Reacciones de alerta generó la pretensión de una diputada de obligar a los medios de comunicación privados para que “de forma gratuita brinden anuncios de flagelos sociales” cumpliendo así la función educativa dentro de las sociedades.

La iniciativa de la parlamentaria del Partido Salvador de Honduras (PSH), Claudia Ramírez, apunta a regular contenidos en medios de comunicación privados.

La congresista propuso que la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) regule contenidos que incluirían la no transmisión de novelas, series y canciones relacionadas al narcotráfico, y, además, que den publicidad gratuita al Gobierno.

La legisladora del PSH presentó la propuesta el 29 de marzo anterior y desde entonces, ni ella ni el CN se han pronunciado al respecto.

Pero otros sectores sí visibilizaron su rechazo

El presidente de la Asociación de Prensa Hondureña (APH), Carlos Ortíz, subrayó “estamos en contra de esta iniciativa porque violenta la libertad de prensa y de expresión, es una intromisión a la libre empresa porque no se puede obligar a las empresas periodísticas a realizar ese tipo de actividades que si bien es cierto llevan alguna buena intencionalidad, pero que en el fondo sería otro proceso a utilizar”.

La APH calificó la propuesta de “nuevo bozal contra la libre difusión de contenidos que lesionaría el libre ejercicio de la libertad de expresión y de prensa”.

El presidente del Colegio de Periodistas de Honduras (CPH), Osman Reyes, catalogó la intención como producto de la euforia de los nuevos legisladores que no reparan en presentar propuestas irrisorias.

Además, agregó, si inician con esta forma de censura después van a querer controlar contenidos de las redes sociales y más bien se preguntó ¿cómo van a controlar las plataformas mundiales”.

Soy optimista, continuó, “y esperamos que la propuesta no forme parte de una eventual política de gobierno cuya presidenta prometió en la campaña respetar  el Estado de derecho y las garantías individuales, para borrar el autoritarismo.

Consideró que limitar lo que la gente escucha y dice es violentar la libertad de expresión, y obligar a los medios a regalar los espacios publicitarios al gobierno es atropellar la libre empresa y la libertad de prensa.

“Creo que deben conocer que el valor noticioso para lograr una cobertura periodística masiva lo determina la información de calidad con criterios periodísticos”, y más bien lo que procede es que la institucionalidad busque combatir la pobreza, la escasez de medicamentos y atender con eficacia el reclamo popular, entre otras peticiones ciudadanas.

Obligar a los medios a dar publicidad gratuita a los funcionarios es una forma de acercarse a la confiscación de los medios y coincidentemente o no, prosiguió, el anuncio coincide con el arribo del expresidente de Ecuador, Rafael Correa, cuya gestión cerró más de 25 medios de comunicación y destacó por violentar derechos humanos.

Agregó que el CPH está dispuesto a trabajar de cerca con la presidenta Xiomara Castro y el Congreso Nacional, y recordó la promesa  de despenalizar los delitos contra el honor, derogar las reformas lesivas al Código Penal, poner fin a la Ley de Escucha, a la criminalización de la protesta y otra normativa que violenta los derechos humanos.

El CPH también espera que el Gobierno Central atienda la recomendación técnica internacional de crear un nuevo modelo gerencial de los medios de comunicación del Estado, a tono con la tendencia que sean administrados por la ciudadanía.

Hace algunas semanas el CPH denunció el temor de un posible régimen de espionaje en Honduras, similar al que estaría ocurriendo en El Salvador contra los profesionales de la comunicación. 

La Asociación de Medios de Comunicación de Honduras (AMC) denominó la iniciativa del PSH de “abusiva y populista” y de conducta antidemocrática que atenta contra las leyes nacionales y convenios internacionales.

A criterio de la AMC “es una disposición atentatoria a las garantías constitucionales de la libertad y una expresión de fuerza impositiva que mañana con el mismo ánimo de ganar notoriedad y quedar bien con el recurso ajeno, la pueden trasladar a otros sectores para obligar a empresas a que den gratis sus productos o servicios”.

Y además, señaló, violenta la Ley de Libre Emisión del Pensamiento.   

Por su parte, la Red Hondureña de Comunicación (RHMC), la Red Nacional de Televisoras (RNTV) y la Asociación de Radio y Televisión Independientes de Honduras (ARTIH), hicieron un llamado a la ciudadanía a permanecer en alerta ante los posibles riesgos de la medida legislativa.

 “Ni el gobierno, ni ninguna institución pública o privada nos puede obligar a los medios de comunicación la transmisión o publicación de mensajes de ninguna naturaleza, sin el consentimiento de los propietarios de los mismos”, sostuvo la RHMC.