Pen International moviliza a sus más de 30 mil miembros en unos 165 países alrededor del planeta para que demanden a las autoridades hondureñas que aseguren de inmediato la protección del periodista  y miembro Pen ,Jairo López,  a través de medidas efectivas, apropiadas e inmediatas para proteger su vida y la de su familia, especialmente a la luz de la escalada de las amenazas contra él,  y que  también les exhorten a investigar imparcial y rápidamente los orígenes de las amenazas, así como llevar  a los responsables ante la justicia. Esta Acción Rápida fue emitida en las últimas horas.

Como fraudulento el uso que hizo el jefe de la bancada del Partido Nacional, Oscar Álvarez, de la figura de la “Reconsideración”, establecida en el artículo 61 del Reglamento del Poder Legislativo, al solicitar al pleno para incorporar un delito que no había pasado el proceso de creación de la norma penal, mientras que el movimiento feminista advierte que se les cerrarán más espacios a las mujeres, con la reforma al  artículo 335B.

Diversas organizaciones, defensores y defensoras de derechos humanos y  periodistas presentaron este 24 de febrero ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia,  un Amparo con Suspensión del  Acto Reclamado contra el artículo 335 B para que se mantenga el derecho a la libertad de expresión y la participación en asuntos públicos para periodistas, personas que usan las redes sociales y de la población hondureña  en general, por lo que se solicita se derogue dicho ordenamiento jurídico.

Periodistas de distintos medios de comunicación y del Colegio de Periodistas de Honduras, CPH, se pronunciaron en contra de la reforma al artículo 335-B del Código Penal y consideraron que va dirigido a periodistas, medios de comunicación y a todas las personas que hacen uso de las redes sociales para ejercer su derecho a la libertad de expresión.

La Reforma Penal  al artículo 335B fue cuestionada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, a través de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión en conjunto con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras, OACNUDH, en un comunicado emitido este 23 de febrero de 2017, donde declararon que no deben haber ambiguedades en la formulación de los tipos penales. Sobre la información vinculada a actos terroristas a través de medios de comunicación los Estados no deben limitar el trabajo de los periodistas.