos de defensores, defensoras y líderes sociales en situación de riesgo en todo el país, 10 de ellos en El Progreso, Yoro, 29 en Atlántida donde el 1 de enero de 2018 fue asesinado Wilmer Paredes, una de los líderes solicitó protección frente al seguimiento del cual estaba siendo víctima, 2 en Tegucigalpa, 1 en Santa Bárbara, 4 en La Paz, 1 en Choluteca y 17 en Cortés. Datos que no son excluyentes del resto de casos que aún no han sido documentados.

Al respecto, evidenciamos y denunciamos el comportamiento de instituciones como el Ministerio Público el cual frente a los riesgos denunciados no ha actuado pronta y oportunamente, la Dirección Policial Investigación (DPI) que en al menos 5 de los casos ha puesto obstáculos para la recepción de las denuncias limitando con ello el acceso a la justicia para las víctimas.

En cuanto al Mecanismo Nacional de Protección de Defensoras/es, comunicadores/as, periodistas y operadores/as de justicia, denunciamos al menos 4 casos documentados en los cuales aduciendo argumentos respecto del alcance de sus funciones se ha negado a actuar oportunamente para mitigar el riesgo denunciado y que, en 2 de los 4 casos, resolvió desconociendo la importante labor de defensoría realizada por 5 defensores y defensoras de derechos humanos.

Respecto de los riesgos y los ataques de los cuales ahora son víctima los y las defensoras y líderes sociales, denunciamos el papel de los cuerpos de seguridad, como ser la Policía Militar en sectores como Atlántida y zonas de Cortés como ser Cofradía y Choloma y de la Policía Nacional en el sector de Villanueva, Pimienta y Potrerillos, quienes ejercen labores de hostigamiento, persecución e incluso han llevado a cabo allanamientos ilegales en casas de habitación de las personas en riesgo, siendo alarmante en al menos 2 de los casos documentados, el uso de armas de electrochoque (tasser) como parte de los métodos de tortura empleados, lo cual evidencia un claro abuso de autoridad y la violación de los deberes de los funcionarios y funcionarias ya que sus actuaciones son al margen de la ley.

Por todo ello, desde la Coalición contra la Impunidad, denunciamos la falta de voluntad política de este régimen dictatorial de investigar y sancionar a los responsables de estos hechos, y de al menos 30 compatriotas que han sido asesinados en esta coyuntura política post-electoral.

 Por lo que, a la institucionalidad hondureña PEDIMOS:

• Se investiguen pronta y eficazmente los hechos denunciados que ponen en riesgo la vida de hombres y mujeres valiosas para este país, y garantice el castigo de los responsables en ese sentido, exigimos que el Ministerio Público asuma su papel y actúe oportunamente.

 • Se reconozca por parte de las distintas instituciones y en particular el Mecanismo de Protección de la Ley de Defensores/as, comunicadores/as, periodistas y operadores/as de justicia la condición de defensores y defensoras de las personas en riesgo, insten la investigación eficaz de los hechos y actúen en consecuencia para proteger sus vidas

 • A los organismos de derechos humanos nacionales e internacionales, particularmente al CONADEH que actúen de manera pronta a fin de mitigar los riesgos que enfrentan los y las defensoras y líderes sociales objeto de ataques en la actual coyuntura.

Al Estado de Honduras, recordamos que parte de sus compromisos internacionales respecto de quienes defienden derechos humanos, es la NO obstaculización de sus actividades de defensoría, pero anudado a eso, investigar seria y eficazmente las violaciones cometidas en su contra.

17 de enero de 2018

 COALICIÓN CONTRA LA IMPUNIDAD

Vea el comunicado en PDF Aquí

 

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Miles de personas se manifestaron este viernes 12 de enero de 2018 por enésima vez contra el fraude electoral, en las vísperas de la toma de posesión del actual presidente Juan Orlando Hernández, que pese a que se declarara ganador de los comicios electorales muy cuestionados por la observación internacional, está dispuesto a quedarse en el cargo a fuerza de bayonetas.

“…En medio de alarmantes niveles de represión, el 22 de diciembre, Canadá reconoció la confirmación de Juan Orlando Hernández como presidente y afirmó que alienta la protección de los derechos humanos y el diálogo político. Tal declaración demuestra una falta total de preocupación genuina por los derechos humanos dado que 34 civiles han sido asesinados, más de 200 arrestados y cientos heridos por la policía militar bajo la administración de la misma persona que ahora es declarada presidente….”, señalaron un grupo de académicos , miembros de sociedad civil y estudiantes de Canadá en una misiva enviada al Primer Ministro Justin Trudeau y al Ministro de Relaciones Exteriores, Chrystia Freeland.

Las detenciones ilegales, encarcelamientos por varios delitos con pruebas sembradas, vigilancia, levantamiento de perfiles y la utilización de listas negras de luchadores sociales, son solo apenas algunas de las estrategias del gobierno para detener las protestas contra el fraude electoral en El Progreso, Yoro. A pesar de esa cadena de atropellos miles de personas se resisten a dejar que la ilegalidad ahogue la defensa de la democracia y los derechos humanos.

En sus redes sociales Ismael Moreno,(Padre Melo), denunció este 01 de enero  de 2018 que se está montando una campaña de odio así como acciones que hacen peligrar su vida, por lo que alertó a la comunidad nacional e internacional a la vez que criticó el llamado diálogo del gobierno al cual consideró una tapadera de olla de presión.

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“Hay que seguir escribiendo, fomentando opinión  y criterio sobre todo en este momento en que el país está sufriendo un ataque al pensamiento y a la voz colectiva, pienso que debemos de empoderarnos de las palabras y empezar a crear un nuevo país, buscar esas raíces de nuestra Honduras y hacerla florecer”, dijo la escritora Venus Itxel Mejía a pasosdeanimalgrande.com

A través de un documento oficial el gobierno de Juan Orlando Hernández rechazó la petición del Secretario General de la Organización de Estados Americanos, OEA, Luís Almagro, para que se permita un delegado de ese organismo a fin de verificar la situación de las protestas, los crímenes contra manifestantes, reuniones con  los familiares de las víctimas y observación en los lugares donde están los detenidos como consecuencia del ejercicio de su derecho a la protesta social, en el marco del fraude electoral  de noviembre de 2017.

La Unión Europea y los gobiernos de sus Estados miembro tienen que mostrar urgentemente una postura clara, para impedir más derramamiento de sangre y así respetar la voluntad de la población en Honduras, señalaron organizaciones y grupos de sociedad civil alemanes en un comunicado público urgente emitido este 19 de diciembre de 2017.

Este 19 de diciembre de 2017  defensores y defensoras de derechos humanos aglutinados en la Mesa de Derechos Humanos y la Coalición contra la Impunidad, hicieron una conferencia de prensa frente al Comisionado Nacional de Derechos humanos, (CONADEH), demandando acciones contundentes de este organismo para castigar a los violadores de derechos humanos, en el contexto de la crisis política por el fraude electoral. Su titular Roberto Herrera Cáceres ha respondido que abrió  expedientes de oficio los cuales remitió al Ministerio Público para la acción penal.

Miles de ciudadanos y ciudadanas se mantienen en las calles en Honduras y las protestas han arreciado desde que el domingo 17 de diciembre el Tribunal Supremo Electoral declarara al Juan Orlando Hernández como presidente del país a pesar que las denuncias de fraude electoral .Con la rapidéz del rayo el organismo electoral procedió este lunes 18 de diciembre a publicar los resultados en el Diario Oficial La Gaceta y paralelamente el Partido Nacional rechazó la propuesta de la OEA de convocar a nuevas elecciones.

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