La prueba fabricada por el Ministerio Público para llevar a prisión a cinco defensores del Comité Indígena Lenca de Reitoca, no pudo ser sostenida en el juicio que se les incoó por incendio agravado y atentado contra la Secretaría de Seguridad. Pero una jueza a pesar de que este ente acusador no pudo probar esos delitos, dictó un sobreseimiento provisional este 16 de agosto de 2021.
Jairo Noé Oliva Reyes; Renán Ovidio Zelaya Vásquez; José Orlando Rodas García; Jorge Alberto Montes Isidro y Andrés Abelino Gutiérrez, fueron apresados a través de un allanamiento violento a sus vivienda el 05 de agosto de 2021 a eso de las 5:30 de la mañana por parte de la policía, que militarizaron cada centímetro del municipio de Reitoca generando el terror en la zona. Fueron acusados de incendiar la posta policial de ese término y atentar contra la policía.
Los defensores antes mencionados son muy activos en la defensa del Río Petacón, el cual es ambicionado por la hidroeléctrica PROGELSA que tiene de su lado al alcalde de esa localidad, a la policía y otros operadores de justicia.
Aunque el Ministerio Público intentó respaldar su tesis con un supuesto testigo protegido a quien llevó a audiencia sin que el juzgado notificara a los abogados de los defensores, pero éstos se dieron cuenta de la misma cuando revisaban el expediente y se hicieron presentes a la sala del juez. La abogada Kenia Oliva dijo a pasosdeanimalgrande.com que se trataba de un testigo protegido que fue previamente aleccionado para que mintiera para incriminar a los defensores.
Sobreseimiento provisional
“Hubo un sobreseimiento provisional y aunque habían elementos para un definitivo la jueza no quiso darlo , el MP no pudo acreditar la participación, toda prueba pericial dice que lo que hubo en esa posta policial fueron daños no un incendio , uno de los exámenes periciales de los bomberos dicen que lo que pasó es que apilaron en algunos puntos papeles, y procedieron a meterle fuego con cerillos y gasolina, y fue en una oficina de la posta policial , los policías no estaban, pero no lograron probar la participación de los defensores en ese hecho”, dijo la abogada Oliva a este medio de comunicación.
En este proceso penal ha quedado evidenciado que el aparato estatal protege los intereses de la hidroeléctrica, al igual como ha sucedido con otros proyectos que han dejado desolación, sangre y muerte en las comunidades donde se instalan.
El juicio contra David Castillo coautor del crimen contra Berta Cáceres es un ejemplo de cómo funciona el poder empresarial y político, y donde se entremezcla el Estado con todas sus instituciones para imponer a cómo dé lugar estas empresas sin consultar a nadie.
En las afueras de los juzgados de lo Penal de Francisco Morazán, defensores y defensoras de la comunidad de Reitoca y representantes de organizaciones de derechos humanos permanecieron hasta que salieron los cinco afectados, quienes mostraron sus cartas de libertad provisionales junto a la abogada Kenia Oliva y Carlo Jiménez del Bufete Jurídico Justicia para los Pueblos y Mario Rojas de C-LIBRE .
