A siete meses de suspensión de Garantías Constitucionales en Honduras, la población se ha adaptado a los métodos en línea para la organización de actividades laborales, políticas, populares, entre otras, siendo las plataformas electrónicas una de las herramientas propicias para el espionaje de ciertos sectores, con el objetivo de reprimir y silenciar.

La brutalidad policial y militar no es sancionada por el sistema de justicia de Honduras, lo que genera la repetición de los hechos y por ende el incremento de la impunidad.

Este 15 de septiembre en el marco de la celebración del denominado "Día de Independencia", los sindicatos de trabajadores, estudiantes y otros sectores,  convocaron a una movilización de protesta con las interrogantes ¿Dónde está el dinero? y ¿Cuál independencia?, que finalizó en el Parque Central de Tegucigalpa con una fuerte represión contra personas de la tercera edad , defensores de derechos humanos, detenciones y agresiones hacia estudiantes. Uno de ellos fue herido de gravedad en el rostro.

El único policía, Carlos Roberto Arzú, de la Plociía Nacional preventiva que fue sentado en el banquillo de los acusados por haber torturado a la periodista Dunia Montoya en el año 2015, podría ser condenado solamente por lesiones y el Ministerio Público ha pedido la pena mínima a pesar de la gravedad de los hechos y de un proceso penal viciado, llevado a cabo en el Tribunal de Sentencia en El Progreso, Yoro, entre finales de 2019 y 2020.

Para luchar por la libertad de expresión e información, se conformó el  Comité de Solidaridad con María Luisa Borjas, quien fue condenada a dos años y ocho meses de prisión, en una sentencia emitida por la Corte de Apelaciones de Tegucigalpa y ratificada por el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Rolando Argueta, quien fue nombrado Juez Natural, debido a que la afectada es diputada ante el Congreso Nacional de Honduras.