Ante elección irregular e ilegal  de la representante del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos CONADEH, defensores de derechos humanos  opinan que se debe impugnar,  ya que representa un retroceso en materia de derechos humanos para la población,  debido a que no se cumplió con el proceso de participación de diferentes candidatos  para elegir una persona que cumpliera a con los estándares de independencia en el puesto.

En el año 2014 en el proceso participaron 20 candidatos cuyas calificaciones fueron evaluadas por una Comisión Multipartidaria y posteriormente participaron en audiencias públicas , para de allí sacar a cuatro candidatos finales.

Los postulantes al cargo que fueron entrevistados en audiencias públicos eran Gilberto Lagos Reyes, Mario Morazán Aguilera, Nora Suyapa Urbina, Miguel Ángel Ortiz Ruiz, Linda Lizzy Rivera, Ramón Custodio López , Orle Solís, Norman Rolando Ruiz, Wilfredo Méndez González, María Fernanda Castro, German Edgardo Enamorado, Luis Alonso Discua Cerrato, Heriberto Baquedano Membreño, Roberto Herrera Cáceres y Efraín Aníbal Díaz Arrivillaga.

Al final quedó una lista con los nombres de  Ramón Custodio López, Roberto Herrera Cáceres,  María Fernanda Castro y Wilfredo Méndez . Herrera Cáceres obtuvo 83 votos , pero hubo cuestionamientos porque el presidente del parlamento,  Mauricio Oliva, no permitió un debate amplio para la elección.

La nueva elección tiene carencia de legitimidad

El 21 de diciembre del 2020, el diputado por el Partido Nacional,  Mario Pérez, presentó como moción la elección de Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, en el cual postuló a la abogada de Blanca Sarahí Izaguirre Lozano. La petición fue aprobada y un día después el presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, la juramentó en el cargo.

Carlos Del Cid, Acción Ecuménica por los DDHH

Carlos del Cid, defensor de derechos humanos  y Coordinador de la Acción Ecuménica por los Derechos Humanos, AEDH, explicó que el Congreso Nacional violentoó el proceso de elecciones, ya que desde dos periodos anteriores; primero se realizaba la recepción de hojas de vida, segundo la pre selección de los candidatos y tercero las audiencias públicas, finalmente una terna era enviada al Congreso Nacional.

Según del Cid, eso le quita legitimidad, legalidad, fuerza moral y ética al trabajo del CONADEH, ya que la mayor parte de las organizaciones de derechos humanos aglutinadas en mesas, están defraudadas con la manera que el partido de gobierno está actuando desconociendo el trabajo de la sociedad civil y violentando los derechos de la ciudadanía.

La Mesa de Derechos Humanos, condenó la manera poco transparente y democrática en que fue elegida la comisionada, no desconoce la institucionalidad del CONADEH, pero si la de algunos funcionarios que la conforman y las organizaciones van a evidenciar ante la comunidad internacional la forma vergonzosa del actuar del gobierno, aseguro Carlos del Cid.

Hedme Castro, directora de ACI-Participa , expresó que es un abuso de parte del Congreso Nacional con el objetico de  involucrar a personas claves en los puestos del poder del régimen, donde obviaron el procedimiento, lo cual representa un retroceso en los pocos avances en materia de derechos humanos,  con un nombramiento ilegitimo.

La sociedad civil y las organizaciones de derechos humanos deben unirse para impugnar el proceso con suspensión del acto reclamado, es decir que quede en suspenso la elección viciosa e ilegal, que va en apoyo de las minorías y afecta a la población en general, destacó Castro.

El artículo 4 de la Ley del CONADEH, estipula que el Congreso Nacional elegirá al titular para comisionado por un periodo de seis años, pero las personas defensoras reclaman la forma en que se llevó a cabo el proceso sin ninguna participación de otros candidatos, sino que fue llevado a cabo en una sola sesión del parlamento.

El CONADEH tiene como responsabilidad  garantizar la vigencia de los derechos y libertades reconocidas en la Constitución de la República, así como los tratados y convenios internacionales ratificados, por lo cual tiene libre acceso a todas las dependencias civiles, militares y centros de detención para realizar sus atribuciones y funciones.