“Estábamos en la fase de reevaluación de riesgo, tanto para Juan Carlos como para el colectivo al que pertenecía que es la Asociación de Comunidades Unidas en Pro del Desarrollo Social del Río Ulúa.Tenía enlace policial y militar, pero no habían reportes de incidentes desde mayo del año pasado, cuando informó de un plan para asesinarle, pero no quiso interponer la denuncia a pesar que le insistimos, porque manifestó que le faltaba información, sin embargo  ya estaban activados sus enlaces”, dijo el abogado Danilo Morales, Director del Sistema  Nacional de Protección, la noche de este 21 de marzo de 2021.

Él se refiere al crimen de Juan Carlos Cerros, líder ambientalista de la zona de Santa Bárbara, quien fue acribillado a balazos la noche del 21 de marzo de este año cuando pasaba cerca de la iglesia de la comunidad donde vivía, entre Chinda, Santa Bárbara y Sana Antonio, del departamento de Cortés.

Relató que a eso de las nueve de la noche del domingo 21 de marzo fueron informados del crimen, “desde ese momento hicimos todas las gestiones ante los entes investigativos.

Consultado si fue que no funcionó la protección o sus medidas estaban en suspenso, manifestó que no, lo que sucedió es que después de mayo del año 2020 que habló de un plan para asesinarle, no se reportaron nuevos hechos, “no obstante la Unidad de Seguimiento siempre estuvo pendiente de su seguridad, pero no teníamos datos de nuevos incidentes”.

Morales destacó que ante la falta de información es difícil determinar si los beneficiarios están en un riesgo inminente. “Se le ofreció que si consideraba se le podía volver a reubicar , sin embargo para él era difícil estar fuera de la comunidad”.

En el año 2017 Juan Carlos Cerros salió desplazado de lugar debido a la constantes amenazas que recibía , pero regresó en enero de 2019.

“En mayo de 2020 reportó que había un plan para asesinarle , pero no quiso interponer la denuncia porque adujo que faltaban elementos que no tenía, se le insistió que pusiera la denuncia pero al final no lo hizo, pero se reportó la situación a los enlaces policial y militar”, señaló el Director del Sistema Nacional de Protección.

Recalcó que ante la falta de información es difícil determinar si los beneficiarios están en inminente riesgo, “pero creo que las personas que lo asesinaron querían dejar un mensaje porque los disparos fueron hechos solo en su cara y lo mataron frente a sus hijos”.

En el 2017 que salió debido a las amenazas “me dijo mire abogado yo no soy para estar encerrado, necesito trabajar porque no puedo estar metido en una casa y que me traigan solo las cosas”, destacó el entrevistado.

El talón de Aquiles del Sistema de Protección hondureño

Uno de los principales problemas para que se desactiven las amenazas es la falta de investigación de las mismas, las cuales están a cargo de la Dirección Policial de Investigaciones, DPI y del Ministerio Público, pero estos entes poco o nada hacen para llevar a cabo esta labor tan importante.

A raíz de aprobación de la Ley de Protección por el Congreso Nacional de la República en mayo de 2015, se creó la fiscalía especial para la protección de los defensores de derechos humanos, periodistas, comunicadores sociales y operadores de justicia, FEPRODDHH, dependiente del Ministerio Público.

Esta instancia ha tenido pírricos resultados desde su creación en marzo de 2018, sus actuaciones no van coordinadas con los casos que tiene el Mecanismo de Protección. El cierre de expedientes es lo más usual, rara vez las acciones van encaminadas a investigar la procedencia de la inseguridad para los sectores beneficiarios de la Ley de Protección.

Otro de los problemas es la descoordinación entre todas las instituciones del Sistema de Protección, lo cual facilita un ambiente de inseguridad para las personas defensoras de derechos humanos y periodistas.