“En cuanto al Mecanismo Nacional de Protección de Defensoras/es, comunicadores/as, periodistas y operadores/as de justicia, denunciamos al menos 4 casos documentados en los cuales aduciendo argumentos respecto del alcance de sus funciones se ha negado a actuar oportunamente para mitigar el riesgo denunciado y que, en 2 de los 4 casos, resolvió desconociendo la importante labor de defensoría realizada por 5 defensores y defensoras de derechos humanos”, denunció este 17 de enero de 2018 la Coalición contra la Impunidad.

Esta organización se pronunció sobre lo que denominó una guerra sucia contra defensores de derechos humanos y líderes sociales a través de campañas de desprestigio, por oponerse al fraude electoral.

El Mecanismo de Protección nace a la luz de la Ley de Protección a Defensores, Defensoras de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia, aprobada por el Congreso Nacional y publicada en mayor de 2015.

Cuerpos de seguridad ejercen hostigamiento contra defensores y defensoras

“Desde la Coalición contra la Impunidad, hemos documentado 63 casos de defensores, defensoras y líderes sociales en situación de riesgo en todo el país, 10 de ellos en El Progreso, Yoro, 29 en Atlántida donde el 1 de enero de 2018 fue asesinado Wilmer Paredes, una de los líderes solicitó protección frente al seguimiento del cual estaba siendo víctima, 2 en Tegucigalpa, 1 en Santa Bárbara, 4 en La Paz, 1 en Choluteca y 17 en Cortés. Datos que no son excluyentes del resto de casos que aún no han sido documentados”, agrega el comunicado público.

Respecto de los riesgos y los ataques de los cuales ahora son víctima los y las defensoras y líderes sociales, denunciamos el papel de los cuerpos de seguridad, como ser la Policía Militar en sectores como Atlántida y zonas de Cortés como ser Cofradía y Choloma y de la Policía Nacional en el sector de Villanueva, Pimienta y Potrerillos, quienes ejercen labores de hostigamiento, persecución e incluso han llevado a cabo allanamientos ilegales en casas de habitación de las personas en riesgo, argumentó esta Red de Organizaciones.

Este es el comunicado hecho público:

Condenamos enérgicamente ataques y campañas de desprestigio en contra de defensores, defensoras y líderes sociales en la coyuntura post electoral

La Coalición contra la Impunidad, condena enérgicamente los ataques y campañas de desprestigio en contra de liderazgos del movimiento social y de los compañeros y compañeras que se han posicionado en contra del fraude electoral.

Como parte de una guerra sucia han estado circulando libelos, afiches y mensajes por las redes sociales mediante los cuales se viene orquestando una campaña de desprestigio, cuyo objetivo es confundir y levantar perfiles de compatriotas comprometidos y comprometidas con cambios políticos y sociales en nuestro país.

Estas campañas dieron inicio en Tegucigalpa señalando a dirigentes de la Alianza de Oposición contra la Dictadura de determinados hechos violentos, continuó el 23 de diciembre en Atlántida con personalidades que ejercen participación en la vida pública de las comunidades, posteriormente en El Progreso el 30 de diciembre de 2017, contra el Ismael Moreno, reconocido como el Padre Melo, Bartolo Fuentes, Araminta Pereira y Karina Flores, Roberto Rivera, entre otros(as), y en una segunda ocasión el 6 de enero de 2018 vinculándoles al tráfico de armas en contubernio con agentes policiales depurados.

El más reciente ataque se suscitó el 14 de enero en contra de liderazgos del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ), específicamente en contra de Martín Fernández, coordinador general y Víctor Fernández, a quienes se les señala de forma infundada del asesinato de Wilmer Paredes, quien se destacó en las acciones anti fraude en la zona de Atlántida, y cuya vida fue arrebatada por sicarios el pasado 1 de enero de 2018. Pretendiendo con estos hechos tendenciosos encubrir a los verdaderos responsables de la represión y de los asesinatos políticos en esta coyuntura electoral.

Desde la Coalición contra la Impunidad, hemos documentado 63 casos de defensores, defensoras y líderes sociales en situación de riesgo en todo el país, 10 de ellos en El Progreso, Yoro, 29 en Atlántida donde el 1 de enero de 2018 fue asesinado Wilmer Paredes, una de los líderes solicitó protección frente al seguimiento del cual estaba siendo víctima, 2 en Tegucigalpa, 1 en Santa Bárbara, 4 en La Paz, 1 en Choluteca y 17 en Cortés. Datos que no son excluyentes del resto de casos que aún no han sido documentados.

Al respecto, evidenciamos y denunciamos el comportamiento de instituciones como el Ministerio Público el cual frente a los riesgos denunciados no ha actuado pronta y oportunamente, la Dirección Policial Investigación (DPI) que en al menos 5 de los casos ha puesto obstáculos para la recepción de las denuncias limitando con ello el acceso a la justicia para las víctimas.

En cuanto al Mecanismo Nacional de Protección de Defensoras/es, comunicadores/as, periodistas y operadores/as de justicia, denunciamos al menos 4 casos documentados en los cuales aduciendo argumentos respecto del alcance de sus funciones se ha negado a actuar oportunamente para mitigar el riesgo denunciado y que, en 2 de los 4 casos, resolvió desconociendo la importante labor de defensoría realizada por 5 defensores y defensoras de derechos humanos.

Respecto de los riesgos y los ataques de los cuales ahora son víctima los y las defensoras y líderes sociales, denunciamos el papel de los cuerpos de seguridad, como ser la Policía Militar en sectores como Atlántida y zonas de Cortés como ser Cofradía y Choloma y de la Policía Nacional en el sector de Villanueva, Pimienta y Potrerillos, quienes ejercen labores de hostigamiento, persecución e incluso han llevado a cabo allanamientos ilegales en casas de habitación de las personas en riesgo, siendo alarmante en al menos 2 de los casos documentados, el uso de armas de electrochoque (tasser) como parte de los métodos de tortura empleados, lo cual evidencia un claro abuso de autoridad y la violación de los deberes de los funcionarios y funcionarias ya que sus actuaciones son al margen de la ley.

Por todo ello, desde la Coalición contra la Impunidad, denunciamos la falta de voluntad política de este régimen dictatorial de investigar y sancionar a los responsables de estos hechos, y de al menos 30 compatriotas que han sido asesinados en esta coyuntura política post-electoral.

 Por lo que, a la institucionalidad hondureña PEDIMOS:

• Se investiguen pronta y eficazmente los hechos denunciados que ponen en riesgo la vida de hombres y mujeres valiosas para este país, y garantice el castigo de los responsables en ese sentido, exigimos que el Ministerio Público asuma su papel y actúe oportunamente.

 • Se reconozca por parte de las distintas instituciones y en particular el Mecanismo de Protección de la Ley de Defensores/as, comunicadores/as, periodistas y operadores/as de justicia la condición de defensores y defensoras de las personas en riesgo, insten la investigación eficaz de los hechos y actúen en consecuencia para proteger sus vidas

 • A los organismos de derechos humanos nacionales e internacionales, particularmente al CONADEH que actúen de manera pronta a fin de mitigar los riesgos que enfrentan los y las defensoras y líderes sociales objeto de ataques en la actual coyuntura.

Al Estado de Honduras, recordamos que parte de sus compromisos internacionales respecto de quienes defienden derechos humanos, es la NO obstaculización de sus actividades de defensoría, pero anudado a eso, investigar seria y eficazmente las violaciones cometidas en su contra.

17 de enero de 2018

 COALICIÓN CONTRA LA IMPUNIDAD

Vea el comunicado en PDF Aquí

 

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El Jefe departamental de la Policía Preventiva en el Sur del país, Comisionado Eduardo Turcios ha desafiado la resolución del Comité Técnico del Mecanismo de Protección, al Negarse a implementar las medidas de protección del periodista Jairo López, según lo ha denunciado el afectado a la Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos, ASOPODEHU.

Desde el inicio de la campaña electoral que culminará con las elecciones generales este 26 de noviembre, en Casa Presidencial se pautó publicidad oficial con diferentes medios de comunicación incluyendo mensajes de odio.

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Integrantes del Movimiento Estudiantil Universitario,(MEU), denunciaron ante el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) a la rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Julieta Castellanos, por la campaña de odio y estigmatización en su contra en la cual hay Abuso de Autoridad y se están gastando miles de lempiras a través de la publicidad en grandes corporaciones mediáticas, según le expresaron en un escrito entregado el el Tribunal Superior de Cuentas, TSC, este 11 de julio de 2017.

Quitar del escenario nacional la problemática de tierras en  El Aguán, sumando la persecución y la criminalización de la lucha campesina, es una estrategia bien estudiada , donde se incluyen a paramilitares, policía, ejército, jueces y fiscales, según lo denunció Yoni Rivas a pasosdeanimalgrande.com este 03 de mayo de 2017.

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TEGUCIGALPA, 31 de marzo de 2017 – La Oficina en Honduras del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) advierte sobre acciones reiterativas y campañas estigmatizantes y de desprestigio en contra de la labor de personas defensoras de derechos humanos en el país. 
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Líderes sociales, mujeres y de los pueblos originarios e indígenas, sostuvieron que la demanda interpuesta contra Suyapa Martínez, directora del Centro de Estudios de la Mujer,(CEM-H), es una clara violación a la libertad de expresión, dirigida hacia  las personas que mantienen una constante crítica hacia el sistema de impunidad que impera en el país, especialmente en el caso del asesinato de la lideresa indígena Berta Cáceres.

Reporteros Sin Fronteras expresa su gran preocupación por la situación del periodista Jairo López, quien enfrenta un juicio por difamación en el que se han registrado graves irregularidades y además es víctima de una campaña de desprestigio. Las autoridades de Honduras deben garantizar urgentemente la protección del periodista, así como ofrecer las condiciones para que se realice un proceso justo, señala un comunicado de esta organización internacional emitido este miércoles 22 de febrero de 2017.

Una campaña de desprestigio supuestamente impulsada desde la presidencia del Congreso Nacional estaría en marcha contra el periodista Jairo López, director del programa televisivo "El Informador", según lo ha denunciado el propio afectado, lo cual ha sido divulgado por diversos medios de comunicación y el Comité por la Libre Expresión, en esta semana. Mientras la Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos, ASOPODEHU,  lo ha denunciado a varios organizaciones internacionales de derechos humanos y de libertad de expresión.

Global Witness expresa su profunda consternación por la respuesta de algunas personas  que representan al Estado y voceros y voceras empresariales ante la publicación de su nuevo informe ‘Honduras – el país más peligroso para defender el planeta’.

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