“Para mí es muy triste sentirse seguido por una persona armada dentro de la Secretaría de Derechos Humanos”, eso solo es el comienzo del relato del abogado Darlan Matute, un defensor de los derechos humanos que llegó a ostentar el cargo de Secretario General de esa dependencia, pero que fue despedido por denunciar a la Ministra Natalie Roque, de violaciones a los derechos fundamentales de los empleados a su cargo.

Estas acciones corresponden a un Estado policíaco, la pregunta obligada es si la presidente Xiomara Castro está al tanto de estas acciones porque son contradictorias a las líneas de su plan de Gobierno donde señala que “LIBRE garantizará desde el gobierno la protección y el goce pleno de todos los derechos de los ciudadanos, en primer lugar, los necesarios a la dignidad, como son el derecho a la vida, alimentación, al empleo, la vivienda, salud, ambiente sano y educación y seguridad, la libertad cívica primigenia, la solidaridad y la igualdad ante la ley”

El 16 de mayo de 2022 el abogado Matute denunció ante la Fiscalía de Protección del Ministerio Público a la ministra Roque por discriminación por edad y malos tratos. Esta denuncia fue turnada a la Fiscalía Especial de Derechos Humanos unos días después.

Seguimiento armado cada vez que llega a la SEDH

El defensor de derechos humanos denunció que en dos momentos que ha llegado para hacer los trámites de liquidación por los derechos laborales correspondientes, ha sido seguido por un una persona armada hasta los dientes.

“Hoy (07 de junio de 2022), es la segunda vez que una persona de nombre Yancy, de la Guardia de Honor Presidencial, me hizo vigilancia y anda bien armado. Lo preocupante es que el nuevo gobierno no está dando las garantías de derechos nhumanos”, recalcó.

Informó que fue cancelado de su cargo por el Ministro de Gobernación y no por la Presidenta de la República.

Este es el relato del abogado Darlan Matute, a oídos de la presidenta Xiomara Castro, si es que no tiene conocimiento, puesto que es grave que en la vitrina de su gobierno, o sea la Secretaría de Derechos Humanos., SEDH, tenga un estado policíaco instalado en las propias instalaciones donde deben protegerse los derechos humanos:

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