“En cuanto al Mecanismo Nacional de Protección de Defensoras/es, comunicadores/as, periodistas y operadores/as de justicia, denunciamos al menos 4 casos documentados en los cuales aduciendo argumentos respecto del alcance de sus funciones se ha negado a actuar oportunamente para mitigar el riesgo denunciado y que, en 2 de los 4 casos, resolvió desconociendo la importante labor de defensoría realizada por 5 defensores y defensoras de derechos humanos”, denunció este 17 de enero de 2018 la Coalición contra la Impunidad.

Esta organización se pronunció sobre lo que denominó una guerra sucia contra defensores de derechos humanos y líderes sociales a través de campañas de desprestigio, por oponerse al fraude electoral.

El Mecanismo de Protección nace a la luz de la Ley de Protección a Defensores, Defensoras de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia, aprobada por el Congreso Nacional y publicada en mayor de 2015.

Cuerpos de seguridad ejercen hostigamiento contra defensores y defensoras

“Desde la Coalición contra la Impunidad, hemos documentado 63 casos de defensores, defensoras y líderes sociales en situación de riesgo en todo el país, 10 de ellos en El Progreso, Yoro, 29 en Atlántida donde el 1 de enero de 2018 fue asesinado Wilmer Paredes, una de los líderes solicitó protección frente al seguimiento del cual estaba siendo víctima, 2 en Tegucigalpa, 1 en Santa Bárbara, 4 en La Paz, 1 en Choluteca y 17 en Cortés. Datos que no son excluyentes del resto de casos que aún no han sido documentados”, agrega el comunicado público.

Respecto de los riesgos y los ataques de los cuales ahora son víctima los y las defensoras y líderes sociales, denunciamos el papel de los cuerpos de seguridad, como ser la Policía Militar en sectores como Atlántida y zonas de Cortés como ser Cofradía y Choloma y de la Policía Nacional en el sector de Villanueva, Pimienta y Potrerillos, quienes ejercen labores de hostigamiento, persecución e incluso han llevado a cabo allanamientos ilegales en casas de habitación de las personas en riesgo, argumentó esta Red de Organizaciones.

Este es el comunicado hecho público:

Condenamos enérgicamente ataques y campañas de desprestigio en contra de defensores, defensoras y líderes sociales en la coyuntura post electoral

La Coalición contra la Impunidad, condena enérgicamente los ataques y campañas de desprestigio en contra de liderazgos del movimiento social y de los compañeros y compañeras que se han posicionado en contra del fraude electoral.

Como parte de una guerra sucia han estado circulando libelos, afiches y mensajes por las redes sociales mediante los cuales se viene orquestando una campaña de desprestigio, cuyo objetivo es confundir y levantar perfiles de compatriotas comprometidos y comprometidas con cambios políticos y sociales en nuestro país.

Estas campañas dieron inicio en Tegucigalpa señalando a dirigentes de la Alianza de Oposición contra la Dictadura de determinados hechos violentos, continuó el 23 de diciembre en Atlántida con personalidades que ejercen participación en la vida pública de las comunidades, posteriormente en El Progreso el 30 de diciembre de 2017, contra el Ismael Moreno, reconocido como el Padre Melo, Bartolo Fuentes, Araminta Pereira y Karina Flores, Roberto Rivera, entre otros(as), y en una segunda ocasión el 6 de enero de 2018 vinculándoles al tráfico de armas en contubernio con agentes policiales depurados.

El más reciente ataque se suscitó el 14 de enero en contra de liderazgos del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ), específicamente en contra de Martín Fernández, coordinador general y Víctor Fernández, a quienes se les señala de forma infundada del asesinato de Wilmer Paredes, quien se destacó en las acciones anti fraude en la zona de Atlántida, y cuya vida fue arrebatada por sicarios el pasado 1 de enero de 2018. Pretendiendo con estos hechos tendenciosos encubrir a los verdaderos responsables de la represión y de los asesinatos políticos en esta coyuntura electoral.

Desde la Coalición contra la Impunidad, hemos documentado 63 casos de defensores, defensoras y líderes sociales en situación de riesgo en todo el país, 10 de ellos en El Progreso, Yoro, 29 en Atlántida donde el 1 de enero de 2018 fue asesinado Wilmer Paredes, una de los líderes solicitó protección frente al seguimiento del cual estaba siendo víctima, 2 en Tegucigalpa, 1 en Santa Bárbara, 4 en La Paz, 1 en Choluteca y 17 en Cortés. Datos que no son excluyentes del resto de casos que aún no han sido documentados.

Al respecto, evidenciamos y denunciamos el comportamiento de instituciones como el Ministerio Público el cual frente a los riesgos denunciados no ha actuado pronta y oportunamente, la Dirección Policial Investigación (DPI) que en al menos 5 de los casos ha puesto obstáculos para la recepción de las denuncias limitando con ello el acceso a la justicia para las víctimas.

En cuanto al Mecanismo Nacional de Protección de Defensoras/es, comunicadores/as, periodistas y operadores/as de justicia, denunciamos al menos 4 casos documentados en los cuales aduciendo argumentos respecto del alcance de sus funciones se ha negado a actuar oportunamente para mitigar el riesgo denunciado y que, en 2 de los 4 casos, resolvió desconociendo la importante labor de defensoría realizada por 5 defensores y defensoras de derechos humanos.

Respecto de los riesgos y los ataques de los cuales ahora son víctima los y las defensoras y líderes sociales, denunciamos el papel de los cuerpos de seguridad, como ser la Policía Militar en sectores como Atlántida y zonas de Cortés como ser Cofradía y Choloma y de la Policía Nacional en el sector de Villanueva, Pimienta y Potrerillos, quienes ejercen labores de hostigamiento, persecución e incluso han llevado a cabo allanamientos ilegales en casas de habitación de las personas en riesgo, siendo alarmante en al menos 2 de los casos documentados, el uso de armas de electrochoque (tasser) como parte de los métodos de tortura empleados, lo cual evidencia un claro abuso de autoridad y la violación de los deberes de los funcionarios y funcionarias ya que sus actuaciones son al margen de la ley.

Por todo ello, desde la Coalición contra la Impunidad, denunciamos la falta de voluntad política de este régimen dictatorial de investigar y sancionar a los responsables de estos hechos, y de al menos 30 compatriotas que han sido asesinados en esta coyuntura política post-electoral.

 Por lo que, a la institucionalidad hondureña PEDIMOS:

• Se investiguen pronta y eficazmente los hechos denunciados que ponen en riesgo la vida de hombres y mujeres valiosas para este país, y garantice el castigo de los responsables en ese sentido, exigimos que el Ministerio Público asuma su papel y actúe oportunamente.

 • Se reconozca por parte de las distintas instituciones y en particular el Mecanismo de Protección de la Ley de Defensores/as, comunicadores/as, periodistas y operadores/as de justicia la condición de defensores y defensoras de las personas en riesgo, insten la investigación eficaz de los hechos y actúen en consecuencia para proteger sus vidas

 • A los organismos de derechos humanos nacionales e internacionales, particularmente al CONADEH que actúen de manera pronta a fin de mitigar los riesgos que enfrentan los y las defensoras y líderes sociales objeto de ataques en la actual coyuntura.

Al Estado de Honduras, recordamos que parte de sus compromisos internacionales respecto de quienes defienden derechos humanos, es la NO obstaculización de sus actividades de defensoría, pero anudado a eso, investigar seria y eficazmente las violaciones cometidas en su contra.

17 de enero de 2018

 COALICIÓN CONTRA LA IMPUNIDAD

Vea el comunicado en PDF Aquí

 

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“RSF denuncia una decisión sin fundamento y pide al gobierno hondureño que vuelva a otorgarle a Jairo López estas medidas de seguridad lo antes posible”, señaló Emmanuel Colombié, director del Despacho América Latina de Reporteros sin Fronteras (RSF). “Las amenazas que sigue enfrentando el periodista son muy preocupantes; además de obstaculizar su labor periodística, lo desgastan cada día un poco más”, añadió.

El Jefe departamental de la Policía Preventiva en el Sur del país, Comisionado Eduardo Turcios ha desafiado la resolución del Comité Técnico del Mecanismo de Protección, al Negarse a implementar las medidas de protección del periodista Jairo López, según lo ha denunciado el afectado a la Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos, ASOPODEHU.

Con ocasión de las elecciones presidenciales en Honduras, que se realizarán el 26 de noviembre de 2017, Reporteros sin Fronteras (RSF) expresa su gran preocupación por el dramático estado de la libertad de prensa en el país.

David Valle, defensor de la comunidad de la diversidad sexual en Honduras y directivo del Centro para el Desarrollo y la Cooperación LGTBI, SOMOS CDC, fue víctima de un intento de asesinato el pasado 10 de julio de 2017, por parte de un desconocido que ingresó a su vivienda y le atacó con cuchillo en varias ocasiones, según lo denunció el Centro de Investigación y Promoción de los derechos Humanos, CIPRODEH.

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Reporteros Sin Fronteras expresa su gran preocupación por la situación del periodista Jairo López, quien enfrenta un juicio por difamación en el que se han registrado graves irregularidades y además es víctima de una campaña de desprestigio. Las autoridades de Honduras deben garantizar urgentemente la protección del periodista, así como ofrecer las condiciones para que se realice un proceso justo, señala un comunicado de esta organización internacional emitido este miércoles 22 de febrero de 2017.

Enmedio de cuestionamientos a la efectividad del mecanismo de protección, la directora del mismo, Nora Urbina dijo que “debemos sentarnos para revisar cuál es el rol del mecanismo, ver las competencias de éste y de la Ley de Protección para que avancemos dialogando y construyendo. Desde la dirección van a tener total apoyo”, señaló el pasado 06 de diciembre cuando habló ante representantes de sociedad civil, en el lanzamiento del informe sobre la situación de las personas defensoras de derechos humanos por la organización ACI-Participa.

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La vida del Periodista Carlos Jeremías Girón, está en grave riesgo desde el sábado de la semana pasada, una denuncia contra el hermano del Alcalde Aníbal Erazo Alvarado, de Santa Rosa de Copán , sobre violencia intrafamiliar en su cuenta personal de Facebook, lo puso en la mira del edil que está empecinado en que borre esa información. Ante la negativa del comunicador social muy pronto vino un atentado en su contra que destruyó parte de su casa.