Los relatores de libertad de expresión y de opinión de la ONU, de Europa, la CIDH y de la Comisión Africana para los Derechos Humanos, demandaron de los Estados adoptar medidas efectivas para impedir los ataques a periodistas y otras personas en represalia por el ejercicio de su derecho a la libertad de expresión, incluso cuando se trate de discursos políticos, para ofrecer protección a quienes corren el riesgo de sufrir dichos ataques, para investigarlos cuando se produzcan y para procesar a los responsables, con el fin de poner fin a la cultura de la impunidad de dichos ataques, en una declaración conjunta este 20 de octubre de 2021.
Esta declaración toma trascendencia debido a que en la región se están llevando a cabo procesos electorales en los cuales se toman represalias utilizando figuras penales o persecución contra personas defensoras de derechos humanos y que ejercen el periodismo por criticar a políticos y funcionarios públicos.
El documento denominado “Declaración Conjunta de 2021 sobre Líderes Políticos, personas que ejercen la Función Pública, y Libertad de Expresión”, está refrendado por la Relator Especial de las Naciones Unidas (ONU) sobre la Protección y Promoción de la Libertad de Opinión y Expresión, la Representante de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) para la Libertad de los Medios de Comunicación, el Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Relatora Especial de la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos (CADHP) para la Libertad de Expresión y Acceso a la Información
Entre los argumentos para emitir esa declaración señalan que están alarmados por el acoso, las amenazas y el alto nivel de violencia que se cometen impunemente contra periodistas, activistas del derecho a la información, defensores de los derechos humanos y otras personas por ejercer su derecho a la libertad de expresión, especialmente en los casos en los que estas personas sacan a la luz la corrupción o informan sobre otras irregularidades, incluso por parte del liderazgos políticos y funcionariado público,
Destacan a la vez que los líderes políticos y las personas que ejercen la función pública desempeñan un papel importante en la configuración de la agenda de los medios de comunicación, el debate público y la opinión, y que, en consecuencia, el comportamiento y las actitudes éticas por su parte, incluso en sus comunicaciones públicas, son esenciales para promover el Estado de Derecho, la protección de los derechos humanos, la libertad de los medios de comunicación y el entendimiento intercultural, y para garantizar la confianza del público en los sistemas democráticos de gobierno.
Llamaron a los Estados a fomentar la independencia, la diversidad y el pluralismo en los medios de comunicación, y a las empresas de medios sociales a garantizar que sus normas, sistemas y prácticas de moderación de contenidos cumplan las normas internacionales de derechos humanos. Observando que los líderes políticos y las personas que ejercen funciones públicas desempeñan un importante rol en la formación del debate y la opinión pública, la Declaración pide que se abstengan de hacer declaraciones públicas peligrosas y que inciten al odio.
Los relatores que firman la declaración son Irene Khan, Relatora Especial de la ONU para la Protección y Promoción de la Libertad de Opinión y Expresión, Teresa Ribeiro, Representante de la OSCE para la Libertad de los Medios de Comunicación, Pedro Vaca Villarreal, Relator Especial para la Libertad de Expresión de la OEA, Jamesina King, Relatora Especial para la Libertad de Expresión y el Acceso a la Información de la CADHP.
